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Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo se logró la liberación de los diez miembros de la fuerza pública que fueron retenidos desde el pasado miércoles por la guardia indígena cuando se encontraban en una vía rural de la comunidad Las Mirlas, del municipio de Carmen de Atrato, Chocó.
Según las autoridades, los siete militares y los tres policías estaban en la zona en una intervención a una mina ilegal cercana al resguardo El Fiera, cuando fueron abordados por los indígenas y despojados de su armamento y otros elementos. Sin embargo, niegan que estuvieran pisando suelo ancestral.
La fuerza pública ya interpuso una denuncia por secuestro desde el mismo momento de la retención, pero también interpondrá otra por tortura, según el coronel Clauder Cardona, comandante de la Policía de Chocó.
"Se está estudiando por parte del Ejército porque va a formular una denuncia por tortura, teniendo en cuenta que a dos de los soldados les pudieron el cepo (un elemento para impedir su movilidad en un pie), relató el oficial.
A pesar de que una comisión de la Alcaldía de El Carmen de Atrato y otras entidades estuvieron en el sitio para buscar la liberación, la comunidad indígena exigió la presencia de la Defensoría del Pueblo. Al sitio llegó una comisión de la entidad liderada por el defensor Regional de Chocó, Luis Murillo, en compañía de la Procuraduría General para Asuntos Étnicos.
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