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El Grupo Aeroportuario del Caribe, que está a cargo de la operación del Ernesto Cortissoz y de las multimillonarias obras de modernización que hace seis años se adelantan en esta terminal aérea, convocó al Tribunal de Arbitramento para reclamar a la Nación la suma de 720.000 millones de pesos como compensación por las afectaciones derivadas del COVID-19.
Entre los perjuicios causados por la pandemia, el Grupo Aeroportuario alude afectación por tráfico y pérdidas de ingreso.
Sin embargo, este martes, la Agencia Nacional de Infraestructura consideró que “esa afectación no existe y que el concesionario está obligado a cumplir el contrato en las condiciones actuales”.
En 2015, el aeropuerto de Barranquilla fue entregado en concesión por la ANI al consorcio Grupo Aeroportuario del Caribe por 20 años con el compromiso de la ampliación y modernización del terminal aéreo.
No obstante, seis años después de iniciada la remodelación y con una inversión contemplada en 610.000 millones de pesos, las obras siguen inconclusas.
Dados los retrasos, la ANI afirma que está "adelantando un proceso sancionatorio que puede derivar en la imposición de una multa", por lo que el concesionario, contrario a lo que busca con su reclamo, podría verse obligado a pagar una millonaria suma.
Aunque algunas obras han sido entregadas, de casi todas ha habido quejas. Lo primero que causó rechazo generalizado fue la fachada del aeropuerto, que para muchos se asemeja a un "baño público" por el azulejo utilizado.
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Luego, no han parado las críticas área por área: desde la incomodidad de las zonas de espera hasta las deficiencias del aire acondicionado y las goteras en cada zona.
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