Por permitir el pago irregular de más de 16.000 millones de pesos a dos IPS para la atención de pacientes con hemofilia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín.
Se trata de un fallo de primera instancia, en el que el órgano de control señala que el exgobernador, para el periodo 2012-2015, no ejerció la debida función de vigilancia y control, y autorizó el pago a dos IPS privadas, aunque la normativa obliga hacerlo con Empresas Sociales del Estados (ESE).
“El monto que autorizó pagar el exmandatario local obedeció a la prestación de servicios de salud por medio de las IPS Fundación Ciénaga de la Virgen y Asistegral, con lo que omitió el cumplimiento de la normativa que regula la obligatoriedad de contratar Empresas Sociales del Estado, ESE, para la atención de pacientes”, indicó la Procuraduría, que en el fallo también señala que los procedimientos médicos que se pagaron no cumplían los parámetros señalados por el Consejo de Estado.
El Ministerio Público encontró acreditada la comisión de la falta de Gossaín Rognini y la calificó de forma definitiva como gravísima cometida a título de culpa gravísima.
A través de sus redes sociales, el exmandatario bolivarense señaló que en este caso “no hubo robo mi corrupción”, sino lo necesario para crear un escándalo para alejarlo de la vida pública.
“Fue mi intención al culminar el mandato de gobernador alejarme de la política, ahora ya es oficial, lo lograron quienes así lo necesitaban. Lo que si no podrán nunca es limpiarse de semejante infamia”, escribió en su cuenta de Twitter.
En un un hilo que tituló ‘Cronología de una infamia’, Gossaín aseguró que la factura por la que fue sancionado fue pagada en noviembre de 2012, tres meses después de que la Superintendencia de Salud levantará la intervención sobre la Secretaría de Salud de Bolívar; y que la misma Superintendencia había dejado revisada y auditada la factura.
“En 2020 la Fiscalía General (delegada ante la Corte Suprema) archivó toda actuación contra mi en el caso de pacientes hemofílicos señalando que no es atribuible ninguna acción “ni por apropiación de recursos del estado, ni por prevaricato por omisión en la defensa de la entidad”, sostuvo.
"Pese a demostrar que actuamos en la misma forma que lo hicieron los cuatro interventores de la Superintendencia de Salud, la Procuraduría, con fecha octubre 12 de 2022, acaba de inhabilitarme por diez años para ejercer cargos públicos”, dice el resto del mensaje.
Este fallo también cobija a la secretaria de Salud titular, Ana María del Carmen Álvarez Castillo, a la encargada Bertha María Pérez López, por 12 años a la directora técnica de aseguramiento y prestación de los servicios de la Secretaría de Salud, Nacha Newball Jiménez; y sanción de suspensión por cuatro meses a Luis Eduardo Ortiz Herrera, profesional especializado de la precitada Gobernación de Bolívar.
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