A la cárcel 3 de 6 investigados por delitos contra administración pública en Meta

Por solicitud de la Fiscalía Seccional de la Unidad de delitos contra la Administración Pública fueron asegurados con detención intramuros un exalcalde, un interventor y un contratista, por hechos ocurridos en 2013 en Puerto López (Meta). La situación se habría presentado con base en irregularidades encontradas por la Contraloría Departamental, en la celebración de un contrato para la construcción de vías, por un valor de 4.762 millones de pesos. Esta obra fue contratada en 2013 para entregar en abril de 2015, la cual estaría incompleta, al parecer, ejecutada en un 55 % con problemas de calidad y de la cual habrían pagado un anticipo de más de 4.300 millones de pesos. Luego de 3 días de audiencias, el juzgado dio a conocer su decisión frente a la solicitud de la medida presentada por la Fiscalía. En ese sentido, ordenó medida intramuros contra el exalcalde de Puerto López, Leonardo Cruz García, quién solicitó por medio de su abogado ser trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá. Además, contra el contratista Diego Aldana Castro y el interventor Julián Daniel Molano Castillo, quienes fueron conducidos al centro carcelario del Ejército Nacional en Apiay, mientras el Inpec realiza su traslado a la cárcel de Villavicencio. El juzgado se abstuvo de imponer medida alguna contra la abogada Leidy Viviana Rojas Rodríguez, por considerar que su falta es más disciplinaria que penal, porque, al parecer, habría faltado a su compromiso en el ejercicio de su profesión. El togado ordenó medida no privativa de la libertad contra Fabián Andrés Garzón Plata, asesor jurídico y Yudy Milena Mogollón, secretaria de infraestructura de la administración municipal al momento de presentarse los hechos. Quienes, además, deberán presentarse todos los viernes ante la Fiscalía y ante autoridad que los requiera para observar buena conducta. Asimismo, tienen prohibido salir del país, ir a la Alcaldía de Puerto López, comunicarse con otros imputados o testigos y contratar con la administración pública. La medida impuesta contra los investigados fue apelada por la defensa.