La Superintendencia de Transporte formuló pliego de cargos en contra de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A.-SACSA, concesionaria del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, y de la empresa Aerosupport S.A.S., por presuntamente vulnerar los derechos de usuarios de aviación privada.
De acuerdo a la Supertransporte, Sacsa y Aerosupport habrían incumplido la obligación de suministrar información oportuna y adecuada sobre los servicios y los costos que deben asumir los usuarios a la hora de realizar el suministro de cuñas de aseguramiento y conos de señalización, cargue y descargue de la aeronave, suministro de equipos y la disposición de personal en tierra para el traslado de personas con movilidad reducida y vigilancia privada, entre otros.
“Al parecer, también existe la obligatoriedad para estos usuarios de tomar “servicios handling” no requeridos sin que se les permitiera ejercer el derecho de elección, tal como lo expresa el artículo 3 y el artículo 35 en su numeral 1.7 de la mencionada norma, pues se estaría suministrando y/o cobrando servicios como el servicio de señalero, el carreteo y parqueo, cuando estos no fueron solicitados por los usuarios de la aviación privada en todos los casos”, detalló la Supertransporte.
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La entidad también explicó que según la investigación, estos servicios no fueron solicitados por los aviadores privados, fueron dispuestos y vendidos como un “paquete de servicios básico de handling”.
Además, señalan que se les imposibilitó a estos usuarios la libertad de escoger, lo que evidencia posibles ventas atadas.
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“Se denunció la obligatoriedad con que debían tomar estos servicios, algunas veces con la imposibilidad de ser contratados o adquiridos por separado, lo que hacía inviable asumir el costo individual por cada uno de ellos, incurriendo aparentemente los investigados en una presunta venta atada”, aseguró el superintendente, Wilmer Salazar.
Tras la denuncia interpuesta por la Asociación Colombiana de Aviación Civil General – AOPA, la empresa Aerosupport S.A.S., presuntamente no cumplió con la obligación de suministrar la información que legalmente le fue requerida por la Supertransporte.
Esta es la primera vez que se inicia una investigación contra una empresa de servicios de escala y contra el concesionario de un aeropuerto, por presuntamente violar los derechos de los usuarios de la aviación general privada. En caso de ser encontradas responsables, cada una podría ser sancionada con multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes.
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