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Para el experto en minería y docente de la facultad de minas de la Universidad Nacional, Jorge Martín Molina, que existan el artículo 332 de la Constitución y la ley 136 de 1994, dos conceptos encontrados sobre la decisión y administración del subsuelo, crea en el país inestabilidad jurídica para las empresas mineras que podrían traer a las regiones procesos de extracción más seguros y limpios.
“Mientras los municipios avanzan en consultas o acuerdos, la nación piensa en demandarlos. Por eso, hay un limbo jurídico. Mientras la ley no esté clara, nadie invertiría en la exploración y explotación minera”, dijo.
Para el profesor Molina, otro riesgo es el desempleo en proyectos mineros ya en funcionamiento que sean betados y la llegada de grupos al margen de la ley que exploten desde la ilegalidad.
Por esta razón, el experto insistió en la necesidad de una ley orgánica, que reglamente de forma clara, la administración del subsuelo y que de garantía no solo a los inversionistas, sino a los habitantes de los territorios ricos en minerales.
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