Con relación a la tragedia en la cárcel de Tuluá, que deja 51 muertos y más de 30 heridos, producto de un amotinamiento y posterior incendio por intento de fuga de los internos, en Antioquia y Medellín la situación de hacinamiento es preocupante.
Según William Vivas, personero de Medellín, solo en las 27 cárceles de transitorias hay un hacinamiento que supera el 500 % y, por ejemplo, la cárcel El Pedregal, con capacidad para 3.165 internos, tiene actualmente 3.420. Por eso, el funcionario hizo una solicitud a la alcaldía y el gobierno nacional para que intervengan urgentemente y busquen soluciones.
“Nos preocupa por la situación de salud de estas personas, por la falta de garantías al derecho de la dignidad humana y por los riesgos que se pueden generar en tener tantas personas en estas condiciones, que no estamos exentos que pueda pasar con nosotros lo que pasó en el Valle del Cauca”, sostuvo el personero.
Para Jorge Carmona, defensor de derechos de la comunidad carcelaria, a las dificultades de alimentación que aún son recurrentes, se le suma la falta de atención en salud y traslado de los internos a otras ciudades lejos de sus familiares, lo que desencadena en constantes protestas.
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“Esto se fue regando por todo el país y hoy es un caos. Una cantidad de situaciones que conllevan a que la gente proteste con una cantidad de hechos que van en contravía de los derechos internacionales humanitarios”, dijo Carmona.
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Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter: "Colombia requiere una urgente reforma al sistema penitenciario. Lo ocurrido en Tuluá no puede ser visto como un hecho aislado. Las cárceles deben ser espacios dignos, seguros, que promueven la rehabilitación. Los victimarios son las primeras víctimas de la violencia", escribió.
Yucelly Rincón, defensora regional en Antioquia, sostuvo que el departamento supera el 48 % de hacinamiento y sólo el Valle de Aburrá el 240 %.
“En todos los municipios que he visitado hemos encontrado muchísimo hacinamiento en las estaciones de Policía, asimismo en las cárceles, la situación es delicada, a diario recibimos quejas por parte de los detenidos, su alimentación sigue siendo muy precaria, desde la defensoría contamos con alrededor de 400 defensores públicos que atienden en todo el departamento”, sostuvo Rincón.
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