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La JEP decretó medidas cautelares en dos cementerios del Urabá antioqueño donde más de 100 comparecientes indican que estarían los restos óseos de víctimas de desaparición forzada en el conflicto armado.
Esta directriz se determinó para los cementerios de los municipios de Mutatá y Carepa por un periodo de seis meses que podrían ser prorrogables, con fin de proteger posibles restos y detalles que aporten a la investigación del tribunal de paz.
Los dos campos santos fueron priorizados gracias a los testimonios e informaciones aportadas por 147 comparecientes como exmiembros de las Farc, civiles y exintegrantes y actuales miembros de la fuerza pública.
Además, investigadores del tribunal ya han adelantado inspecciones en esos dos espacios y se identificó que fueron sustraídos restos óseos de personas que fueron sepultadas en su momento con alias, sumado a que hay denuncias de extrabajadores de que enterraron hasta 20 cuerpos en una sola fosa común.
También se corroboró que se hicieron nuevas construcciones en puntos del cementerio de Carepa donde uno de los exmilitares señaló que fue dispuesto para que la Brigada 17 del Ejército Nacional depositara a víctimas del conflicto armado en condición de “NN”.
Según el auto de la JEP, se deben suspender las obras de remodelación y construcción en esos cementerios del Urabá que pudieran afectar los lugares donde hay inhumados cuerpos no identificados, todo como parte del macrocaso 04 sobre la situación territorial del Urabá pues se cometieron graves crímenes por parte de los agentes del estado, las guerrillas y los grupos paramilitares.
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