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El juez promiscuo de Puerto Colombia, Alberto Mario Ospino Soto, quien frenó el proceso de caducidad que ordenó el Ministerio de las TIC sobre el contrato por un billón de pesos para llevar conectividad a las escuelas de las áreas rurales del país adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados, ha estado envuelto en otras decisiones complicadas y polémicas.
El togado también tuvo en sus manos uno de los tantos procesos judiciales por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y, en diciembre de 2020, libró las órdenes de captura contra dos jueces y un fiscal de la capital atlanticense por posibles decisiones amañadas.
Lo anterior ante los cuestionamientos jurídicos de la familia Acosta Bendek y Acosta Osío por las decisiones de esos tres funcionarios en el restablecimiento de derechos a la familia Jaller sobre la Unimetro, el otro bando en disputa.
El desarrollo del proceso contra los dos jueces y el fiscal ratificó el control que hoy tiene sobre la universidad el rector Juan José Acosta Osío, hermano del empresario y excónsul de Polonia, Luis Fernando Acosta Osío.
Este empresario barranquillero resultó salpicado en el escándalo por las grabaciones en las que el entonces senador Eduardo Pulgar le ofrecía "200 barras" a un juez de Usiacurí (Atlántico) para favorecer a Acosta en el pleito por la institución de enseñanza superior.
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