Las autoridades fallaron al no adoptar acciones para proteger a los defensores de derechos humanos que están en riesgo, razón por la cual Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno para que tome medidas que permitan que su actividad no se convierta en algo mortal.Así se desprende del informe "Esperanza bajo riesgo: la falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa", publicado este jueves por esta organización y en el que se alerta que el Estado ha respondido de forma insuficiente en los últimos cinco años a los "graves riesgos" que enfrentan los defensores."Amnistía Internacional ha recibido innumerables denuncias de personas defensoras de derechos humanos que sufren ataques y amenazas por la labor que desempeñan", expresó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.Agregó que entre 2020 y 2023 han observado que "las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país"."Ante esta crisis, nuestra investigación deja clara la necesidad de una respuesta institucional fuerte, integrada y coordinada", advirtió.Cifras preocupantesAl recopiló las cifras que entidades estatales y ONG han publicado sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos.Según el Programa Somos Defensores, por ejemplo, 199 líderes sociales fueron asesinados en 2020, 139 en 2021 y 197 en 2022.Entre tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) había documentado hasta septiembre el asesinato de 127 líderes sociales y defensores de derechos humanos.En ese sentido, al relatar en su informe cinco casos de ataques y amenazas a defensores en cuatro regiones del país, uno de los cuales es el de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos de Santander (Fedepesan).Esta organización, que defiende los cuerpos de agua del Magdalena Medio y la forma de vida de los pescadores de las ciénagas que rodean el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, "persiste en su defensa del ambiente en un contexto de ataques y amenazas", según el documento.Amnistía advierte que Yuly Velásquez, su presidenta, ha sido atacada por lo menos tres veces por personas armadas en los últimos años.Cierre del Gobierno de Duque y primer año de PetroManifestó que durante el cierre del Gobierno de Iván Duque, que fue presidente entre 2018 y 2022, el ejecutivo adoptó "medidas contraproducentes" para proteger a los defensores y se resistió a cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, firmado por el Gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016, para proteger a estas personas.Lea también: Le puede interesar:
El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos no cesa en el país, que ya superó el centenar de homicidios en lo que va de año, en un recrudecimiento de la violencia contra los que alzan la voz y muy particularmente contra los pueblos indígenas.Raúl Alonso García fue el número 100. A este líder político y exconcejal lo asesinaron el 7 de julio en un municipio de Arauca (frontera con Venezuela) y se suma a una trágica lista a la que este martes también se añadió Jaime Losada en el Putumayo (frontera con Ecuador)."Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue 2019", aseguró a Efe Leonardo González, coordinador del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio.A la "arremetida de los grupos armados en contra de los liderazgos sociales" se le ha sumado un contexto electoral, que está poniendo en riesgo sobre todo a los líderes comunitarios, a los indígenas y a los afrodescendientes.La cifra de Indepaz es superior a la de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que hasta el 31 de mayo había recibido 89 alegaciones o quejas de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales solo habían podido verificar 21.Pero es superior a la que Indepaz había registrado el año pasado a la misma fecha, ya que entonces documentaba 89 asesinatos de líderes sociales. En total, en 2021, fueron asesinados 171 líderes, según este instituto, mientras que el Programa Somos Defensores documentó 139 y la Defensoría del Pueblo, 145.UN "GENOCIDIO" INDÍGENAEste año ha sido especialmente preocupante la situación en los territorios indígenas donde, como subrayó a Efe el vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Óscar Montero, se está dando un "genocidio físico y cultural".El pasado 3 de julio, tres jóvenes indígenas awá fueron asesinados a tiros presuntamente por un grupo de disidencias de las Farc en el Resguardo indígena Inda Sabaleta, en el departamento de Nariño, cuando se encontraban en una reunión.La Asociación Minga denunciaba una "total sinrazón" porque este pueblo indígena es reconocido por la Corte Constitucional en riesgo inminente de extinción y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).En lo que va de año, según la ONIC, han sido asesinados al menos 85 indígenas en el país, y más de 30 de ellos pertenecían al pueblo awá. En el ataque del 3 de julio fueron asesinados el gobernador encargado del resguardo, Juan Orlando Moreano, y dos guardias indígenas, Jhon Faver Nastacuas y Carlos José García, que tenían 26 y 28 años, respectivamente.Otros casos con repercusión este año fueron los de José Albeiro Camayo, excoordinador de la guardia indígena que fue asesinado el 24 de enero por disidentes de la llamada columna "Jaime Martínez" de las disidencias de las Farc, y el de Breiner Cucuñame, un joven de 14 años asesinado solo unos días antes en el mismo resguardo, Las delicias, en Cauca (suroeste), y que se formaba para ser guardia indígena."No se asesina a cualquier miembro de las comunidades", valoró Montero, quien señala que se mata "de manera selectiva a (...) las voces visibles de los pueblos indígenas en los territorios, es decir, autoridades indígenas, gobernadores, guardias...".Es una forma de mandar un "mensaje" al resto de la comunidad para meter temor a los jóvenes para que no se metan en la guardia indígena, el cuerpo tradicional de protección de las comunidades, pero también para aquellos que quieran levantar la voz.Así se está atacando a quienes "le están poniendo el pecho y la frente a todo el tema de violencia estructural que hay en los territorios, es decir al narcotráfico, al rearmamiento de las disidencias de las Farc y al paramilitarismo", resumió Montero, líder kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (norte).Desde la ONIC siguen denunciando que "la paz nunca llegó a sus territorios" y que incluso "el conflicto se disparó de una manera desproporcional", haciendo que también los indígenas sean los más afectados por el desplazamiento y los confinamientos forzados.SIGUEN LAS MASACRESSin embargo, no solo se persigue a líderes en los resguardos indígenas, también se asesina a otros líderes de la comunidad, Juntas de Acción Comunal o sindicalistas que son "molestos" en territorios, sobre todo del Pacífico y de la frontera con Venezuela, para los grupos que se disputan las rutas del narcotráfico, los frutos de la minería ilegal o los corredores para sacar lo ilícito.El 7 de junio lo fue Jesusita Moreno, "Doña Tuta", una líder social de 60 años que tenía una "voz contundente por la exigencia al respeto a la vida y al territorio de sus comunidades", según la definió la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz."Doña Tuta" fue asesinada en Cali y el 26 de enero la víctima mortal fue Rosalba Peña, durante el velorio de su esposo, Álvaro Peña, un líder comunal de Tame (Arauca).En Arauca, escenario a principios de año de una guerra entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varias disidencias de las Farc, los ataques, amenazas y asesinatos de líderes sociales han sido especialmente pronunciados.Mientras tanto, las masacres siguen también sin dar tregua y en lo que va de año se han producido 53, también según la cuenta de Indepaz, en las que han muerto 185 personas.Desde Indepaz esperan "que la situación mejore con el nuevo Gobierno" aunque la tendencia es probable que siga al alza en los próximos meses y está en las manos del Ejecutivo de Gustavo Petro el comenzar una implementación real del acuerdo de paz y hacer una correcta protección de quienes defienden sus comunidades, la tierra y los pueblos.Escuche aquí el podcast Se está poniendo viejo:
Este martes la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en el departamento del Tolima.La alerta se dio porque las disidencias de las Farc están aumentando su expansión en esas zonas del país, con el fin de recuperar parte del territorio donde delinquían antes de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016.Esta situación pone en riesgo de desplazamiento a la población civil pero además afecta a los excombatientes que se encuentran en el proceso de reincorporación, mientras que los niños podrían ser víctimas de reclutamiento forzado.Las disidencias además están entregando panfletos con supuestas normas que la población debe seguir, para así ejercer un control social en la zona.Le puede interesar:"En los últimos meses, estos grupos han llegado a más sectores rurales mediante pequeñas ‘comisiones’ para no ser identificados por las Fuerzas Militares, y de este modo ir reconfigurando el control hegemónico que en algún momento tuvieron las antiguas Farc. Vale señalar el incremento de los homicidios en los cuatro municipios: mientras en 2020 se presentaron 28 muertes violentas, para el 2021 alcanzaron los 41 casos", señaló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.Ante esto, desde la entidad solicitaron a las autoridades departamentales y alcaldías locales una respuesta conjunta para proteger la vida de los ciudadanos en esos municipios del departamento, también entregaron 50 recomendaciones a diferentes organizaciones para que atiendan esta situación de riesgo para los pobladores.Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello:
Más de un millón de personas se han tenido que exiliar de Colombia debido al conflicto armado, muchos de ellos después de haber sufrido incluso otros delitos en el país antes de salir como: tortura, homicidio de algún familiar y desplazamiento forzado o amenazas.La Comisión de la Verdad encontró siete causas por las cuales las personas deciden salir; la persecución política, seguida del miedo a ser reclutados por parte de los grupos armados, también la falta de garantías de protección por parte del Estado y los hostigamientos o amenazas contra familiares son algunas de ellas."Más de un millón de personas tuvieron que huir del país en búsqueda de protección «son la punta visible de un iceberg, porque las crisis han sobrevivido al paso del tiempo, han mutado, han decaído y otras han reaparecido».Esto afectó a activistas, opositores políticos y periodistas que denunciaron hechos de violencia o corrupción, pero también a los jueces y fiscales que avanzaban en las investigaciones sobre crímenes cometidos por diferentes grupos armados, e incluso, por agencias y organismo del Estado.Este apartado relata las dificultades que viven las personas en otros países, como es el caso de una mujer del Valle del Cauca, que fue testigo de cómo asesinaban a su esposo al parecer a manos de las Farc.“Con dos niños huyó hacia Buenaventura, allí se encontró con los perpetradores del asesinato. Debido a las amenazas, tuvo que salir exiliada a Ecuador”.La mujer en su relato a la Comisión explicó: "«¿Sabe qué es lo más triste? Que habiéndoles mostrado todo –el acta de defunción, la forma como mi esposo murió (porque yo tengo todavía esos papeles del hospital, su seguimiento: dónde quedaron las balas, el daño que nos hicieron)–, yo necesitando el apoyo… me rechazaron dos veces".Este capítulo asegura que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe negó el conflicto armado en Colombia, lo que según la Comisión de la Verdad afectó a las víctimas de la violencia en el país."El Gobierno negaba el conflicto armado. Dicha negación dejaba a las víctimas sin un marco social de reconocimiento y las condenó en muchos lugares al silencio y la marginación, sin tener en cuenta la necesidad de protección. La negación de la existencia del conflicto armado durante los periodos de gobierno de Uribe no solo eliminó cualquier posibilidad de diálogos con las guerrillas, sino tuvo un alto costo frente al reconocimiento de las víctimas y su necesidad de protección".Por otro lado, explica que el exilio es un fracaso de las instituciones del Estado en su intento de proteger a las víctimas. Además, los responsables son todos los actores armados involucrados en la guerra, incluyendo a agentes e instituciones del Estado y terceros civiles."«La hoja que nos dan tiene la foto y un número nacional. Eso quiere decir que uno es demandante de asilo. Al ser demandante de asilo, el estigma que tienen es que uno no es formal o es un delincuente o viene a hacer cosas raras. Eso es una mala carta de presentación para uno; o sea, a usted no le dan la oportunidad ni siquiera de trabajar o tomar en alquiler»", se lee en un testimonio.El exilio se sigue presentado incluso después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, pues la Comisión recopiló casos de comparecientes en la JEP que tras su testimonio han tenido que salir del país. Incluso excombatientes de las extintas Farc se van por amenazas, a su vez, los líderes sociales y juveniles que hacen parte de diferentes organizaciones y movimientos e incluso participaron en las manifestaciones del paro nacional.“La Comisión ha podido ser testigo de varios exilios de jóvenes participantes en las movilizaciones, como el de un músico caleño que durante las manifestaciones de 2021 fue ilegalmente detenido por la policía el 28 de mayo de 2021; y de miembros de organizaciones acompañantes del paro".El proceso de regresar a ColombiaEl retorno a Colombia lo han hecho las víctimas solas sin el acompañamiento o apoyo del Estado, por lo que no cuentan con las garantías de seguridad. Aseguran que la atención que reciben en algunos casos es precaria y desinformada, según se lee en el informe.Los hijos de quienes salieron exiliados vuelven a irse del país cuando sus padres retornan, pues se sienten extraños en su territorio. Mientras que, a veces volver también ha traído dificultades económicas debido a una ausencia prolongada que no permite tener un acceso al trabajo u otras oportunidades.Uno de estos casos es el de Rubí, quien tuvo que salir de Medellín a Quito por extorsiones de las Águilas Negras. Sin embargo, se le acabaron los recursos a los pocos días de estar allá."«Qué pesar uno vivir en un albergue. Era una cosa súper pequeñita… muy duro. O sea, se les agradece en el alma acogernos, pero había que cumplir un horario si uno iba a salir, había que estar a una hora exacta para comer, la comida era así como una mortadela, por ejemplo, con un arroz y un juguito. También había muchas familias y los cuarticos eran pequeñitos. A nosotros nos dieron un solo cuarto para los dos niños y nosotros dos".Ante esto la Comisión hace algunas recomendaciones al Estado para evitar más casos de personas exiliadas; poder garantizar protección y retorno a quienes están dispuestas a volver.En una primera medida explican que se debe proporcionar un mecanismo jurídico de reconocimiento del exilio. A partir de ahí crear mecanismos que permitan articular los datos de personas exiliadas y así evitar el subregistro; fomentar acuerdos regionales o bilaterales con otros países para atender a las víctimas y promover la participación para que puedan hacer seguimiento a sus casos."El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad histórica, ética y política que llevó a cabo acciones de guerra y actividades ilegales contra defensores de derechos humanos y víctimas en el exilio, incluyendo organizaciones de diferentes países".Le puede interesar: Al pelo con Tata
Este lunes, Indepaz publicó un balance sobre los homicidios que se han registrado en Colombia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos desde el 7 de agosto de 2018, es decir, desde que se posesionó el presidente Iván Duque.Según Indepaz, durante este Gobierno en el país se han registrado 930 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 126 pertenecerían a mujeres.Desde el Gobierno nacional respondieron a este informe asegurando que las cifras frente a homicidios de líderes sociales no se toman a la ligera y que la entidad encargada de estos datos es la Defensoría del Pueblo y no Indepaz.“Con las cifras de homicidios de líderes sociales no se juega, no se deben tomar a la ligera. Indepaz no es la organización encargada de emitir las cifras oficiales sobre estos hechos”, explicó el consejero presidencial para los derechos Humanos, Jefferson Mena.En el mismo sentido, aclararon que Indepaz debería revisar su metodología y que desde el Gobierno trabajan en la protección y la seguridad de los líderes sociales.“Acallar la voz de un líder es un hecho doloroso para la familia y su comunidad y es impedir el progreso. La protección y garantías de los derechos de los líderes y defensores es una prioridad para este gobierno”, explicó Mena.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, publicó este lunes un balance con respecto los asesinatos de líderes sociales en el país, desde el 7 de agosto del 2018, cuando se posesionó el presidente Iván Duque Márquez, y hasta el pasado sábado 4 de junio.Según la organización, desde el inicio del gobierno de Duque en el país se han registrado 930 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 126 pertenecerían a mujeres.“Desde el primer periodo de Álvaro Uribe no se han registrado años más violentos en Colombia”, aseguró Indepaz. Asimismo, en el mismo lapso, 245 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc han sido asesinados, según el mismo balance.Las zonas del país más afectadas por la violencia son los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y el Putumayo, pues en estos lugares se han registrado la mayoría de masacres desde el 7 de agosto de 2018.En total, han sido 261 el registro de masacres que tiene Indepaz, y en estos hechos se registraron 1.144 víctimas. Solo en el Cauca se presentaron 330 masacres.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué The Economist llama erráticos a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández:
Este jueves, 2 de junio, se conoció el informe anual sobre el año 2021 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su capitulo cinco se refieren a Colombia y analizan las garantías que tiene la sociedad entorno a sus derechos y las medidas tomadas por el Estado. La CIDH ha hecho recomendaciones sobre diferentes temas como la implementación del acuerdo de paz, la presencia de la fuerza pública en las protestas y la protección de los defensores de derechos humanos, entre otras.En este sentido la CIDH manifestó que había recomendado al Estado adoptar medidas pertinentes paraque los miembros de la fuerza pública que presuntamente resulten comprometidos en casos de violaciones a los derechos humanos sean suspendidos del servicio activo, hasta que concluyan las investigaciones.Sin embargo en el informe exponen que "la Comisión considera incumplida esta recomendación y hace un llamado al Estado para investigar diligentemente todos estos hechos, sancionar a los autores materiales e intelectuales de los mismos y suspender del servicio activo a los agentes de seguridad investigados por violaciones a los derechos humanos en tanto no exista una decisión final sobre los mismos".La preocupación del organismo también se da debido a las denuncias que recibieron sobre la participación de personas armadas vestidas de civil en acciones violentas contra manifestantes, asegurando que obraron aparentemente con aquiescencia de miembros de la policía."Deben investigarse con toda diligencia presuntos actos u omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la población civil. En este sentido, preocupa a la Comisión los ataques, particularmente los disparos con armas de fuego, efectuados por personas vestidas de civil en contra de manifestantes durante las protestas sucedidas durante 2021".La CIDH también se refirió a la violencia en los territorios, pues argumentan que los grupos étnicos siguen expuestos a las amenazas, desplazamientos y confinamientos: "es imperiosa necesidad de adoptar políticas institucionales para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la consulta y consentimiento, libre, previo e informado a las comunidades afrodescendientes e indígenas. la CIDH ha observado con preocupación el aumento de la violencia estructural y sus vínculos sus vínculos con situaciones históricas en Colombia".Es por esto que desde el organismo internacional le piden al Estado una "batería de acciones" que permita enfrentar la violencia en los territorios.Otro de los pendientes que tendría el Estado sería garantizar el retorno seguro de las poblaciones desplazadas hacia sus territorios de origen y en el mismo sentido pidieron una protección mayor para los lideres sociales, colectivos y defensores de derechos humanos en los territorios."Ante la persistencia de la violencia contra estos colectivos, la Comisión resalta la necesidad de que esta política busque abordar a las causas subyacentes de los riesgos enfrentados por estos colectivos y procurar la aplicación de enfoques diferenciados e interseccionales en todo momento. Por ello, la Comisión considera que esta recomendación permanece sustancialmente incumplida y continuará monitoreando la implementación de esta Política Nacional".Escuche el podcast El Camerino:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por el aumento de la violencia que se presentó contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia durante los primeros cuatro meses del año, asimismo alertó de una “intimidación y criminalización” contra estas personas en el país.“Durante los primeros cuatro meses de 2022, se observa un alto número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en varios países de la región, así como amenazas, ataques, hostigamientos, y procesos de criminalización por su legítima labor de defensa”, indicó la CIDH.Específicamente sobre Colombia mencionó que se recibieron 71 denuncias sobre asesinatos de defensores durante este año, de los cuales 11 fueron verificadas.“Preocupa especialmente a la Comisión que la mayoría de los casos registrados refieren a personas defensoras que ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades indígenas”, alertó la CIDH.En este sentido, hizo un llamado para que se investiguen de forma seria las amenazas y los asesinatos de líderes sociales y se implementen medidas de reparación para los familiares y las víctimas con el fin de garantizar la no repetición de estos hechos.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las vanidades de los políticos durante esta contienda electoral:
La ONU presentó este lunes el primer Sistema de Análisis de Grupos Armados en Colombia, una plataforma de libre acceso con la cual se busca analizar los riesgos que afectan a los defensores de derechos humanos y los excombatientes de las Farc en el país.En primer lugar, se busca identificar al autor de los delitos cometidos en los diferentes departamentos del país, esto con el fin de formular estrategias de prevención y protección para los defensores y excombatientes en riesgo, para, además, judicializar a los responsables y plantear acciones para lograr el desmantelamiento de las estructuras criminales.“El Sistema SAGA es un avance importante para garantizar el ejercicio libre de los liderazgos y el proceso de reincorporación en Colombia. Una de las barreras para la paz es la continua violencia contra los líderes sociales y los procesos sociales de las comunidades en las zonas afectadas por el conflicto armado. La reorganización de bandas criminas ha intensificado la violencia”, indicó la coordinadora residente del sistema de la ONU en Colombia, Mireia Villar Forner.Por su parte, Hernando Toro, director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía, se refirió a la línea de investigación.“Vamos a encontrar en este sistema elementos valiosos para la investigación criminal que puedan orientar la labor de fiscal, investigadores, analistas de la Unidad de Investigación de la Fiscalía”, finalizó.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué ya no se cree en algunos políticos:
La Personería reveló este miércoles que han recibido durante el 2022 al menos 39 denuncias de amenazas por parte de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Bogotá.Principalmente las intimidaciones provienen del Clan del Golfo, seguido por las Águilas Negras y las disidencias de las Farc. Mientras que las localidades donde más casos se presentan son Ciudad Bolívar, Kennedy y San Cristóbal.“Se hace un llamado muy importante para que la administración distrital y el gobierno nacional tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad y los derechos de nuestros líderes, lideresas y defensores de derechos humanos”, manifestó el personero Julián Pinilla.De las 39 denuncias por amenazas e intimidaciones 11 fueron proferidas contra mujeres y 28 contra hombres. Durante el 2021 fueron 129 amenazas las que se conocieron contra líderes sociales en la ciudad.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca lo que ha pasado en la campaña del Pacto Histórico:
Esta fue la principal conclusión tras varias reuniones con los encargados de las áreas administrativas y financieras de dichas instituciones. La medida, que se aplicará de manera conjunta con el Icetex, implica que los estudiantes solo pagarán lo correspondiente al IPC (Índice de precios al consumidor).Con este plan, las universidades esperan mitigar el impacto que dejó la declaratoria de inexequibilidad del artículo 95 de la Reforma Tributaria que obligaba a las instituciones de educación superior no oficiales a contribuir con los costos del IPC.La asociación reiteró que están en la tarea de aumentar el acceso y permanencia de los estudiantes de educación superior, ante la desafiante coyuntura económica del país.Esta es la lista de universidades que pagarán este beneficio para los estudiantes con créditos del Icetex:Corporación Universitaria del MetaCorporación Universitaria LasallistaCorporación Universitaria Minuto de DiosDirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional -DINAE-Escuela Militar de Aviación Marco Fidel SuarezEscuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"Escuela Superior de la Administración PúblicaFundación Universidad de AméricaFundación Universitaria “Juan D Castellanos"Fundación Universitaria de Ciencias de la SaludFundación Universitaria del Área AndinaFundación Universitaria Juan N. CorpasFundación Universitaria Los LibertadoresInstitución Universitaria Colegios de Colombia -Unicoc-Institución Universitaria Politécnico GrancolombianoInstituto Caro y CuervoPontificia Universidad JaverianaUniversidad Antonio NariñoUniversidad Autónoma de BucaramangaUniversidad Autónoma de ColombiaUniversidad Autónoma de ManizalesUniversidad Autónoma de OccidenteUniversidad Autónoma del CaribeUniversidad Católica de ColombiaUniversidad Católica de ManizalesUniversidad Católica de OrienteUniversidad Católica Luis AmigóUniversidad CentralUniversidad CESUniversidad Colegio Mayor de CundinamarcaUniversidad Cooperativa de ColombiaUniversidad de AntioquiaUniversidad de Bogotá Jorge Tadeo LozanoUniversidad de BoyacáUniversidad de CaldasUniversidad de CartagenaUniversidad de Ciencias Aplicadas y AmbientalesUniversidad de CórdobaUniversidad de CundinamarcaUniversidad de IbaguéUniversidad de La AmazoniaUniversidad de La CostaUniversidad de la GuajiraUniversidad de La SabanaUniversidad de La SalleUniversidad de Los AndesUniversidad de Los LlanosUniversidad de ManizalesUniversidad de MedellínUniversidad de NariñoUniversidad de PamplonaUniversidad de San BuenaventuraUniversidad de Santander -UDES-Universidad del AtlánticoUniversidad del CaucaUniversidad del MagdalenaUniversidad del NorteUniversidad del QuindíoUniversidad del RosarioUniversidad del Sinú Elías Bechara ZainumUniversidad del TolimaUniversidad del ValleUniversidad Distrital "Francisco José de Caldas"Universidad EAFITUniversidad EANUniversidad EIAUniversidad El BosqueUniversidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio GaravitoUniversidad Externado de ColombiaUniversidad Francisco de Paula SantanderUniversidad ICESIUniversidad INCCA de ColombiaUniversidad Industrial de SantanderUniversidad La Gran ColombiaUniversidad LibreUniversidad MarianaUniversidad MetropolitanaUniversidad Militar Nueva GranadaUniversidad Nacional Abierta y a Distancia UNADUniversidad Nacional de ColombiaUniversidad Pedagógica NacionalUniversidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaUniversidad Piloto de ColombiaUniversidad Pontificia BolivarianaUniversidad Popular del CesarUniversidad Santiago de CaliUniversidad Santo TomásUniversidad Sergio ArboledaUniversidad Simón BolívarUniversidad SurcolombianaUniversidad Tecnológica de BolívarUniversidad Tecnológica de PereiraUniversidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Cordoba"Le puede interesar:
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La presunta toma hostil del Metro de Medellín que estaría planeando el exalcalde Daniel Quintero también generó preocupación entre las universidades de la ciudad que pertenecen al grupo del G8.Por medio de una carta, los rectores de dichas instituciones resaltaron que el Metro no solo ha sido reconocido por su excelencia técnica y una gestión transparente, sino también por su impacto en la empleabilidad de jóvenes y la movilidad estudiantil, pues ha establecido tarifas subsidiadas para los estudiantes.Por lo anterior el rector de la Universidad de Medellín, Federico Restrepo, considera que "es nuestro deber entonces instar a la colaboración y al buen gobierno corporativo para que el Metro de Medellín siga siendo un referente en la toma de decisiones empresariales y sociales y continúe inspirando el futuro de nuestra comunidad."Quien también salió en defensa del Metro fue la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Antioquia, que aseguró que sería un error histórico y una gran irresponsabilidad con graves y nefastas consecuencias cambiar la dirección técnica de la empresa.Le puede interesar:
Este jueves, 30 de noviembre, Andrés Mendoza, jefe técnico de LATAM en ManageEngine, habló sobre el laboratorio de inteligencia artificial que tendrá Colombia. "La inteligencia artificial está acá, no para reemplazarnos, sino para darnos grandes cantidades de datos para anticiparnos", comentó.Además, se dieron las aplicaciones que fueron nominadas para la premiación del App Store, entre estas están las diferentes categorías tanto de música, juegos, entre otras. Por último, se habló sobre los nuevos términos y palabras oficiales tecnológicos según la RAE. Estas y más noticias del mundo de la tecnología en el programa completo de La Nube aquí:
En la noche de este jueves, 30 de noviembre, a pocas horas de vencerse el plazo dado por Estados Unidos para que el Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, cumpliera con el acuerdo de Barbados y levantara las inhabilitaciones políticas sobre líderes de la oposición, entre esos María Corina Machado, se conoció sobre el inicio de un procesamiento a través del Tribunal Supremo de Justicia para revisar cada caso.La información la confirmó el Reino de Noruega, como facilitador del proceso de negociación entre Gobierno y oposición, explicando que recibieron un comunicado donde las partes acordaron que cada inhabilitado acudirá personal a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir un recurso contencioso administrativo sobre la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría, acompañado de una solicitud de amparo cautelar.Seguidamente, dice el acuerdo, que el TSJ se pronunciará conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia, sin especificar el tiempo exacto.En el punto tres si piden que, tanto en el recurso como en las posibles declaraciones posteriores, los políticos se abstengan de usar o incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos hacia los magistrados del Tribunal Supremo, y demás instituciones del Estado.Al final piden que se acate la decisión que tome el Tribunal Supremo de Justicia una vez decida sobre cada uno de los recursos.Es decir, se abre la posibilidad de que todas las inhabilitaciones políticas sean revisadas, y que luego algunas sean efectivamente levantadas.Recordemos que entre los líderes de la oposición venezolana inhabilitados están María Corina Machado, Henrique Capriles, Freddy Superlano, Juan Guaidó, Leopoldo López, entre otros.Vea también
