La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó este jueves que recibió, entre enero y noviembre de este año, 214 denuncias de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales verificó 69.Así lo indicó en un informe publicado este jueves, en el que también detalló que desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2023 "conoció 214 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas ha verificado 69 casos, 47 están en proceso de verificación y 98 son no concluyentes".El documento aseguró que el departamento del Cauca (suroeste) fue el que mayor número de asesinatos de líderes registró: 15. Le siguieron Nariño y Valle del Cauca, 8; en tanto que en Norte de Santander y Arauca, hubo 5 en cada uno.Dentro de las víctimas confirmadas por Naciones Unidas en lo que va de este 2023 hay 22 campesinos, 20 indígenas y 11 afrodescendientes.La mayoría de las víctimas que fueron asesinadas, según el estudio de la ONU, eran líderes de Juntas de Acción Comunal, poblaciones campesinas o defensores de derechos indígenas.Justamente hoy la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que entre enero y noviembre de este año han sido asesinados 163 líderes sociales y defensores de derechos humanos.La Defensoría advirtió que el mayor registro lo tiene el convulso Cauca, con 30 casos, seguido de Antioquia (18), Nariño (16), Valle del Cauca (14), Córdoba (10) y Bolívar, Norte de Santander y Putumayo (con siete cada uno).Para el defensor del pueblo colombiano, Carlos Camargo, "estos homicidios coinciden con aquellas zonas del país donde delinquen los principales grupos armados ilegales".En ese sentido dijo que en esas regiones operan el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos armados con los que el Gobierno negocia la paz.También tienen fuerte presencia en esas zonas el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y principal banda criminal del país.Le puede interesar
Diego Antonio Arrieta López vivía hace más de cuarenta años en la vereda El Porvenir del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño.Su vida la había dedicado, entre otras cosas, a la comunidad como líder guardabosques, presidente de la Acción Comunal y, representante de víctimas y últimamente, como líder de restitución de tierras en Urabá.Pero esa vida de servicio a la comunidad fue arrebatada en las últimas horas según contó a Blu Radio Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz. A Diego Antonio lo citaron hombres desconocidos para una diligencia y perdió contacto con su familia. El hallazgo del cuerpo de Diego Antonio pone en alerta a líderes sociales, quienes, como lo dijo Zapata, piden garantías al Gobierno nacional para llevar a cabo su labor."Las autoridades deben investigar este crimen y deben buscar realmente acciones para esclarecer como tal los autores materiales intelectuales, pero también el Estado colombiano recientemente ha emitido una directiva en la que solicita a las diferentes autoridades que se garantizará la labor de las personas defensoras de derechos humanos", destacó.Con Diego Antonio, en lo corrido del 2023 ya han asesinado en el departamento de Antioquia un total de 20 líderes y defensores de derechos humanos.Le puede interesar:
Las autoridades fallaron al no adoptar acciones para proteger a los defensores de derechos humanos que están en riesgo, razón por la cual Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno para que tome medidas que permitan que su actividad no se convierta en algo mortal.Así se desprende del informe "Esperanza bajo riesgo: la falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa", publicado este jueves por esta organización y en el que se alerta que el Estado ha respondido de forma insuficiente en los últimos cinco años a los "graves riesgos" que enfrentan los defensores."Amnistía Internacional ha recibido innumerables denuncias de personas defensoras de derechos humanos que sufren ataques y amenazas por la labor que desempeñan", expresó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.Agregó que entre 2020 y 2023 han observado que "las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país"."Ante esta crisis, nuestra investigación deja clara la necesidad de una respuesta institucional fuerte, integrada y coordinada", advirtió.Cifras preocupantesAl recopiló las cifras que entidades estatales y ONG han publicado sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos.Según el Programa Somos Defensores, por ejemplo, 199 líderes sociales fueron asesinados en 2020, 139 en 2021 y 197 en 2022.Entre tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) había documentado hasta septiembre el asesinato de 127 líderes sociales y defensores de derechos humanos.En ese sentido, al relatar en su informe cinco casos de ataques y amenazas a defensores en cuatro regiones del país, uno de los cuales es el de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos de Santander (Fedepesan).Esta organización, que defiende los cuerpos de agua del Magdalena Medio y la forma de vida de los pescadores de las ciénagas que rodean el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, "persiste en su defensa del ambiente en un contexto de ataques y amenazas", según el documento.Amnistía advierte que Yuly Velásquez, su presidenta, ha sido atacada por lo menos tres veces por personas armadas en los últimos años.Cierre del Gobierno de Duque y primer año de PetroManifestó que durante el cierre del Gobierno de Iván Duque, que fue presidente entre 2018 y 2022, el ejecutivo adoptó "medidas contraproducentes" para proteger a los defensores y se resistió a cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, firmado por el Gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016, para proteger a estas personas.Lea también: Le puede interesar:
El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos no cesa en el país, que ya superó el centenar de homicidios en lo que va de año, en un recrudecimiento de la violencia contra los que alzan la voz y muy particularmente contra los pueblos indígenas.Raúl Alonso García fue el número 100. A este líder político y exconcejal lo asesinaron el 7 de julio en un municipio de Arauca (frontera con Venezuela) y se suma a una trágica lista a la que este martes también se añadió Jaime Losada en el Putumayo (frontera con Ecuador)."Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue 2019", aseguró a Efe Leonardo González, coordinador del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio.A la "arremetida de los grupos armados en contra de los liderazgos sociales" se le ha sumado un contexto electoral, que está poniendo en riesgo sobre todo a los líderes comunitarios, a los indígenas y a los afrodescendientes.La cifra de Indepaz es superior a la de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que hasta el 31 de mayo había recibido 89 alegaciones o quejas de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales solo habían podido verificar 21.Pero es superior a la que Indepaz había registrado el año pasado a la misma fecha, ya que entonces documentaba 89 asesinatos de líderes sociales. En total, en 2021, fueron asesinados 171 líderes, según este instituto, mientras que el Programa Somos Defensores documentó 139 y la Defensoría del Pueblo, 145.UN "GENOCIDIO" INDÍGENAEste año ha sido especialmente preocupante la situación en los territorios indígenas donde, como subrayó a Efe el vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Óscar Montero, se está dando un "genocidio físico y cultural".El pasado 3 de julio, tres jóvenes indígenas awá fueron asesinados a tiros presuntamente por un grupo de disidencias de las Farc en el Resguardo indígena Inda Sabaleta, en el departamento de Nariño, cuando se encontraban en una reunión.La Asociación Minga denunciaba una "total sinrazón" porque este pueblo indígena es reconocido por la Corte Constitucional en riesgo inminente de extinción y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).En lo que va de año, según la ONIC, han sido asesinados al menos 85 indígenas en el país, y más de 30 de ellos pertenecían al pueblo awá. En el ataque del 3 de julio fueron asesinados el gobernador encargado del resguardo, Juan Orlando Moreano, y dos guardias indígenas, Jhon Faver Nastacuas y Carlos José García, que tenían 26 y 28 años, respectivamente.Otros casos con repercusión este año fueron los de José Albeiro Camayo, excoordinador de la guardia indígena que fue asesinado el 24 de enero por disidentes de la llamada columna "Jaime Martínez" de las disidencias de las Farc, y el de Breiner Cucuñame, un joven de 14 años asesinado solo unos días antes en el mismo resguardo, Las delicias, en Cauca (suroeste), y que se formaba para ser guardia indígena."No se asesina a cualquier miembro de las comunidades", valoró Montero, quien señala que se mata "de manera selectiva a (...) las voces visibles de los pueblos indígenas en los territorios, es decir, autoridades indígenas, gobernadores, guardias...".Es una forma de mandar un "mensaje" al resto de la comunidad para meter temor a los jóvenes para que no se metan en la guardia indígena, el cuerpo tradicional de protección de las comunidades, pero también para aquellos que quieran levantar la voz.Así se está atacando a quienes "le están poniendo el pecho y la frente a todo el tema de violencia estructural que hay en los territorios, es decir al narcotráfico, al rearmamiento de las disidencias de las Farc y al paramilitarismo", resumió Montero, líder kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (norte).Desde la ONIC siguen denunciando que "la paz nunca llegó a sus territorios" y que incluso "el conflicto se disparó de una manera desproporcional", haciendo que también los indígenas sean los más afectados por el desplazamiento y los confinamientos forzados.SIGUEN LAS MASACRESSin embargo, no solo se persigue a líderes en los resguardos indígenas, también se asesina a otros líderes de la comunidad, Juntas de Acción Comunal o sindicalistas que son "molestos" en territorios, sobre todo del Pacífico y de la frontera con Venezuela, para los grupos que se disputan las rutas del narcotráfico, los frutos de la minería ilegal o los corredores para sacar lo ilícito.El 7 de junio lo fue Jesusita Moreno, "Doña Tuta", una líder social de 60 años que tenía una "voz contundente por la exigencia al respeto a la vida y al territorio de sus comunidades", según la definió la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz."Doña Tuta" fue asesinada en Cali y el 26 de enero la víctima mortal fue Rosalba Peña, durante el velorio de su esposo, Álvaro Peña, un líder comunal de Tame (Arauca).En Arauca, escenario a principios de año de una guerra entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varias disidencias de las Farc, los ataques, amenazas y asesinatos de líderes sociales han sido especialmente pronunciados.Mientras tanto, las masacres siguen también sin dar tregua y en lo que va de año se han producido 53, también según la cuenta de Indepaz, en las que han muerto 185 personas.Desde Indepaz esperan "que la situación mejore con el nuevo Gobierno" aunque la tendencia es probable que siga al alza en los próximos meses y está en las manos del Ejecutivo de Gustavo Petro el comenzar una implementación real del acuerdo de paz y hacer una correcta protección de quienes defienden sus comunidades, la tierra y los pueblos.Escuche aquí el podcast Se está poniendo viejo:
Este martes la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en el departamento del Tolima.La alerta se dio porque las disidencias de las Farc están aumentando su expansión en esas zonas del país, con el fin de recuperar parte del territorio donde delinquían antes de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016.Esta situación pone en riesgo de desplazamiento a la población civil pero además afecta a los excombatientes que se encuentran en el proceso de reincorporación, mientras que los niños podrían ser víctimas de reclutamiento forzado.Las disidencias además están entregando panfletos con supuestas normas que la población debe seguir, para así ejercer un control social en la zona.Le puede interesar:"En los últimos meses, estos grupos han llegado a más sectores rurales mediante pequeñas ‘comisiones’ para no ser identificados por las Fuerzas Militares, y de este modo ir reconfigurando el control hegemónico que en algún momento tuvieron las antiguas Farc. Vale señalar el incremento de los homicidios en los cuatro municipios: mientras en 2020 se presentaron 28 muertes violentas, para el 2021 alcanzaron los 41 casos", señaló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.Ante esto, desde la entidad solicitaron a las autoridades departamentales y alcaldías locales una respuesta conjunta para proteger la vida de los ciudadanos en esos municipios del departamento, también entregaron 50 recomendaciones a diferentes organizaciones para que atiendan esta situación de riesgo para los pobladores.Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello:
Más de un millón de personas se han tenido que exiliar de Colombia debido al conflicto armado, muchos de ellos después de haber sufrido incluso otros delitos en el país antes de salir como: tortura, homicidio de algún familiar y desplazamiento forzado o amenazas.La Comisión de la Verdad encontró siete causas por las cuales las personas deciden salir; la persecución política, seguida del miedo a ser reclutados por parte de los grupos armados, también la falta de garantías de protección por parte del Estado y los hostigamientos o amenazas contra familiares son algunas de ellas."Más de un millón de personas tuvieron que huir del país en búsqueda de protección «son la punta visible de un iceberg, porque las crisis han sobrevivido al paso del tiempo, han mutado, han decaído y otras han reaparecido».Esto afectó a activistas, opositores políticos y periodistas que denunciaron hechos de violencia o corrupción, pero también a los jueces y fiscales que avanzaban en las investigaciones sobre crímenes cometidos por diferentes grupos armados, e incluso, por agencias y organismo del Estado.Este apartado relata las dificultades que viven las personas en otros países, como es el caso de una mujer del Valle del Cauca, que fue testigo de cómo asesinaban a su esposo al parecer a manos de las Farc.“Con dos niños huyó hacia Buenaventura, allí se encontró con los perpetradores del asesinato. Debido a las amenazas, tuvo que salir exiliada a Ecuador”.La mujer en su relato a la Comisión explicó: "«¿Sabe qué es lo más triste? Que habiéndoles mostrado todo –el acta de defunción, la forma como mi esposo murió (porque yo tengo todavía esos papeles del hospital, su seguimiento: dónde quedaron las balas, el daño que nos hicieron)–, yo necesitando el apoyo… me rechazaron dos veces".Este capítulo asegura que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe negó el conflicto armado en Colombia, lo que según la Comisión de la Verdad afectó a las víctimas de la violencia en el país."El Gobierno negaba el conflicto armado. Dicha negación dejaba a las víctimas sin un marco social de reconocimiento y las condenó en muchos lugares al silencio y la marginación, sin tener en cuenta la necesidad de protección. La negación de la existencia del conflicto armado durante los periodos de gobierno de Uribe no solo eliminó cualquier posibilidad de diálogos con las guerrillas, sino tuvo un alto costo frente al reconocimiento de las víctimas y su necesidad de protección".Por otro lado, explica que el exilio es un fracaso de las instituciones del Estado en su intento de proteger a las víctimas. Además, los responsables son todos los actores armados involucrados en la guerra, incluyendo a agentes e instituciones del Estado y terceros civiles."«La hoja que nos dan tiene la foto y un número nacional. Eso quiere decir que uno es demandante de asilo. Al ser demandante de asilo, el estigma que tienen es que uno no es formal o es un delincuente o viene a hacer cosas raras. Eso es una mala carta de presentación para uno; o sea, a usted no le dan la oportunidad ni siquiera de trabajar o tomar en alquiler»", se lee en un testimonio.El exilio se sigue presentado incluso después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, pues la Comisión recopiló casos de comparecientes en la JEP que tras su testimonio han tenido que salir del país. Incluso excombatientes de las extintas Farc se van por amenazas, a su vez, los líderes sociales y juveniles que hacen parte de diferentes organizaciones y movimientos e incluso participaron en las manifestaciones del paro nacional.“La Comisión ha podido ser testigo de varios exilios de jóvenes participantes en las movilizaciones, como el de un músico caleño que durante las manifestaciones de 2021 fue ilegalmente detenido por la policía el 28 de mayo de 2021; y de miembros de organizaciones acompañantes del paro".El proceso de regresar a ColombiaEl retorno a Colombia lo han hecho las víctimas solas sin el acompañamiento o apoyo del Estado, por lo que no cuentan con las garantías de seguridad. Aseguran que la atención que reciben en algunos casos es precaria y desinformada, según se lee en el informe.Los hijos de quienes salieron exiliados vuelven a irse del país cuando sus padres retornan, pues se sienten extraños en su territorio. Mientras que, a veces volver también ha traído dificultades económicas debido a una ausencia prolongada que no permite tener un acceso al trabajo u otras oportunidades.Uno de estos casos es el de Rubí, quien tuvo que salir de Medellín a Quito por extorsiones de las Águilas Negras. Sin embargo, se le acabaron los recursos a los pocos días de estar allá."«Qué pesar uno vivir en un albergue. Era una cosa súper pequeñita… muy duro. O sea, se les agradece en el alma acogernos, pero había que cumplir un horario si uno iba a salir, había que estar a una hora exacta para comer, la comida era así como una mortadela, por ejemplo, con un arroz y un juguito. También había muchas familias y los cuarticos eran pequeñitos. A nosotros nos dieron un solo cuarto para los dos niños y nosotros dos".Ante esto la Comisión hace algunas recomendaciones al Estado para evitar más casos de personas exiliadas; poder garantizar protección y retorno a quienes están dispuestas a volver.En una primera medida explican que se debe proporcionar un mecanismo jurídico de reconocimiento del exilio. A partir de ahí crear mecanismos que permitan articular los datos de personas exiliadas y así evitar el subregistro; fomentar acuerdos regionales o bilaterales con otros países para atender a las víctimas y promover la participación para que puedan hacer seguimiento a sus casos."El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad histórica, ética y política que llevó a cabo acciones de guerra y actividades ilegales contra defensores de derechos humanos y víctimas en el exilio, incluyendo organizaciones de diferentes países".Le puede interesar: Al pelo con Tata
Este lunes, Indepaz publicó un balance sobre los homicidios que se han registrado en Colombia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos desde el 7 de agosto de 2018, es decir, desde que se posesionó el presidente Iván Duque.Según Indepaz, durante este Gobierno en el país se han registrado 930 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 126 pertenecerían a mujeres.Desde el Gobierno nacional respondieron a este informe asegurando que las cifras frente a homicidios de líderes sociales no se toman a la ligera y que la entidad encargada de estos datos es la Defensoría del Pueblo y no Indepaz.“Con las cifras de homicidios de líderes sociales no se juega, no se deben tomar a la ligera. Indepaz no es la organización encargada de emitir las cifras oficiales sobre estos hechos”, explicó el consejero presidencial para los derechos Humanos, Jefferson Mena.En el mismo sentido, aclararon que Indepaz debería revisar su metodología y que desde el Gobierno trabajan en la protección y la seguridad de los líderes sociales.“Acallar la voz de un líder es un hecho doloroso para la familia y su comunidad y es impedir el progreso. La protección y garantías de los derechos de los líderes y defensores es una prioridad para este gobierno”, explicó Mena.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, publicó este lunes un balance con respecto los asesinatos de líderes sociales en el país, desde el 7 de agosto del 2018, cuando se posesionó el presidente Iván Duque Márquez, y hasta el pasado sábado 4 de junio.Según la organización, desde el inicio del gobierno de Duque en el país se han registrado 930 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 126 pertenecerían a mujeres.“Desde el primer periodo de Álvaro Uribe no se han registrado años más violentos en Colombia”, aseguró Indepaz. Asimismo, en el mismo lapso, 245 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc han sido asesinados, según el mismo balance.Las zonas del país más afectadas por la violencia son los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y el Putumayo, pues en estos lugares se han registrado la mayoría de masacres desde el 7 de agosto de 2018.En total, han sido 261 el registro de masacres que tiene Indepaz, y en estos hechos se registraron 1.144 víctimas. Solo en el Cauca se presentaron 330 masacres.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué The Economist llama erráticos a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández:
Este jueves, 2 de junio, se conoció el informe anual sobre el año 2021 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su capitulo cinco se refieren a Colombia y analizan las garantías que tiene la sociedad entorno a sus derechos y las medidas tomadas por el Estado. La CIDH ha hecho recomendaciones sobre diferentes temas como la implementación del acuerdo de paz, la presencia de la fuerza pública en las protestas y la protección de los defensores de derechos humanos, entre otras.En este sentido la CIDH manifestó que había recomendado al Estado adoptar medidas pertinentes paraque los miembros de la fuerza pública que presuntamente resulten comprometidos en casos de violaciones a los derechos humanos sean suspendidos del servicio activo, hasta que concluyan las investigaciones.Sin embargo en el informe exponen que "la Comisión considera incumplida esta recomendación y hace un llamado al Estado para investigar diligentemente todos estos hechos, sancionar a los autores materiales e intelectuales de los mismos y suspender del servicio activo a los agentes de seguridad investigados por violaciones a los derechos humanos en tanto no exista una decisión final sobre los mismos".La preocupación del organismo también se da debido a las denuncias que recibieron sobre la participación de personas armadas vestidas de civil en acciones violentas contra manifestantes, asegurando que obraron aparentemente con aquiescencia de miembros de la policía."Deben investigarse con toda diligencia presuntos actos u omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la población civil. En este sentido, preocupa a la Comisión los ataques, particularmente los disparos con armas de fuego, efectuados por personas vestidas de civil en contra de manifestantes durante las protestas sucedidas durante 2021".La CIDH también se refirió a la violencia en los territorios, pues argumentan que los grupos étnicos siguen expuestos a las amenazas, desplazamientos y confinamientos: "es imperiosa necesidad de adoptar políticas institucionales para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la consulta y consentimiento, libre, previo e informado a las comunidades afrodescendientes e indígenas. la CIDH ha observado con preocupación el aumento de la violencia estructural y sus vínculos sus vínculos con situaciones históricas en Colombia".Es por esto que desde el organismo internacional le piden al Estado una "batería de acciones" que permita enfrentar la violencia en los territorios.Otro de los pendientes que tendría el Estado sería garantizar el retorno seguro de las poblaciones desplazadas hacia sus territorios de origen y en el mismo sentido pidieron una protección mayor para los lideres sociales, colectivos y defensores de derechos humanos en los territorios."Ante la persistencia de la violencia contra estos colectivos, la Comisión resalta la necesidad de que esta política busque abordar a las causas subyacentes de los riesgos enfrentados por estos colectivos y procurar la aplicación de enfoques diferenciados e interseccionales en todo momento. Por ello, la Comisión considera que esta recomendación permanece sustancialmente incumplida y continuará monitoreando la implementación de esta Política Nacional".Escuche el podcast El Camerino:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por el aumento de la violencia que se presentó contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia durante los primeros cuatro meses del año, asimismo alertó de una “intimidación y criminalización” contra estas personas en el país.“Durante los primeros cuatro meses de 2022, se observa un alto número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en varios países de la región, así como amenazas, ataques, hostigamientos, y procesos de criminalización por su legítima labor de defensa”, indicó la CIDH.Específicamente sobre Colombia mencionó que se recibieron 71 denuncias sobre asesinatos de defensores durante este año, de los cuales 11 fueron verificadas.“Preocupa especialmente a la Comisión que la mayoría de los casos registrados refieren a personas defensoras que ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades indígenas”, alertó la CIDH.En este sentido, hizo un llamado para que se investiguen de forma seria las amenazas y los asesinatos de líderes sociales y se implementen medidas de reparación para los familiares y las víctimas con el fin de garantizar la no repetición de estos hechos.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las vanidades de los políticos durante esta contienda electoral:
Un nuevo estudio revela que la Antártida y el océano Austral que la rodea "experimentan anomalías sin precedentes", con récords de temperaturas, olas de calor marinas más frecuentes y una aceleración radical del deshielo marino, coincidiendo con la reunión de la Convención para la Conservación de Recursos Antárticos, en Australia, y la COP16 de Colombia.El informe "Protecting a Changing Southern Ocean", de la Coalición Antártida y del Océano Austral (ASOC), enumera una serie de amenazas para la Antártida, hace una serie de propuestas, y pide a la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) que adopte medidas urgentes para aumentar la resiliencia del océano Antártico.Entre las propuestas están la creación de cuatro áreas marinas protegidas (AMP) propuestas: la del Dominio 1 (AMP de la Península Antártica); la AMP de la Fase 1 del Mar de Weddell; la AMP de la Fase 2 del Mar de Weddell y la AMP de la Antártida Oriental.Las propuestas de la ASOC, que reúne a grupos ambientalistas de diferentes países, se presentan coincidiendo con la 43ª reunión anual de la CCRVMA que se realiza en Hobart (Australia) del 14 al 25 de octubre y de la 16ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la COP16, que se celebrará en Colombia del 21 de octubre al 1 de noviembre.En 2009, la CCRVMA acordó establecer un sistema representativo de AMP en el océano Antártico, sin embargo, desde entonces, sólo se han creado dos y su desarrollo se ha estancado en los últimos años, según un comunicado de ASOC. .En 2016, se llegó a un consenso para establecer la mayor área marina protegida del mundo, en la región del mar de Ross, en la Antártida, sin embargo desde entonces, no se han designado nuevas áreas marinas protegidas.No obstante, según ASOC, en julio pasado se lograron algunos avances en la propuesta de la creación de la AMP del Dominio 1, durante el Simposio de Armonización de la CCRVMA, en el que científicos, responsables políticos, la industria pesquera y organizaciones conservacionistas expusieron sus criterios para alinear la gestión de la pesquería de krill.El informe destaca que esta región donde se propone la creación de la AMP de Dominio 1, "está experimentando impactos desproporcionados del cambio climático, el turismo y la pesca", sobre todo de krill, un pequeño crustáceo, fundamental del ecosistema antártico y que almacena anualmente "al menos 20 millones de toneladas de carbono en las profundidades oceánicas".El krill, según el estudio, "se ha concentrado cada vez más en la Península Antártica, lo que está provocando "un agotamiento localizado y tiene efectos negativos sobre depredadores, como los pingüinos".Según el documento, la creación de nuevas "AMP protegerían el 26 % del océano Austral y casi el 3 % del océano mundial".Por ello, la coalición pide a la CCRVMA que avance en esta materia durante la reunión anual de las próximas dos semanas en Australia."El simposio de armonización demostró que es posible avanzar en los debates sobre las AMP y la gestión pesquera, todo lo que se necesita ahora es que ese espíritu de cooperación continúe en la próxima reunión de la CCRVMA para que podamos designar la AMP del Dominio 1 y mejorar la gestión precautoria de la pesquería de krill”, señala Claire Christian, directora ejecutiva de ASOC."Debe tomar medidas decisivas mediante el establecimiento de una red de AMP para crear resiliencia en esta región vulnerable al clima, empezando por la AMP de la Península Antártica, y mediante la mejora de la gestión de la pesca de krill para proteger mejor la fauna icónica de la región“, apunta Andrea Kavanagh, directora de conservación de la Antártida y el Océano Austral para el Proyecto Pew Bertarelli Ocean Legacy."El cambio climático ha superado la toma de decisiones en la Antártida. La ciencia es clara: el establecimiento de una AMP en la Península Antártica protegería zonas críticas de alimentación para la fauna silvestre, como ballenas, pingüinos y focas, y garantizaría que los servicios críticos que el krill proporciona al planeta -incluido el secuestro de carbono- permanezcan intactos", asegura Emily Grilly, directora de Conservación Oceánica de WWF-Australia."Mientras los líderes se apresuran a encontrar la manera de hacer realidad los compromisos de conservación en la COP16 del CDB, ya es hora de que los gobiernos miembros de la CCRVMA se pongan al día con el ritmo del cambio en la Antártida y con los compromisos globales para proteger el océano", subraya Jehki Härkönen, asesor de Política Oceánica de Greenpeace Internacional.
El Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) 2024 disfrutó de un evento diferente en la tarde de este domingo, 13 de octubre, pues en el escenario principal del pabellón 17 del Gran Salón de Corferias, estuvieron presentes Valles-T, Fat N y Airon para darle a todos los asistentes una Red Bull Batalla de exhibición.El show concentró a muchas personas en el pabellón, que disfrutaron de las habituales ‘tiraderas’ de estas reconocidas batallas de gallos. Cabe recordar que, actualmente, Juan Camilo Ballesteros, conocido como Valles-T, es el actual campeón nacional luego de conseguirlo en julio en el teatro La Media Torta en el centro de Bogotá.“Se vive con toda la pasión, con concentración. Se va leyendo el torneo, una lectura mientras va sucediendo y uno sabe quién está ganando el público y quién está bien. Pasó con Pandora que iba creciendo en cada batalla, sabía que sería una de las batallas fuertes de la noche (…) Se vive así haciendo la lectura de cada batalla y estar pendiente de lo que está pasando”, confesó en diálogo con Blu Radio.Ahora, con este evento en el SOFA 2024, la Red Bull Batalla apunta a seguir expandiendo ese público del freestyle, que, poco a poco, toma más fuerza en Colomba para convertirse en uno de los nichos más queridos de todo el país.El enfrentamiento de freestyle reunió a estos destacados raperos, en un espectáculo lleno de creatividad, improvisación y destreza verbal. Durante la competencia, los Gallos de Red Bull desafiaron su ingenio y habilidad en batallas, creando rimas en tiempo real que abordaron temas inesperados y variados. Estas batallas no solo fueron un despliegue de talento, sino que también representaron una plataforma para la expresión juvenil y la diversidad de estilos dentro del movimiento de freestyle.
El huracán Milton es un poderoso ciclón que alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, afectando principalmente a México y Florida. Originado en el Golfo de México, rápidamente se intensificó, causando estragos en ambas regiones. En México, tocó tierra con fuertes vientos y lluvias torrenciales, mientras que en Florida provocó severas inundaciones y evacuaciones masivas. Su paso dejó miles de hogares sin electricidad y varios daños materiales significativos.Recientemente, una gaita quedó en medio del comienzo de lluvias del ciclón. Fue encontrada por un reportero y su compañero. En medio de la evacuación, muchas personas han publicado cómo han tenido que abandonar sus casas y abandonar todo lo que tienen.En los últimos días, en redes sociales se han viralizado videos de personas rescatando animales que quedan atrapados y abandonados en zonas que se encuentran evacuadas.Un reportero compartió, a través de la red social X, un video del momento en que las lluvias empezaron a llegar y su compañero rescató una gatita. En el video se puede notar cómo, en medio de la lluvia, el hombre se agacha por debajo de un carro que se encontraba parqueado y toma a la gatita para luego disponer a llevársela y abrigarla con su chaqueta.Afortunadamente, la gatita fue encontrada antes de que el ciclón tocara tierra y empezara a dejar grandes daños en la zona.El huracán Milton se está moviendo hacia la costa oeste de Florida y se espera que toque tierra en la noche de este domingo 13 de octubre. Se estima que continuará como un huracán potente mientras cruza el estado, con pronósticos que sugieren que empezará a debilitarse gradualmente una vez que se mueva hacia el océano Atlántico.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó este domingo que el Gobierno retomó el control de El Plateado, un pueblo del suroeste de Colombia que era controlado por disidencias de las FARC, después de seis años tras una operación militar ejecutada desde la madrugada del sábado."Se estableció realmente un control en El Plateado, algo que no ocurría por lo menos en los últimos seis años. Es una presencia que será permanente, pero no es solo la presencia de la fuerza pública en El Plateado, es la presencia del Gobierno en su conjunto para desarrollar los programas sociales", dijo Velásquez en una rueda de prensa tras visitar esta localidad del departamento del Cauca.El presidente colombiano, Gustavo Petro, envió a El Plateado, que hace parte del municipio de Argelia, a parte de su gabinete, incluidos ministros y directores de departamentos administrativos tras la operación que lanzó el sábado el Ejército para retomar el control que tiene en la zona el grupo Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.Operación exitosaPara la 'Operación Perseo' los militares están utilizando "unidades especiales, aeronaves y capacidades de artillería" como tanques.Igualmente, las autoridades publicaron carteles de búsqueda de siete jefes del grupo Carlos Patiño, incluido su máximo jefe, Anderson Andrey Vargas Suns, alias 'Kevin'.En ese sentido, han logrado detener a dos supuestos miembros del Carlos Patiño, así como incautado "fusiles, municiones y artefactos explosivos". Según el Ejército, varios disidentes también han muerto en esta operación.En total son más de 1.400 militares los que han llegado a la zona desde ayer con el objetivo de garantizar la seguridad de las más de 8.000 personas que viven en El Plateado, que desde hace varios años es uno de los bastiones de la facción del EMC que lidera alias 'Iván Mordisco' y que no está en negociaciones de paz con el Gobierno.El Plateado está en la zona del Cañón del Micay, clave para el narcotráfico porque es un paso de la ruta de la droga que sale de Colombia por el Pacífico.Por esa razón, sus habitantes viven en constante zozobra por los ataques que comete este grupo armado y por los enfrentamientos con el Ejército.Como respuesta a la 'Operación Perseo', las disidencias lanzaron drones con explosivos contra el caserío, ataque que dejó más de una decena de heridos entre la tropa y los civiles.Propuesta integralEl ministro de Defensa aseguró este domingo que durante la visita hablaron con "centenares de personas" que les manifestaron su preocupación porque el Gobierno "viene a arrasar con la coca" y los va "a dejar muertos de hambre, sin trabajo"."Hay todo un proyecto de transformación del territorio, que es de acuerdo con la comunidad", recalcó Velásquez y por esa razón lo acompañaron, entre otros, los ministros de Ambiente, Susana Muhamad; Minas y Energía, Andrés Camacho; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano; Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y Agricultura, Martha Carvajalino.El objetivo, por ahora, es "estabilizar el territorio: estamos en un territorio que para nadie es un secreto que ha tenido el control de la Carlos Patiño"."Vamos a sacarlos de este territorio y esto debe generar un beneficio (...) es natural el temor que siente ahora, además ese grupo criminal ha lanzado granadas contra la población, ha atentado contra la población", concluyó.
Ya hay resultado del Dorado Noche, conozca aquí el número afortunado y descubra si es uno de los ganadores.¿Qué cayó en El Dorado Noche?En el último sorteo de Dorado Noche de este domingo, 13 de octubre de 2024, el número ganador es el 5381, según publicó el sorteo en sus redes sociales.Tres últimas cifras: 381Tres primeras cifras: 538Cuatro cifras: 5381Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Dorado Noche .¿Cuánto paga Dorado Noche?Un acierto (última cifra): la uña, 5 pesos por cada peso apostado.2 aciertos (últimas cifras): la pata, 50 pesos por cada peso apostado.3 aciertos (últimas cifras): con pleno 400 pesos por cada peso apostado y con combinado 83 pesos por cada peso apostado.4 aciertos (todas las cifras): son súper pleno 4.500 pesos por cada peso apostado y con súper combinado 308 pesos por cada peso apostado.Recuerde que para premios mayores de 48 UVT, es decir $2.259.120 se genera retención en la fuente del 20 % sobre el valor del premio.Horarios de transmisiónLa emisión en vivo del sorteo se realiza por el Canal 1, brindando a los espectadores la oportunidad de seguir el sorteo y emocionarse con cada número que se revela. Los horarios de transmisión son los siguientes.Sábados: 10:15 de la noche de ColombiaDomingos y días festivos: 07:25 de la nocheEl sorteo del domingo, 12 de octubre, tuvo lugar bajo la supervisión del Grupo Empresarial en línea S.A, la Secretaría Distrital del Gobierno y la Lotería de Bogotá, asegurando así la transparencia y la confiabilidad del proceso.
