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En Medellín se desarrolla un nuevo proceso de desalojo a diez familias y cinco locales comerciales de un edificio con problemas estructurales.
Este desalojo se realiza en el barrio Belén Rosales donde ya se encuentra el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, funcionarios de la Alcaldía, la Personería y demás autoridades para hacer este procedimiento a unas diez familias porque el centro comercial y residencial Alabama tendría problemas estructurales porque una parte quedó a medias en su construcción desde hace tres años.
"Traen a la fuerza pública para amedrentar a las personas, para decir que van a hacer lo que quieren porque trajeron a la Policía, porque como los que no conocen de la ley los van a sacar como unos perros de acá", sostuvo Juan Moncada, uno de los afectados quien mencionó que no va a desocupar.
Los propietarios sostienen que no evidenciaron ninguna falla estructural ni grietas. Sin embargo, la orden es un desalojo por tres meses para hacer unos estudios más profundos sobre la estabilidad de la estructura que cuenta con diez apartamentos y cinco locales comerciales, como una farmacia. Tatiana Ardila, abogada de los residentes, criticó que ni un plan de reubicación ha habido en esta evacuación.
"A la fecha no se les ha prestado apoyo de Defensoría o asesoría jurídica. No hay un plan de reubicación de apoyo y aquí hay adultos mayores, niños", señaló la abogada.
Sin embargo, Andrea Salazar, secretaria de Gestión Territorial de Medellín, indicó que se hará el censo para determinar quién realmente requiere un apoyo, pues no todos son verdaderos propietarios.
"El Dagrd compareció para hacer la revisión y la inspección de la edificación, encontrando que como la misma no había sido culminada, presentaba grandes riesgos para las personas que pudieran habitar. Co ello, se ordenó el desalojo preventivo", agregó la funcionaria.
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En el fondo de este desalojo hay un lío jurídico porque esta edificación sería parte de la estafa inmobiliaria de Invernorte y podría entrar en la liquidación para reparación de las víctimas. Los residentes dicen que se los quieren quitar para pagarle a los estafados, que son unas 750 familias.
En caso de que sí haga parte de ese proceso de reparación, los análisis deben determinar si el edificio se puede repotenciar o debe ser demolido para luego vender el predio.
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