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Abren investigación por afectación del servicio de transporte público en Urabá

La Superintendencia de Puertos y Transporte investigará a seis empresas de transporte intermunicipal de pasajeros.

298040_Blu Radio. Obras calzada Turbo-Chigorodó, Urabá / Foto: ANI
Blu Radio. Obras calzada Turbo-Chigorodó, Urabá / Foto: ANI

La Superintendencia de Puertos y Transporte abrió investigación preliminar para determinar el cese de actividades por parte de seis empresas de transporte público intermunicipal de pasajeros por carretera que operan en el Terminal de Transporte de Apartadó, y que habría contribuido a afectar la prestación del servicio público de transporte este miércoles en el Urabá antioqueño, en medio del paro cívico que azota a la región.

Las empresas investigadas son Coointur, Sotraurabá, Sotragolfo, Sotracor, Transportes Gómez Hernández y Cootransuroccidente.

Quejas de la ciudadanía y operativos en el Terminal de Transporte de Apartadó permitieron a la Supertransporte evidenciar que algunas de las rutas no se están prestando: desde Apartadó con destino a Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Tierralta, Chigorodó, Zungo y Carepa, entre otras.

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“Es nuestro deber velar por la prestación del servicio para el cual fueron habilitadas las empresas. Estamos investigando por qué no están movilizando a los ciudadanos desde y hacia Urabá”, indicó el superintendente Javier Jaramillo.

La entidad de control también consultó a las empresas bananeras que operan en la zona para que informen cuáles son las empresas de servicio de transporte especial y mixto que –según indagación preliminar– se han negado a prestar el servicio público en la zona.

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Las empresas de transporte indagadas tienen 3 días hábiles para responder a la Supertransporte, que además ordenó al Terminal de Transporte de Apartadó remitir diariamente la relación de despachos realizados por dichas empresas, con el fin de hacer un estricto seguimiento a la prestación del servicio en la región.

Si la investigación concluye que cualquiera de estas empresas dejó de prestar el servicio se expone a multas hasta de $546 millones, por la violación de las condiciones de la habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte.

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