Defensoría del Pueblo denuncia incremento de acciones violentas en Tumaco

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por el incremento de las acciones violentas en Tumaco y en municipios ubicados en la cuenca del río Patía, especialmente Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán.De acuerdo al organismo, en tan solo seis días, entre el 29 de diciembre de 2017 y el 3 de enero de 2018, se registraron 14 homicidios en Tumaco, la mayoría de personas jóvenes.A estos casos, dice la Defensoría, se suma lo ocurrido este lunes en el municipio de Policarpa, donde fueron asesinadas cuatro personas en la vereda Santa Rosa del corregimiento Santa Cruz.Le puede interesar: ‘Éxodo 2018’ llevará estabilidad y acabará con la violencia en Tumaco: Ejército.De acuerdo a lo manifestado por el organismo, “la disputa por el control del territorio o las alianzas entre grupos armados ilegales en torno al negocio del narcotráfico está afectando los derechos fundamentales de la población afrocolombiana, indígena y campesina de Tumaco y la que habita sobre la ribera del río Patía”.Finalmente, la entidad resaltó la llegada de 2 mil militares a Tumaco y señaló que será un “factor que permitirá fortalecer la seguridad y la investigación de los hechos violentos ocurridos en ese territorio”.“La grave problemática humanitaria y social de esa región requiere una respuesta integral del Estado para superar las condiciones de vulnerabilidad de la población que carece del acceso a los derechos a la educación, salud, trabajo, agua potable y saneamiento básico, entre otros”, precisa.Este es el comunicado completo:La Defensoría del Pueblo emitió las Alertas Tempranas 003 y 004, del 4 y 7 de enero de 2018, debido al incremento de las acciones violentas en Tumaco y en municipios ubicados en la cuenca del río Patía, especialmente Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, que hacen probable el agravamiento de la situación humanitaria por la ocurrencia de amenazas, homicidios, confinamientos y desplazamientos forzados de la población.Estas alertas, informadas a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), se emiten debido al grave escenario de riesgo de vulneraciones de los derechos fundamentales para la población civil, que comienzan con el aumento de homicidios a pesar de los esfuerzos de las autoridades.De acuerdo con el informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2016 se registraron 152 homicidios en San Andrés de Tumaco y según información preliminar de la Policía Nacional y de la Secretaría de Gobierno, en el 2017 ocurrieron 222, es decir, 70 casos más.Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que la situación se agrave, ya que en tan solo seis días, entre el 29 de diciembre de 2017 y el 03 de enero de 2018, se registraron 14 homicidios en Tumaco, la mayoría de personas jóvenes.A estos casos se suma lo ocurrido el pasado 8 de enero en el municipio de Policarpa (Nariño), cuando fueron asesinadas cuatro personas en la vereda Santa Rosa del corregimiento Santa Cruz, al parecer, por acciones armadas del ELN y otros grupos armados ilegales. Otras tres personas fueron llevadas amarradas y hasta ahora se desconoce su paradero.Entre tanto, en el barrio Bello Horizonte de Barbacoas, el pasado 2 de enero asesinaron a dos menores de edad, de 13 y 14 años. Y ese mismo día, en la vereda Piscuandé de Roberto Payán, fueron encontrados tres cuerpos en alto grado de descomposición, con un letrero que decía ‘feliz navidad y próspero año nuevo’.El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha advertido que el escenario de confrontación entre grupos armados ilegales en Tumaco y en la cuenca del río Patía, hace prever la ocurrencia de hechos violentos que podrían generar graves consecuencias humanitarias como restricciones a la movilidad de los pobladores a determinadas horas de la noche; amenazas contra líderes sociales, autoridades étnicas, defensores de derechos humanos y autoridades locales; reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes; extorsiones; confinamientos de la población, desplazamientos forzados individuales y masivos, siembra de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados.Luego del trabajo en terreno de la Defensoría del Pueblo se encontraron factores de riesgo debido a la ocupación de los espacios abandonados por las Farc – EP, en Tumaco y en la cuenca del río Patía, por los grupos armados ilegales integrados por personas que no se acogieron al proceso de paz o que se apartaron del proceso de reincorporación de las FARC – EP que se autodenominan ‘Guerrillas Campesinas’, ‘Resistencia Campesina’, ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, ‘Los del Vaca’ y ‘Los de Sábalo’.Además, la disputa por el control del territorio o las alianzas entre grupos armados ilegales en torno al negocio del narcotráfico está afectando los derechos fundamentales de la población afrocolombiana, indígena y campesina de Tumaco y la que habita sobre la ribera del río Patía. Es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que aprovechando las áreas abandonadas por las Farc, amenazan con generar disputas por el control poblacional, territorial y la economía ilegal del narcotráfico y la minería ilegal que hay en el corredor del río Patía.Por otra parte, el apoyo a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito relacionado con el punto 4 del Acuerdo Final de Paz, se ha constituido en un factor de muy alto riesgo para los alcaldes de Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüi Payán, así como para diferentes Consejos Comunitarios.La Defensoría del Pueblo considera que el reforzamiento de la presencia militar y policial en Tumaco y la costa Pacífica nariñense es un factor que permitirá fortalecer la seguridad y la investigación de los hechos violentos ocurridos en ese territorio. Sin embargo, la grave problemática humanitaria y social de esa región requiere una respuesta integral del Estado para superar las condiciones de vulnerabilidad de la población que carece del acceso a los derechos a la educación, salud, trabajo, agua potable y saneamiento básico, entre otros.