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Segundo fallo de Contraloría llevaría a Mapfre a no responder por seguros de Hidroituango: expertos

Frente al engavetamiento o supuesto ocultamiento de una auditoría forense en EPM se podría investigar un delito penal.

Equipos instalados en casa de máquinas de Hidroituango (3).jpeg
Equipos instalados en casa de máquinas de Hidroituango .
Fotos: EPM

Expertos consultados por BLU Radio señalaron que ante lo manifestado por el alcalde Daniel Quintero y las conclusiones de las auditorías, como la forense a Hidroituango , además de una eventual ratificación de la Contraloría podrían ocasionar que la aseguradora no respondiera más mientras que el supuesto ocultamiento de ese informe podría implicar un delito.

Cabe recordar que la auditoría forense hecha por Jahv Mcgregor indica que hubo 33 hallazgos financieros y técnicos que serían causantes de la contingencia de Hidroituango en 2018 y los billonarios sobrecostos del proyecto.

Advierte, además, que de los problemas técnicos en las obras también hubo omisiones de EPM a las recomendaciones del board de expertos de que mantuviera los diseños originales para evitar una emergencia como la que ya pasó.

Por tal motivo, el economista Luis Guillermo Vélez, socio del Centro de Estudios de Economía Sistémica de Medellín (Ecim), dijo en BLU Radio que si bien Mapfre ya reconoció los primeros pagos, como debería ser, porque para eso se contrata una póliza, reconoce que sí se ratifican las condenas y se haya alguna responsabilidad de EPM se podría afectar la respuesta de los seguros.

“De acuerdo con el código no son asegurables los actos completamente atribuibles al asegurado o beneficiado del seguro. Los actos de dolo o de culpa grave no son asegurables; eso está en la ley. Entonces, si yo soy el de Mapfre en Colombia, que tiene que autorizar un cheque, pues no lo hago porque me pueden meter a la cárcel”, afirmó

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En el caso del ocultamiento de esta auditoría, que recibió de manera física el exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón en diciembre de 2018, el abogado penalista, Óscar Santamaría, explicó que se estaría incurriendo en un delito.

Según los artículos 292 y 293, la pérdida, destrucción u ocultamiento de documento público o privado que sirva como prueba en un proceso podría dar hasta 144 meses de prisión, es decir, 12 años.

“Hay que decir que todo ciudadano está amparado bajo la presunción de inocencia, pero la Fiscalía podrá investigar a esa persona a ese gerente, para ese momento histórico que ocultó ese documento, que podría servir como prueba para lo que se está llevando en Hidroituango”, aseguró el abogado Santamaría.

Además, se podría constituir en una falta disciplinaria gravísima sancionable con destitución o pérdida del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

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