Tras advertir el alarmante incremento del 44% en la deforestación en el Amazonas (de 56.952 a 70.074 hectáreas entre 2015 y 2016) y que el Estado no ha enfrentado esta problemática, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Presidencia y a las demás autoridades del Gobierno involucradas en esta responsabilidad, adoptar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger a la Amazonía Colombiana.
La Corte determinó que existe una relación entre la deforestación y la expansión de la frontera agrícola, los narcocultivos, la minería ilegal y la tala ilícita de los bosques de la región.
“Los reseñados factores generan directamente la deforestación de la Amazonía, provocando a corto, mediano y largo plazo, un perjuicio inminente y grave para los niños, adolescentes y adultos que acuden a esta acción y, en general, a todos los habitantes del territorio nacional, tanto para las generaciones presentes como las futuras, pues desboca incontroladamente la emisión de dióxido de carbono (CO2) hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, alterando el recurso hídrico y con ello, el abastecimiento de agua de los centros poblados y degradación del suelo”, dice el documento.
El Alto Tribunal advirtió además que las corporaciones autónomas regionales no están cumpliendo sus funciones de evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales, ni de sancionar la violación de normas de protección ambiental.
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Entre las acciones ordenadas, la Sala de Casación Civil pidió la elaboración del “Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano–PIVAC” para reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero, y la incorporación de componentes de preservación medioambiental en los planes municipales de ordenamiento territorial.
En consecuencia, el Gobierno deberá, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la tutela, formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se haga frente a los efectos del cambio climático, así como la construcción de un “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano -PIVAC”.
Adicionalmente, deberá en las 48 horas siguientes a la notificación de la tutela, incrementar las acciones tendientes a mitigar la deforestación y presentar con mensaje de urgencia las denuncias ante las entidades administrativas y judiciales correspondientes.
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La decisión se dio luego de estudiar una tutela que buscaba proteger los derechos a un ambiente sano, vida y salud de un grupo de 25 niños y niñas representados por el director del Centro de Estudios De Justicia.Tras advertir el alarmante incremento del 44% en la deforestación en el Amazonas (de 56.952 a 70.074 hectáreas entre 2015 y 2016) y que el Estado no ha enfrentado esta problemática, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Presidencia y a las demás autoridades del Gobierno involucradas en esta responsabilidad, adoptar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger a la Amazonía Colombiana.
La Corte determinó que existe una relación entre la deforestación y la expansión de la frontera agrícola, los narcocultivos, la minería ilegal y la tala ilícita de los bosques de la región.
“Los reseñados factores generan directamente la deforestación de la Amazonía, provocando a corto, mediano y largo plazo, un perjuicio inminente y grave para los niños, adolescentes y adultos que acuden a esta acción y, en general, a todos los habitantes del territorio nacional, tanto para las generaciones presentes como las futuras, pues desboca incontroladamente la emisión de dióxido de carbono (CO2) hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, alterando el recurso hídrico y con ello, el abastecimiento de agua de los centros poblados y degradación del suelo”, dice el documento.
El Alto Tribunal advirtió además que las corporaciones autónomas regionales no están cumpliendo sus funciones de evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales, ni de sancionar la violación de normas de protección ambiental.
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Entre las acciones ordenadas, la Sala de Casación Civil pidió la elaboración del “Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano–PIVAC” para reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero, y la incorporación de componentes de preservación medioambiental en los planes municipales de ordenamiento territorial.
En consecuencia, el Gobierno deberá, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la tutela, formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se haga frente a los efectos del cambio climático, así como la construcción de un “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano -PIVAC”.
Adicionalmente, deberá en las 48 horas siguientes a la notificación de la tutela, incrementar las acciones tendientes a mitigar la deforestación y presentar con mensaje de urgencia las denuncias ante las entidades administrativas y judiciales correspondientes.
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La decisión se dio luego de estudiar una tutela que buscaba proteger los derechos a un ambiente sano, vida y salud de un grupo de 25 niños y niñas representados por el director del Centro de Estudios De Justicia.
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