Este es el Editorial de Ana Cristina:
El sábado anterior, durante la entrega de unas cámaras de seguridad para la ciudad de Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos le solicitó al director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, hacer un trabajo detallado para “quitarle los escoltas a la gente que no necesita y que estos vayan a proteger a la ciudadanía".
El presidente Santos dice que algunos de esos agentes de la policía que actualmente prestan servicio de escoltas se necesitan para proteger y reforzar la seguridad ciudadana.
Una de nuestras debilidades como ciudadanos es la tendencia a desviar el debate de su núcleo, de su centro. Nos cuesta entender la realidad porque, con frecuencia, permitimos que nos distraigan. Los medios de comunicación, las redes, los rumores. Un caso prototípico sucedió con el retiro de escoltas a algunos personajes públicos.
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Nuestra falta de concentración y de formación ciudadana raya con el folclor: ahora resulta que algunos personajes públicos están ofreciendo sus escoltas para “ajustar” los esquemas de seguridad de otros personajes públicos a quienes se les va a reducir.
Para empezar, es preciso señalar lo obvio: quienes no necesiten a sus escoltas, que los devuelvan al Estado pero que no hagan un show público de altruismo: ese es el dinero de los contribuyentes.
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El punto central aquí no es la cantidad de escoltas sino los resultados de las investigaciones de la Fiscalía frente a cada caso específico. Si la Unidad Nacional de Protección va a retirar escoltas de un esquema determinado es preciso que los protegidos y la opinión pública conozcan esos estudios previos que permitan entender por qué se disminuye o retira un esquema. ¿Por qué a la opinión pública? Porque los escoltas los pagamos nosotros, los contribuyentes.
Ahora, es urgente desterrar de los entes públicos y de ciertos sectores de la sociedad el estatus que supuestamente da tener escoltas: la protección especial debe obedecer a estudios de riesgo y no a posiciones sociales o cargos en sí mismos. Y esto no quiere decir que no existan cargos de alto riesgo: por supuesto que sí, es obvio, y más en un país tan polarizado como Colombia.
El panorama que vamos a enfrentar en 2017 con la reintegración de guerrilleros a la vida civil no será fácil. Todos los ciudadanos merecen protección del Estado, algunos más que otros, pero ese grado de riesgo lo deben estudiar las entidades correspondientes: no somos los medios de comunicación ni los ciudadanos de a pie los que decidimos el nivel de alarma y el esquema de seguridad de las personas.
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