La juez décima penal de control de garantías envió a detención domiciliaria para 10 de los imputados por el caso del desfalco a Colpensiones, quienes se allanaron a los cargos.
Además, dictó medida no privativa de la libertad para otro, dado los problemas de hacinamiento en los centros carcelarios y la crisis de salud por la pandemia del COVID-19.
Indicó que los procesados no podrán ejercer como abogados mientras se encuentren vinculados a al proceso y deberán comprometerse con su comparecencia.
No soy ajena a lo que estamos padeciendo en salud pública por la pandemia que nos aqueja, más sin embargo, debo anotar que mi rol de juez de la república debe estar sujeto al imperio de la ley
"En mérito de lo expuesto el juzgado décimo penal municipal impondrá medida de aseguramiento preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento”, añadió.
William Eduardo Gerónimo Saltarín, quien fungía como sustanciados del juzgado catorce laboral del circuito de Barranquilla, a quien le fue imputado un solo delito cuya pena no es superior a cuatro años, fue el único cobijado con medida no privativa de la libertad.
La juez también concedió permiso para trabajar a la pareja de abogados conformada por María Giselle Romero García y David Andrés Guarguati Méndez, quienes, pese a no poder ejercer su profesión, sí podrán ocuparse en una panadería de su propiedad.
El permiso de trabajo también fue concedido al mototaxista José Gregorio Hernández, por ser el sustento de sus tres hijos menores de edad. El hombre fue vinculado al proceso por prestarse para recibir una pensión a la que no tenía derecho.