Durante el primer semestre de 2025, 82 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Colombiana de Juristas sobre las violaciones al derecho a la vida de las personas defensoras, líderes y lideresas.El Área de Investigación de la Comisión Colombiana de Juristas dio a conocer un informe en el que revela el panorama de riesgo que enfrentan los líderes y lideresas de diversas índoles en el país.Esta información, que recopila datos entre el primero de enero y el 30 de junio de este año evidencia que se han presentado 82 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, siendo Antioquia y Cauca los departamentos más afectados, con un nivel de violencia mayor, con más de diez víctimas en cada uno.Además, cabe destacar que la categorización de los liderazgos que ejercían las víctimas se definió, de manera parcial, de acuerdo con la categorización establecida por la Defensoría del Pueblo. Entre el listado de la Comisión Colombiana de Juristas figuran defensores de DD. HH., defensores afrocolombianos, ambientales, campesinos, comunales, estudiantiles, culturales, entre otros.Los sectores de liderazgo social y de defensa de derecho que más vieron su derecho a la vida vulnerado fueron el comunal con 18 víctimas; comunitario, con 13 e indígena también con 13.Uno de los casos destacados por el informe es el de Angie Leandra Henao Zambrano, lideresa campesina e integrante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Henao fue asesinada el pasado 27 de junio, cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la vereda El Silencio, en Corinto, Cauca.La información recolectada a través de la plataforma MadPaz además detalla que en 63 de los 82 casos registrados no han identificado a los autores de los homicidios. En los demás casos los presuntos victimarios serían de las Disidencias de las FARC-EP, paramilitares, ELN, actores armados sin precisión y civiles.
La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías de Floridablanca dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eduardo Fabián Meza García, señalado como presunto responsable del delito de amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos.De acuerdo con la información oficial, los hechos se habrían presentado entre agosto y diciembre de 2024 en el barrio Bellavista de Floridablanca, donde Meza García, al parecer, amenazó de muerte a dos miembros de la Junta de Acción Comunal, en el marco de conflictos surgidos por las elecciones de dicha organización.Tras las investigaciones, se logró establecer que las intimidaciones se dieron a raíz de disputas internas en la Junta directiva de la JAC. Meza García, de 49 años, fue capturado el pasado 23 de abril por orden de las autoridades y no aceptó los cargos que se le imputaron.Durante este año han sido capturadas cinco personas por presuntas amenazas contra defensores de derechos humanos en Santander. La Fiscalía reiteró su compromiso en la protección de los líderes sociales y servidores públicos que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el país.
En 2024 fueron asesinados en Colombia 157 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 11 casos menos que en 2023, lo que evidencia que la vida de estos líderes no está garantizada, según un informe de la ONG Somos Defensores publicado este jueves."Si bien se trata de una disminución importante, esta cifra evidencia una vez más que el derecho a defender derechos no está garantizado en Colombia y que las vidas de las personas que ejercen esta labor continúan desprotegidas", asegura el documento titulado 'Sin protección'.La ONG basa su informe en las cifras del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh). Este año sigue siendo critico, pues la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, advirtió sobre el preocupante aumento de amenazas, hostigamientos y asesinatos contra líderes sociales, defensores de derechos, excombatientes y firmantes del acuerdo de paz. El informe de rendición de cuentas presentado por la Fiscalía muestra cómo los actores armados han fortalecido sus estructuras criminales, lo que ha derivado en un incremento de la violencia en varias regiones del país.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó este jueves que recibió, entre enero y noviembre de este año, 214 denuncias de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales verificó 69.Así lo indicó en un informe publicado este jueves, en el que también detalló que desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2023 "conoció 214 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas ha verificado 69 casos, 47 están en proceso de verificación y 98 son no concluyentes".El documento aseguró que el departamento del Cauca (suroeste) fue el que mayor número de asesinatos de líderes registró: 15. Le siguieron Nariño y Valle del Cauca, 8; en tanto que en Norte de Santander y Arauca, hubo 5 en cada uno.Dentro de las víctimas confirmadas por Naciones Unidas en lo que va de este 2023 hay 22 campesinos, 20 indígenas y 11 afrodescendientes.La mayoría de las víctimas que fueron asesinadas, según el estudio de la ONU, eran líderes de Juntas de Acción Comunal, poblaciones campesinas o defensores de derechos indígenas.Justamente hoy la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que entre enero y noviembre de este año han sido asesinados 163 líderes sociales y defensores de derechos humanos.La Defensoría advirtió que el mayor registro lo tiene el convulso Cauca, con 30 casos, seguido de Antioquia (18), Nariño (16), Valle del Cauca (14), Córdoba (10) y Bolívar, Norte de Santander y Putumayo (con siete cada uno).Para el defensor del pueblo colombiano, Carlos Camargo, "estos homicidios coinciden con aquellas zonas del país donde delinquen los principales grupos armados ilegales".En ese sentido dijo que en esas regiones operan el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos armados con los que el Gobierno negocia la paz.También tienen fuerte presencia en esas zonas el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y principal banda criminal del país.Le puede interesar
Diego Antonio Arrieta López vivía hace más de cuarenta años en la vereda El Porvenir del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño.Su vida la había dedicado, entre otras cosas, a la comunidad como líder guardabosques, presidente de la Acción Comunal y, representante de víctimas y últimamente, como líder de restitución de tierras en Urabá.Pero esa vida de servicio a la comunidad fue arrebatada en las últimas horas según contó a Blu Radio Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz. A Diego Antonio lo citaron hombres desconocidos para una diligencia y perdió contacto con su familia. El hallazgo del cuerpo de Diego Antonio pone en alerta a líderes sociales, quienes, como lo dijo Zapata, piden garantías al Gobierno nacional para llevar a cabo su labor."Las autoridades deben investigar este crimen y deben buscar realmente acciones para esclarecer como tal los autores materiales intelectuales, pero también el Estado colombiano recientemente ha emitido una directiva en la que solicita a las diferentes autoridades que se garantizará la labor de las personas defensoras de derechos humanos", destacó.Con Diego Antonio, en lo corrido del 2023 ya han asesinado en el departamento de Antioquia un total de 20 líderes y defensores de derechos humanos.Le puede interesar:
Las autoridades fallaron al no adoptar acciones para proteger a los defensores de derechos humanos que están en riesgo, razón por la cual Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno para que tome medidas que permitan que su actividad no se convierta en algo mortal.Así se desprende del informe "Esperanza bajo riesgo: la falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa", publicado este jueves por esta organización y en el que se alerta que el Estado ha respondido de forma insuficiente en los últimos cinco años a los "graves riesgos" que enfrentan los defensores."Amnistía Internacional ha recibido innumerables denuncias de personas defensoras de derechos humanos que sufren ataques y amenazas por la labor que desempeñan", expresó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.Agregó que entre 2020 y 2023 han observado que "las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país"."Ante esta crisis, nuestra investigación deja clara la necesidad de una respuesta institucional fuerte, integrada y coordinada", advirtió.Cifras preocupantesAl recopiló las cifras que entidades estatales y ONG han publicado sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos.Según el Programa Somos Defensores, por ejemplo, 199 líderes sociales fueron asesinados en 2020, 139 en 2021 y 197 en 2022.Entre tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) había documentado hasta septiembre el asesinato de 127 líderes sociales y defensores de derechos humanos.En ese sentido, al relatar en su informe cinco casos de ataques y amenazas a defensores en cuatro regiones del país, uno de los cuales es el de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos de Santander (Fedepesan).Esta organización, que defiende los cuerpos de agua del Magdalena Medio y la forma de vida de los pescadores de las ciénagas que rodean el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, "persiste en su defensa del ambiente en un contexto de ataques y amenazas", según el documento.Amnistía advierte que Yuly Velásquez, su presidenta, ha sido atacada por lo menos tres veces por personas armadas en los últimos años.Cierre del Gobierno de Duque y primer año de PetroManifestó que durante el cierre del Gobierno de Iván Duque, que fue presidente entre 2018 y 2022, el ejecutivo adoptó "medidas contraproducentes" para proteger a los defensores y se resistió a cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, firmado por el Gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016, para proteger a estas personas.Lea también: Le puede interesar:
El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos no cesa en el país, que ya superó el centenar de homicidios en lo que va de año, en un recrudecimiento de la violencia contra los que alzan la voz y muy particularmente contra los pueblos indígenas.Raúl Alonso García fue el número 100. A este líder político y exconcejal lo asesinaron el 7 de julio en un municipio de Arauca (frontera con Venezuela) y se suma a una trágica lista a la que este martes también se añadió Jaime Losada en el Putumayo (frontera con Ecuador)."Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue 2019", aseguró a Efe Leonardo González, coordinador del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio.A la "arremetida de los grupos armados en contra de los liderazgos sociales" se le ha sumado un contexto electoral, que está poniendo en riesgo sobre todo a los líderes comunitarios, a los indígenas y a los afrodescendientes.La cifra de Indepaz es superior a la de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que hasta el 31 de mayo había recibido 89 alegaciones o quejas de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales solo habían podido verificar 21.Pero es superior a la que Indepaz había registrado el año pasado a la misma fecha, ya que entonces documentaba 89 asesinatos de líderes sociales. En total, en 2021, fueron asesinados 171 líderes, según este instituto, mientras que el Programa Somos Defensores documentó 139 y la Defensoría del Pueblo, 145.UN "GENOCIDIO" INDÍGENAEste año ha sido especialmente preocupante la situación en los territorios indígenas donde, como subrayó a Efe el vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Óscar Montero, se está dando un "genocidio físico y cultural".El pasado 3 de julio, tres jóvenes indígenas awá fueron asesinados a tiros presuntamente por un grupo de disidencias de las Farc en el Resguardo indígena Inda Sabaleta, en el departamento de Nariño, cuando se encontraban en una reunión.La Asociación Minga denunciaba una "total sinrazón" porque este pueblo indígena es reconocido por la Corte Constitucional en riesgo inminente de extinción y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).En lo que va de año, según la ONIC, han sido asesinados al menos 85 indígenas en el país, y más de 30 de ellos pertenecían al pueblo awá. En el ataque del 3 de julio fueron asesinados el gobernador encargado del resguardo, Juan Orlando Moreano, y dos guardias indígenas, Jhon Faver Nastacuas y Carlos José García, que tenían 26 y 28 años, respectivamente.Otros casos con repercusión este año fueron los de José Albeiro Camayo, excoordinador de la guardia indígena que fue asesinado el 24 de enero por disidentes de la llamada columna "Jaime Martínez" de las disidencias de las Farc, y el de Breiner Cucuñame, un joven de 14 años asesinado solo unos días antes en el mismo resguardo, Las delicias, en Cauca (suroeste), y que se formaba para ser guardia indígena."No se asesina a cualquier miembro de las comunidades", valoró Montero, quien señala que se mata "de manera selectiva a (...) las voces visibles de los pueblos indígenas en los territorios, es decir, autoridades indígenas, gobernadores, guardias...".Es una forma de mandar un "mensaje" al resto de la comunidad para meter temor a los jóvenes para que no se metan en la guardia indígena, el cuerpo tradicional de protección de las comunidades, pero también para aquellos que quieran levantar la voz.Así se está atacando a quienes "le están poniendo el pecho y la frente a todo el tema de violencia estructural que hay en los territorios, es decir al narcotráfico, al rearmamiento de las disidencias de las Farc y al paramilitarismo", resumió Montero, líder kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (norte).Desde la ONIC siguen denunciando que "la paz nunca llegó a sus territorios" y que incluso "el conflicto se disparó de una manera desproporcional", haciendo que también los indígenas sean los más afectados por el desplazamiento y los confinamientos forzados.SIGUEN LAS MASACRESSin embargo, no solo se persigue a líderes en los resguardos indígenas, también se asesina a otros líderes de la comunidad, Juntas de Acción Comunal o sindicalistas que son "molestos" en territorios, sobre todo del Pacífico y de la frontera con Venezuela, para los grupos que se disputan las rutas del narcotráfico, los frutos de la minería ilegal o los corredores para sacar lo ilícito.El 7 de junio lo fue Jesusita Moreno, "Doña Tuta", una líder social de 60 años que tenía una "voz contundente por la exigencia al respeto a la vida y al territorio de sus comunidades", según la definió la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz."Doña Tuta" fue asesinada en Cali y el 26 de enero la víctima mortal fue Rosalba Peña, durante el velorio de su esposo, Álvaro Peña, un líder comunal de Tame (Arauca).En Arauca, escenario a principios de año de una guerra entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varias disidencias de las Farc, los ataques, amenazas y asesinatos de líderes sociales han sido especialmente pronunciados.Mientras tanto, las masacres siguen también sin dar tregua y en lo que va de año se han producido 53, también según la cuenta de Indepaz, en las que han muerto 185 personas.Desde Indepaz esperan "que la situación mejore con el nuevo Gobierno" aunque la tendencia es probable que siga al alza en los próximos meses y está en las manos del Ejecutivo de Gustavo Petro el comenzar una implementación real del acuerdo de paz y hacer una correcta protección de quienes defienden sus comunidades, la tierra y los pueblos.Escuche aquí el podcast Se está poniendo viejo:
Este martes la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en el departamento del Tolima.La alerta se dio porque las disidencias de las Farc están aumentando su expansión en esas zonas del país, con el fin de recuperar parte del territorio donde delinquían antes de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016.Esta situación pone en riesgo de desplazamiento a la población civil pero además afecta a los excombatientes que se encuentran en el proceso de reincorporación, mientras que los niños podrían ser víctimas de reclutamiento forzado.Las disidencias además están entregando panfletos con supuestas normas que la población debe seguir, para así ejercer un control social en la zona.Le puede interesar:"En los últimos meses, estos grupos han llegado a más sectores rurales mediante pequeñas ‘comisiones’ para no ser identificados por las Fuerzas Militares, y de este modo ir reconfigurando el control hegemónico que en algún momento tuvieron las antiguas Farc. Vale señalar el incremento de los homicidios en los cuatro municipios: mientras en 2020 se presentaron 28 muertes violentas, para el 2021 alcanzaron los 41 casos", señaló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.Ante esto, desde la entidad solicitaron a las autoridades departamentales y alcaldías locales una respuesta conjunta para proteger la vida de los ciudadanos en esos municipios del departamento, también entregaron 50 recomendaciones a diferentes organizaciones para que atiendan esta situación de riesgo para los pobladores.Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello:
Más de un millón de personas se han tenido que exiliar de Colombia debido al conflicto armado, muchos de ellos después de haber sufrido incluso otros delitos en el país antes de salir como: tortura, homicidio de algún familiar y desplazamiento forzado o amenazas.La Comisión de la Verdad encontró siete causas por las cuales las personas deciden salir; la persecución política, seguida del miedo a ser reclutados por parte de los grupos armados, también la falta de garantías de protección por parte del Estado y los hostigamientos o amenazas contra familiares son algunas de ellas."Más de un millón de personas tuvieron que huir del país en búsqueda de protección «son la punta visible de un iceberg, porque las crisis han sobrevivido al paso del tiempo, han mutado, han decaído y otras han reaparecido».Esto afectó a activistas, opositores políticos y periodistas que denunciaron hechos de violencia o corrupción, pero también a los jueces y fiscales que avanzaban en las investigaciones sobre crímenes cometidos por diferentes grupos armados, e incluso, por agencias y organismo del Estado.Este apartado relata las dificultades que viven las personas en otros países, como es el caso de una mujer del Valle del Cauca, que fue testigo de cómo asesinaban a su esposo al parecer a manos de las Farc.“Con dos niños huyó hacia Buenaventura, allí se encontró con los perpetradores del asesinato. Debido a las amenazas, tuvo que salir exiliada a Ecuador”.La mujer en su relato a la Comisión explicó: "«¿Sabe qué es lo más triste? Que habiéndoles mostrado todo –el acta de defunción, la forma como mi esposo murió (porque yo tengo todavía esos papeles del hospital, su seguimiento: dónde quedaron las balas, el daño que nos hicieron)–, yo necesitando el apoyo… me rechazaron dos veces".Este capítulo asegura que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe negó el conflicto armado en Colombia, lo que según la Comisión de la Verdad afectó a las víctimas de la violencia en el país."El Gobierno negaba el conflicto armado. Dicha negación dejaba a las víctimas sin un marco social de reconocimiento y las condenó en muchos lugares al silencio y la marginación, sin tener en cuenta la necesidad de protección. La negación de la existencia del conflicto armado durante los periodos de gobierno de Uribe no solo eliminó cualquier posibilidad de diálogos con las guerrillas, sino tuvo un alto costo frente al reconocimiento de las víctimas y su necesidad de protección".Por otro lado, explica que el exilio es un fracaso de las instituciones del Estado en su intento de proteger a las víctimas. Además, los responsables son todos los actores armados involucrados en la guerra, incluyendo a agentes e instituciones del Estado y terceros civiles."«La hoja que nos dan tiene la foto y un número nacional. Eso quiere decir que uno es demandante de asilo. Al ser demandante de asilo, el estigma que tienen es que uno no es formal o es un delincuente o viene a hacer cosas raras. Eso es una mala carta de presentación para uno; o sea, a usted no le dan la oportunidad ni siquiera de trabajar o tomar en alquiler»", se lee en un testimonio.El exilio se sigue presentado incluso después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, pues la Comisión recopiló casos de comparecientes en la JEP que tras su testimonio han tenido que salir del país. Incluso excombatientes de las extintas Farc se van por amenazas, a su vez, los líderes sociales y juveniles que hacen parte de diferentes organizaciones y movimientos e incluso participaron en las manifestaciones del paro nacional.“La Comisión ha podido ser testigo de varios exilios de jóvenes participantes en las movilizaciones, como el de un músico caleño que durante las manifestaciones de 2021 fue ilegalmente detenido por la policía el 28 de mayo de 2021; y de miembros de organizaciones acompañantes del paro".El proceso de regresar a ColombiaEl retorno a Colombia lo han hecho las víctimas solas sin el acompañamiento o apoyo del Estado, por lo que no cuentan con las garantías de seguridad. Aseguran que la atención que reciben en algunos casos es precaria y desinformada, según se lee en el informe.Los hijos de quienes salieron exiliados vuelven a irse del país cuando sus padres retornan, pues se sienten extraños en su territorio. Mientras que, a veces volver también ha traído dificultades económicas debido a una ausencia prolongada que no permite tener un acceso al trabajo u otras oportunidades.Uno de estos casos es el de Rubí, quien tuvo que salir de Medellín a Quito por extorsiones de las Águilas Negras. Sin embargo, se le acabaron los recursos a los pocos días de estar allá."«Qué pesar uno vivir en un albergue. Era una cosa súper pequeñita… muy duro. O sea, se les agradece en el alma acogernos, pero había que cumplir un horario si uno iba a salir, había que estar a una hora exacta para comer, la comida era así como una mortadela, por ejemplo, con un arroz y un juguito. También había muchas familias y los cuarticos eran pequeñitos. A nosotros nos dieron un solo cuarto para los dos niños y nosotros dos".Ante esto la Comisión hace algunas recomendaciones al Estado para evitar más casos de personas exiliadas; poder garantizar protección y retorno a quienes están dispuestas a volver.En una primera medida explican que se debe proporcionar un mecanismo jurídico de reconocimiento del exilio. A partir de ahí crear mecanismos que permitan articular los datos de personas exiliadas y así evitar el subregistro; fomentar acuerdos regionales o bilaterales con otros países para atender a las víctimas y promover la participación para que puedan hacer seguimiento a sus casos."El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad histórica, ética y política que llevó a cabo acciones de guerra y actividades ilegales contra defensores de derechos humanos y víctimas en el exilio, incluyendo organizaciones de diferentes países".Le puede interesar: Al pelo con Tata
Este lunes, Indepaz publicó un balance sobre los homicidios que se han registrado en Colombia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos desde el 7 de agosto de 2018, es decir, desde que se posesionó el presidente Iván Duque.Según Indepaz, durante este Gobierno en el país se han registrado 930 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 126 pertenecerían a mujeres.Desde el Gobierno nacional respondieron a este informe asegurando que las cifras frente a homicidios de líderes sociales no se toman a la ligera y que la entidad encargada de estos datos es la Defensoría del Pueblo y no Indepaz.“Con las cifras de homicidios de líderes sociales no se juega, no se deben tomar a la ligera. Indepaz no es la organización encargada de emitir las cifras oficiales sobre estos hechos”, explicó el consejero presidencial para los derechos Humanos, Jefferson Mena.En el mismo sentido, aclararon que Indepaz debería revisar su metodología y que desde el Gobierno trabajan en la protección y la seguridad de los líderes sociales.“Acallar la voz de un líder es un hecho doloroso para la familia y su comunidad y es impedir el progreso. La protección y garantías de los derechos de los líderes y defensores es una prioridad para este gobierno”, explicó Mena.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC).Bezerra, que tiene 22 millones de seguidores en Instagram, fue detenida junto a otras cinco personas en el marco de una operación durante la cual se bloquearon 327 millones de reales (unos 65 millones de dólares o 56 millones de euros).Además, los agentes requisaron al menos 17 vehículos, incluyendo carros de lujo, y embargaron cuatro inmuebles vinculados a los investigados.Entre los edificios registrados figura la mansión en la que vive Bezerra, una vasta propiedad en un condominio a las afueras de la ciudad de São Paulo con piscina y una amplia área verde.Según la Policía regional, los responsables de la trama usaban empresas fachada, transferían cantidades millonarias sin sustento económico, y adquirían bienes para ocultar el origen ilícito del dinero del PCC.La investigación arrancó tras analizar un celular requisado en una operación anterior y que mostró conversaciones con los líderes de la facción y transferencias financieras.Tres de los investigados fueron incluidos en la lista roja de la Interpol, al creer que se encuentran en Bolivia, Italia y España.En este último país, vive Paloma Sanches Camacho, sobrina del máximo jefe del PCC, reportaron los medios brasileños.Bezerra ya fue detenida en septiembre de 2024 durante una operación que investigaba un supuesto lavado de dinero de plataformas de apuestas digitales ilegales y pasó varios días en prisión preventiva antes de ser liberada.La influencer de 38 años, quien acababa de volver de Italia cuando fue detenida este jueves, acostumbra a exhibir ante sus seguidores el alto tren de vida que lleva, con viajes frecuentes y compras en tiendas de lujo, mientras hace publicidad de productos cosméticos.
Una comunera muerta, varios heridos y algunos vehículos incinerados dejó un enfrentamiento con palos y machetes entre las comunidades indígenas Misak y Nasa, que reclaman la propiedad de un predio de más de 8.000 hectáreas ubicado en el resguardo de Pitayó, zona rural del municipio de Silvia, Cauca.La comunidad del sector está pidiendo la intervención urgente del Gobierno nacional, la Fuerza Pública y las organizaciones de derechos humanos para evitar más muertes por esta confrontación.“Es una disputa territorial. Durante años el pueblo Misak usufructuó esta tierra; hace tres meses el predio fue tomado por el pueblo Nasa. Esta madrugada el pueblo Misak quiso retomar el control y en esa lucha nos acaban de asesinar una autoridad Misak”, manifestó uno de los comuneros indígenas desde la zona.La senadora indígena y candidato vicepresidencial Aida Quilcué, oriunda del departamento del Cauca, a través de sus redes sociales, hizo un llamado al diálogo para resolver el conflicto por tierras en esta región.
Ruso expulsado recientemente de Medellín ahora amenaza por Whatsapp al alcalde Federico Gutiérrez. El mandatario pidió a las autoridades internacionales no solo indagar en estas intimidaciones sino en el origen de los recursos de este extranjero, quien tiene propiedades en Cali.Más de dos años de denuncias de los vecinos por sus megafiestas en El Poblado en Medellín le valieron al ciudadano de nacionalidad rusa y estadounidense, George Wolfe, ser expulsado de Colombia no una sino dos veces, pues tras la primera medida aplicada por Migración Colombia, con una prohibición de entrar al país por 10 años, reingresó de manera irregular por Ecuador y pretendía volar a Medellín desde Palmira, donde fue detectado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.Pero su historia no terminó ahí. Según denunció el alcalde Federico Gutiérrez, tras el conflicto que generó en la unidad residencial, este estaría intimidando al mandatario con mensajes a su línea directa, a través de un whatsapp de Estados Unidos, a donde llegó tras ser devuelto de Colombia. Según manifestó Gutiérrez, la información ya fue puesta en conocimiento de las autoridades colombianas y americanas.“Está verificando realmente la identidad de quién tiene esa línea. Es una línea de los Estados Unidos que tiene su nombre y tiene su imagen, se quedó muy dolido, justamente por la expulsión y por nosotros, cuidar a los vecinos. Él me está escribiendo hace varios días, mandándome qué canciones, mandándome, básicamente, mensajes intimidatorios, mandándome qué páginas que había creado en su momento, qué fuck you fico punto com”, dijo.Incluso, según detalló el mandatario, parte del rastreo que adelantaron las autoridades para saber su ubicación se relaciona con estos mensajes intimidatorios. Ante la situación y también los bienes que Wolfe tiene en Medellín y Cali, el mandatario pidió que se indague si el origen de sus recursos es ilícito.“Una propiedad acá, tenemos información de que adquirió otras propiedades en Cali, otra propiedad de alto costo. ¿De dónde obtiene los recursos? ¿De manera lícita o de manera ilícita? Y el tipo de, ¿quiere volver más famoso?...Lo vamos a volver más famoso, si hay que seguir persiguiendo, lo vamos a seguir persiguiendo. A él y a los otros que vengan a hacerle daño a nuestra gente”, agregó.Gutiérrez pidió a las autoridades migratorias que aumenten la sanción del ciudadano ruso, pues a su criterio a los 10 años sin ingresar al país se debería sumar este nuevo delito de entrar de manera irregular al país.Finalmente, aseguró que al año la ciudad recibe dos millones de visitantes, más de la mitad extranjeros, por lo que aseguró que no se debe generalizar con estas personas porque son más las que se comportan bien.
La etapa 12 del Giro de Italia 2026 dejó una gran sorpresa este jueves 21 de mayo. El belga Alec Segaert atacó a falta de tres kilómetros para la meta y se quedó con la victoria en Novi Ligure, en una jornada que parecía destinada a un esprint masivo.El corredor del Bahrain Victorious sorprendió al pelotón con un movimiento inesperado y logró sostener una pequeña diferencia hasta cruzar primero la línea de meta, luego de 175 kilómetros disputados entre Imperia y Novi Ligure. Segaert completó el recorrido en 3 horas, 53 minutos y 0 segundos, a una velocidad promedio de 45,1 km/h.La victoria representó además un día perfecto para el Bahrain Victorious, ya que el portugués Afonso Eulálio conservó el liderato de la clasificación general y amplió ligeramente su ventaja gracias a las bonificaciones obtenidas durante la jornada.Alec Segaert sorprendió en una etapa que parecía para velocistasLa duodécima fracción del Giro tenía un perfil favorable para los velocistas, con apenas dos puertos de tercera categoría y ambos alejados de la llegada. Sin embargo, la carrera cambió completamente en el cierre.Cuando todos esperaban una definición al esprint, Segaert lanzó un ataque explosivo en los últimos kilómetros y tomó desprevenidos a los favoritos. El belga, de apenas 23 años, confirmó así uno de los mejores momentos de su carrera, luego de haber ganado en marzo el Grand Prix de Denain.Detrás del ganador llegaron el también belga Toon Aerts y el uruguayo Thomas Silva, ambos a tres segundos.Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 12El portugués Afonso Eulálio continúa vestido con la ‘maglia rosa’ y ahora tiene 33 segundos de ventaja sobre el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard.El neerlandés Thymen Arensman completa el podio provisional a 2 minutos y 3 segundos.Por su parte, el colombiano Egan Bernal ocupa la casilla 15 de la clasificación general, a 5 minutos y 45 segundos del liderato, manteniéndose como el mejor colombiano en la competencia.Top 20 de la clasificación general del Giro de Italia 2026Afonso Eulálio (POR/TBV) – 48 h 10:38Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 33 segundosThymen Arensman (NED/IGD) a 2:03Felix Gall (AUT/DCT) a 2:30Ben O'Connor (AUS/JAY) a 2:50Jai Hindley (AUS/RBH) a 3:12Michael Storer (AUS/TUD) a 3:34Derek Gee (CAN/LTK) a 3:40Giulio Pellizzari (ITA/RBH) a 3:42Chris Harper (AUS/Q36) a 4:15Markel Beloki (ESP/EFE) a 4:20Mathys Rondel (FRA/TUD) a 4:51Cristian Scaroni (ITA/XAT) a 4:54Davide Piganzoli (ITA/TVL) a 5:33Egan Bernal (COL/IGD) a 5:45Damiano Caruso (ITA/TBV) a 6:17David De la Cruz (ESP/Q36) a 6:43Jan Hirt (CZE/NSN) a 7:53Sepp Kuss (USA/TVL) a 8:59Igor Arrieta (ESP/UAD) a 9:14Clasificación de la etapa 12 del Giro de ItaliaAlec Segaert (BEL/TBV) – 3 h 53:00Toon Aerts (BEL/LOI) a 3 segundosThomas Silva (URU/XAT) a 3 segundosEthan Vernon (GBR/NSN) a 3 segundosJasper Stuyven (BEL/SOQ) a 3 segundosOrluis Aular (VEN/MOV) a 3 segundosMadis Mihkels (EST/EFE) a 3 segundosJhonatan Narváez (ECU/UAD) a 3 segundosEdoardo Zambanini (ITA/TBV) a 3 segundosSakarias Løland (NOR/UXM) a 3 segundos¿Cómo va Egan Bernal en el Giro de Italia 2026?El colombiano Egan Bernal sigue dentro del top 15 de la clasificación general y continúa en la pelea por acercarse a los puestos de privilegio. Aunque perdió tiempo importante en las etapas anteriores, el campeón del Giro 2021 todavía mantiene opciones de escalar posiciones en la alta montaña.Las próximas jornadas serán decisivas para definir si Bernal puede acercarse al top 10 y volver a ser protagonista en la lucha por la clasificación general del Giro de Italia 2026.
Las capturas en Venezuela de tres personas señaladas de participar en la desaparición y muerte de Yulixa Toloza abrieron un nuevo capítulo judicial en uno de los casos que más conmoción ha generado en Bogotá durante los últimos días. Sin embargo, aunque la Fiscalía colombiana anunció que avanzará en los trámites para pedir su extradición, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago advirtió que la entrega de los capturados a Colombia sería prácticamente inviable por las normas constitucionales venezolanas.Según explicó Buitrago, la Constitución de Venezuela, específicamente su artículo 69, y el Código Penal de ese país prohíben la extradición de ciudadanos venezolanos. Los tres capturados, dos hombres y una mujer, son de nacionalidad venezolana y fueron detenidos en territorio de ese país, luego de huir tras la muerte de Toloza, ocurrida después de un procedimiento estético en una clínica clandestina del sur de Bogotá.La exministra señaló que, aunque la extradición tendría enormes obstáculos legales, sí existe la posibilidad de que las autoridades venezolanas asuman directamente el proceso penal. Para ello, Colombia deberá enviar el material probatorio recopilado por la Fiscalía, incluyendo evidencias, testimonios y elementos técnicos relacionados con los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, conductas que también están tipificadas en la legislación venezolana.“Lo que se necesita es que se solicite a Venezuela investigar a estas personas por esos delitos, trasladando el material probatorio y asegurándose de que cumpla los estándares exigidos en ambos sistemas judiciales”, explicó Buitrago. En ese escenario, serían la Fiscalía y los jueces venezolanos quienes asumirían la investigación y eventual juzgamiento de los detenidos, mientras Colombia actuaría como país requirente y colaborador en el intercambio de pruebas.Los capturados fueron ubicados en los estados de Portuguesa y Aragua, en Venezuela, tras la activación de mecanismos de cooperación internacional e interceptaciones coordinadas con Interpol. Entre los detenidos estarían los administradores de la clínica estética Beauty Láser donde Toloza fue sometida al procedimiento y un hombre señalado de practicar la intervención sin contar con formación médica profesional.