El Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá con función de conocimiento confirmó en las últimas horas la medida de aseguramiento en contra de Carlos Jorge Jaller Raad, exrector de la Universidad Metropolitana, quien enfrenta un juicio por su presunta responsabilidad en un millonario desfalco a los recursos de la institución.Jaller es señalado de liderar una estructura que, según la investigación, que inició en el año 2018, habría desviado más de 30 mil millones de pesos pertenecientes al patrimonio estudiantil.El Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana emitió un comunicado en el que respaldan la determinación del juzgado y reafirman su condición de víctimas en este caso.“La administración de justicia de la República de Colombia cuenta con evidencias suficientes que confirman que el señor Jaller y su clan delincuencial se apropiaron de miles de millones de pesos de la Universidad Metropolitana”, se lee en el boletín.Así mismo, el Consejo Directivo expresó su preocupación por la lentitud en el avance del proceso judicial, que también involucra a la esposa del exrector y a otros ex funcionarios de la institución, por lo que hacen una llamado a las autoridades para que se agilicen las actuaciones procesales. “Pedimos celeridad en su trámite”, dicen.Adicionalmente, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que activen “los mecanismos de cooperación judicial existentes con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efectos de lograr la captura y extradición de Jaller”, quien actualmente no se encuentra en el país.
Este lunes se entregó ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía de Barranquilla, el fiscal 56 seccional Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera sentido de fallo condenatorio en su contra por el delito de prevaricato por omisión.En medio de la investigación se determinó que Orozco Pertuz omitió la asignación de cuatro procesos a otro fiscal en Bogotá y duró cerca de 120 meses para enviar las carpetas con los documentos que contenían información sobre la disputa por el desfalco de la Universidad Metropolitana.El pasado viernes el Tribunal Superior de Bogotá había emitido una orden de captura en contra del fiscal una vez dio a conocer el sentido del fallo condenatorio. Ahora se está a la espera de una nueva audiencia que será realizada el próximo 18 de abril a las 9 de la mañana para conocer la pena que se le impondrá.Vale recordar que en el año 2020 el fiscal Orozco Pertuz ya había sido capturad por el mismo caso, sin embargo, posteriormente recobró su libertad y siguió vinculado al proceso.
En una decisión emitida el pasado 17 de octubre por la Comisión Nacional de Disciplina, fue ordenada la destitución e inhabilidad por diez años para el Jorge Mola Capera, el polémico magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a quien desde 2018 le estaban investigando por presuntas irregularidades cometidas en fallos de tutelas que relacionaban el pleito entre la Fundación Acosta Bendeck y la Universidad Metropolitana de Barranquilla.De acuerdo con la rama judicial, Mola incurrió en prevaricato por acción, bajo la modalidad dolosa, al haber dado legitimidad a Alberto Enrique Acosta Pérez como representante legal de la Fundación Acosta Bendeck, en un proceso que debió remitir a la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla.Cita el fallo que esta es una conducta típica, ilícita y culpable, que constituye una falta disciplinaria al haber decretado medidas provisionales, con las que afectó el debido proceso a la ciudadana Ivonne Acosta Acero, quien también reclamaba legitimidad de representación de la citada fundación.Es importante mencionar que Mola Capera ya en el pasado incluso ha sido imputado por la Fiscalía General de la Nación en medio de una investigación por presunto incremento patrimonial injustificado en más de $1.350 millones entre 2011 y 2019. Además, tiene más de 20 investigaciones abiertas entre penales y disciplinarias.Le puede interesar:
El excongresista Eduardo Pulgar, quien paga una condena de 4 años y 8 meses de prisión por intentar sobornar a un juez en medio de la disputa por el control de la Universidad Metropolitana, ahora servirá de testigo en el juicio que inició contra el magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Mola Capera, también involucrado en este pleito de Unimetro.Mola Capera fue acusado por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo (en tres decisiones) y enriquecimiento ilícito de servidor público, a raíz de los cuestionados fallos que emitió en la contienda de la familia Acosta Bendek por el control de la mencionada universidad.En audiencia preparatoria de juicio adelantada esta semana, la Corte Suprema consideró "relevante" que Pulgar sirva como testigo, ya que su testimonio le permitiría a la Fiscalía demostrar que la disputa de los Acosta Bendek era de conocimiento público y que el accionar del magistrado estuvo informado del contexto de ilegalidad en que se desarrolló dicha pelea familiar.Como se recordará, en su momento Pulgar tomó partido en este pleito, ofreció dádivas y usó sus influencias como congresista para intentar resolver de manera amañada esta disputa, así que para la Corte su testimonio es “pertinente y útil” para demostrar si las decisiones de Mola Capera se dieron o no en un entorno de criminalidad.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la empresa concesionaria Unimetro, una de las cuatro entidades privadas encargadas de la circulación de buses del MIO en Cali desde el año 2010, en medio de una crisis que había llevado el 30 de noviembre de 2022 a cerrar las actividades laborales y de transporte de usuarios por parte del operador.De acuerdo a su representante legal, Néstor Trochez, se presentaron retrasos en el pago por la venta de tiquetes por parte de Metrocali a la entidad de hasta el 50 % en los primeros ochos años y que, de 2020 a 2022, habían hecho insostenible la operación, llegando a capitalizar deudas cercanas a los 199.000 millones de pesos, razón por la cual la Supersociedades ordenó la liquidación de la empresa."Tenemos que hacer el avalúo de los bienes que serán vendidos a cambio de saldar la mayoría de obligaciones pendientes con bancos, proveedores y empleados", aseguró Trochez. Con el cierre de Unimetro se perderán 220 puestos de trabajo entre conductores, mecánicos y personal administrativo en una compañía que, en tiempos pasados, logró tener a 617 empleados dentro de su nómina. El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, explicó, desde su cuenta de Twitter, que Luis Fernando Arboleda fue nombrado como el liquidador de Unimetro, en medio de un proceso fallido de reorganización de la empresa concesionaria, de la cual, su contrato con el ente central del sistema, fue cancelado de manera inmediata. Ante este panorama, el MIO solamente cuenta con tres operadores para una operación que representa a 230.000 pasajeros diarios: GIT Masivo, Blanco y Negro y ETM, empresas operadoras que denunciaron que, para la segunda nómina de noviembre de 2022, Metrocali les adeudaba 80.000 millones de pesos por la venta de pasajes en el MIO. Le puede interesar:
De manera formal, el Fiscal 90 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá acusó por concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado a Jorge Hernández Cassis, exasesor de rectoría de Unimetro, ya que habría estado involucrado en el multimillonario desfalco esa institución cuando se desempeñaba como asesor de la rectoría de este centro de educación superior.En el escrito de acusación, la Fiscalía asegura que Hernández Cassis acordó voluntad delictiva con el entonces rector Carlos Jaller y la esposa de este, Ivonne Acosta, “con el fin de seguir defraudando patrimonialmente a la Universidad Metropolitana de Barranquilla”.Entre los hechos que destaca la Fiscalía está un convenio de 2014 con el que el entonces rector Jaller le otorgó a Hernández un contrato de consultoría por 40 millones de pesos, el cual, según el ente acusador, “fue prolongado hasta 2016 con el soterrado ánimo de defraudar patrimonialmente a la universidad”.Como se recordará, Hernández fue capturado el pasado 31 de mayo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, una vez arribó desde los Estados Unidos. Ahora enfrentará un juicio oral en el que, de ser hallado culpable, podría ser condenado a pagar hasta 12 años de cárcel.Por este presunto desfalco de 30.000 millones de pesos, tres personas han quedado a disposición de las autoridades, mientras que el exrector Jaller y su esposa, Ivonne Acosta, siguen prófugos de la justicia.Le puede interesar:
Este martes, minutos después de haber aterrizado desde Estados Unidos, autoridades migratorias y de Policía capturaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a Jorge Hernández Cassis, quien es requerido por la justicia hace tres meses por el supuesto desfalco por más de 30.000 millones de pesos a la Universidad Metropolitana de Barranquilla.Hernández Cassis, persona cercana al exrector Carlos Jaller, es requerido por el fiscal 90 anticorrupción delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual lleva la investigación por el saqueo a la Unimetro. Así, en audiencia prevista en las próximas horas, el ente acusador le imputará cargos por el delito de fraude procesal y solicitará medida de aseguramiento.El supuesto saqueo a las arcas de la Unimetro habría ocurrido durante los dos años en los que Carlos Jaller se desempeñó como rector de la institución, por lo que también pesa una orden de captura contra este exfuncionario y su esposa Ivonne Acosta, quienes aún permanecen prófugos de la justicia.Por este mismo caso, en marzo pasado se entregó Dorina Tapias Turizo, persona cercana al exrector Jaller y quien es procesada por presunto enriquecimiento ilícito.
Un juez ordenó el embargo de 13 inmuebles, cuentas bancarias y CDT’s por cerca de $13 mil millones a nombre de Dorina Tapia, pareja sentimental del exrector de la Unimetro de Barranquilla, Carlos Jaller, quien se encuentra prófugo.El juez promiscuo municipal de Juan de Acosta, Atlántico, ordenó embargar las cuentas e inmuebles de Dorina Tapia, integrante del 'Clan Jaller', imputada y privada de la libertad en el marco de la investigación que adelanta la justicia por el desfalco de la Universidad Metropolitana de Barranquilla por más de 30 mil millones de pesos.Tapia, quien es pareja sentimental del exrector del centro académico, Carlos Jaller, fue imputada por el delito de enriquecimiento ilícito toda vez que la Fiscalía General de la Nación cuenta con las evidencias de su posible participación en el plan criminal que desembocó en el saqueo a la universidad.Lea también:En total son 13 inmuebles, ubicados en Barranquilla y Magangué, los que fueron secuestrados. Igualmente, el juez ordenó "el embargo y secuestro preventivo de cerca de 13.000 millones de pesos depositados en varias cuentas y CDT´S".Cabe recordar que Carlos Jaller actualmente es prófugo de la justicia, pues en marzo las autoridades libraron orden de captura en contra de él en el marco de la investigación del saqueo a la Unimetro y debe responder por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, delitos informáticos y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado.Escuche más noticias:
Acompañada de su abogado, llegó pasado el mediodía de este miércoles, 16 de marzo, a las instalaciones de la Uri de la Fiscalía de Barranquilla Dorina Tapias Turizo. La mujer sería una persona muy cercana al exrector de la Universidad Metropolitana Carlos Jaller, quien también es buscado por las autoridades y se encuentra prófugo junto a su esposa Ivonne Acosta, y otro exrector, Jorge Hernández.En contra de Tapias existía una orden de captura por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.Esta mujer fue vinculada a la investigación por el desfalco cercano a los 30.000 millones de pesos a las arcas de la Universidad Metropolitana durante los dos años en que Carlos Jaller fue rector de la institución.Vale decir que este es el mismo escándalo por el que fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión el exsenador Eduardo Pulgar. Esto luego de que tratara de sobornar a un juez para beneficiar a su amigo Luis Fernando acosta Osio dentro del litigio que enfrenta la familia del fallecido exsenador Gabriel Acosta Bendek por una millonaria herencia.Escuche el podcast 'Sin Tabú':
Samuel David Arredondo Galezo, de 23 años y estudiante de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, fue expulsado por supuestamente promover alteraciones de orden público en contra de la institución. En respuesta a ello se encadenó durante varias horas para exigir su reintegro. "Me acusan de una protesta donde yo alteré el orden público y eso no es cierto. Los que se quedaron conmigo estaban por su propia voluntad. Yo no retuve a funcionarios, son mentiras de la universidad", relató.Solo con intervención de la Arquidiócesis, el joven accedió a desencadenarse, pero afirma que seguirá en la lucha legal para que le permitan regresar, terminar sus prácticas y graduarse."Como yo no confiaba en nadie buscaron a la Arquidiócesis para tratar de convencerme, pero la verdad no se ha llegado a ningún acuerdo ni nada, ni por escrito", explicó el estudiante.El problema para este joven empezó en 2020, cuando por temas de pandemia, fueron suspendidas las prácticas para quienes cursan carreras de la rama de la salud.Por medio de videos publicados en Instagram, Arredondo denunció lo que para él eran abusos por parte de la universidad, ya que la institución decidió abrir matrículas para el segundo semestre de 2020 por valor de 8 millones de pesos sin que se hubiese concluido el semestre anterior por cuenta de la pandemia.El joven también denunció cómo los líos jurídicos que hace años mantienen la familia Acosta por el control de la universidad también han afectado al estudiantado y, por eso, dice el joven, los directivos lo expulsaron de la institución en 2020.Después de interponer una tutela, en marzo pasado un juez de Valledupar ordenó a la universidad reingresar al estudiante y la institución obedeció, pero luego retomó el proceso disciplinario y decidió expulsarlo nuevamente el pasado 12 de octubre, razón por la que ese mismo día, en señal de protesta, se encadenó a las afueras del hospital Metropolitano, donde realiza sus prácticas.
Las redes sociales han impulsado una nueva forma de hablar sobre los hábitos de todos los días, el maxing. El término se usa para describir la idea de llevar al máximo una actividad o característica, desde hacer ejercicio y cuidar la apariencia hasta intentar optimizar distintos aspectos de la vida.Aunque algunas de estas prácticas pueden limitarse a hábitos cotidianos, el concepto también está relacionado con tendencias que llevan la búsqueda de una mejor apariencia a niveles extremos. Especialistas han advertido especialmente sobre el fenómeno del looksmaxing, debido a que algunas de las prácticas difundidas en internet pueden representar riesgos físicos y afectar la relación de los jóvenes con su propia imagen.¿Qué es el maxing y por qué genera preocupación?El sufijo “-maxing” proviene de la idea de maximizar algo y tiene antecedentes en la cultura de los videojuegos, donde términos como min-maxing se usaban para describir la optimización de determinadas características de un personaje. Con el tiempo, la expresión pasó a utilizarse en internet para hablar de diferentes formas de autooptimización.Una de sus expresiones más conocidas es el looksmaxing, centrado en mejorar la apariencia física. Dentro de esta tendencia se suele hablar de softmaxing, asociado con prácticas como el cuidado de la piel, el ejercicio, la alimentación, el arreglo personal y la forma de vestir. Estas actividades no necesariamente son perjudiciales por sí mismas, aunque los especialistas advierten que también pueden convertirse en conductas excesivas.El problema aparece cuando la búsqueda de cambios físicos lleva a métodos más extremos. El denominado hardmaxing puede incluir procedimientos invasivos, dietas muy restrictivas, uso de esteroides o prácticas sin respaldo médico. Expertos han advertido sobre comportamientos como intentar modificar la estructura del rostro mediante golpes y sobre el uso de sustancias promovidas en redes sociales.La Universidad de Michigan también ha señalado que algunas prácticas difundidas dentro del looksmaxing pueden relacionarse con problemas de imagen corporal y conductas alimentarias perjudiciales. Entre los comportamientos extremos mencionados aparecen las restricciones severas de comida y los intentos de modificar los rasgos faciales mediante métodos peligrosos.La presión puede aumentar cuando las redes sociales convierten la apariencia en una especie de competencia. Algunos jóvenes incluso recurren a aplicaciones que califican sus rostros mediante inteligencia artificial, lo que puede aumentar la preocupación por características como la mandíbula, los pómulos o la piel.Por eso, los especialistas diferencian entre hábitos de cuidado personal y conductas que pueden poner en riesgo la salud. El hecho de que una práctica sea presentada como una forma de “mejorarse” en redes sociales no significa que sea segura, especialmente cuando implica procedimientos, sustancias o cambios extremos en la alimentación.Un estudio publicado en el Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery analizó recientemente contenidos relacionados con looksmaxing y encontró una importante presencia de publicaciones sobre prácticas estéticas potencialmente peligrosas. Los autores también identificaron narrativas que presentan estas conductas como formas de superación personal y que pueden contribuir a normalizar los riesgos.
“Colpensiones lo estoy entendiendo”, “me tiraron a los toros” y “sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente” fueron algunas de las frases pronunciadas por Carlos René Montoya durante su primera intervención ante la Comisión Séptima del Senado, un día antes de que el presidente Abelardo De La Espriella le solicitara su renuncia a la presidencia de Colpensiones. La decisión fue confirmada este jueves, 24 de septiembre, y estuvo relacionada con las dificultades que tuvo el funcionario para responder preguntas sobre el presupuesto, el funcionamiento de la entidad y los retos del sistema pensional.Montoya llevaba apenas dos días en el cargo cuando fue citado al Congreso para explicar asuntos relacionados con el presupuesto de Colpensiones. Al comenzar su intervención, reconoció que todavía estaba conociendo la entidad y pidió que una de sus asesoras, Sandra Camargo, explicara algunos detalles. Sin embargo, desde la Comisión Séptima le señalaron que, al ser el funcionario citado, debía ser él quien respondiera directamente los cuestionamientos de los senadores.Fue entonces cuando pronunció una de las frases que terminaría marcando su breve paso por la entidad: “Administrativamente, Colpensiones, lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”. También manifestó durante la sesión: “Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”. Esta intervención generó cuestionamientos de congresistas por las dificultades para explicar las cifras presupuestales y aspectos relacionados con la operación de la entidad y la implementación del nuevo modelo pensional.La Comisión Séptima terminó aplazando la discusión y había previsto una nueva citación para que Montoya ampliara sus explicaciones sobre el presupuesto de 2027. Sin embargo, antes de que pudiera regresar al Senado, el Gobierno decidió solicitarle la renuncia. Según la Presidencia, la determinación se produjo después de evidenciarse dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales de Colpensiones y del sistema pensional.Así, las expresiones que Montoya utilizó para explicar que apenas comenzaba su gestión terminaron convirtiéndose en el centro de la controversia que derivó en su salida. La renuncia fue presentada y puesta a disposición del Gobierno tras la solicitud del presidente De La Espriella.
Los cantantes Ozuna, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Tito Double P figuran entre los doce primeros artistas que actuarán en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebran el próximo 22 de octubre en Miami, según anunció este jueves la cadena Telemundo.Otros artistas que cantarán en la gala son el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, cuyo disco 'La parranda es mía' opta a álbum tropical del año; Xavi, candidato a canción regional mexicana del año por 'No capea', con Grupo Frontera, y el trío de hermanos Yahritza y Su Esencia, que estrenó su primer álbum, 'Metamorfosis'.También subirán al escenario el mexicano Carlos Rivera, que llevó su gira 'Vida México' de su país a España, y el colombiano Kapo, que encabezó varias listas de Billboard con 'La villa', junto con Ryan Castro y Gangsta.Completan el cartel la rapera dominicana Melymel, conocida como 'La Mamá del Rap'; el intérprete de música mexicana Chuyin, que presenta su disco de debut, 'Los locos nunca mueren', y la cantante filipino-cubana Riza, que colaboró con Pablo Alborán.La gala tendrá como maestros de ceremonias a la actriz colombiana Carmen Villalobos, que ya la presentó en 2024, y al comunicador mexicano Javier Poza, que lo hizo en 2025.La ceremonia se transmitirá en directo por la cadena Telemundo y la plataforma Peacock, y llegará a América Latina y el Caribe a través de Telemundo Internacional.
Más de 100 personas se reunieron en Mar de Plata, Argentina, para despedir a un familiar y lo hicieron con potente caravana de motos, sin embargo, durante el recorrido comenzaron a realizar “maniobras extremas, pruebas de velocidad y circulaban en contramano ocupando ambos carriles”, según las autoridades, por lo que tuvieron que intervenir por el bien del orden público.“Un cortejo fúnebre con alrededor de 100 motos terminó en disturbios y maniobras temerarias. Desde el COM hicimos el seguimiento por cámaras y desplegamos un operativo cerrojo junto a Patrulla Municipal, Tránsito y fuerzas policiales”, indicó el intendente municipal del Partido General, Agustin Neme, sobre la situación.Las autoridades policiales, efectivos de Infantería, Caballería, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), personal de Tránsito y la Patrulla Municipal fueron los encargados de realizar el operativo de control en la zona, pero lo que no pensaron era que alguno tenía problema, hasta un pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026. El aviso había sido solicitado en una causa por robo agravado. Hubo múltiples sanciones por maniobras temerarias de velocidad y resistencia a la autoridad.Varios motociclistas intentaron escapar del sitio al ver la gran cantidad de autoridades llegar a la zona y algunos hasta abandonaron el punto, todo esto permitió que trasladaran alrededor de 42 motocicletas a los patios o algunas incautadas por esta situación.“El resultado: 42 motos secuestradas, 100 actas de infracción y una moto con pedido de secuestro activo. Gracias a la Policía por el trabajo conjunto y por actuar con firmeza para poner orden. La calle no es una pista ni tierra de nadie. El que pone en riesgo a los demás, se queda sin moto”, añadió.En video quedó tanto la caravana como todo el operativo en donde fueron trasladadas las motocicletas a los patios en varias grúas que llegaron hasta ese punto.
El municipio de Bahía Solano se prepara para recibir una nueva infraestructura aeroportuaria que busca fortalecer la conectividad aérea y las condiciones para el desarrollo turístico de esta localidad importante para el desarrollo del departamento del Chocó.Será la Gobernación del Chocó la que realizará la entrega protocolaria de las obras de mejoramiento de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea del Aeropuerto José Celestino Mutis, esto, con una inversión de $31.195 millones, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.El proyecto incluyó la construcción de la terminal de pasajeros, así como el cerramiento perimetral de seguridad y otras obras requeridas para garantizar el funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.La ejecución estuvo a cargo de la Asociación de Municipios Urabá Darién–Caribe, mientras que el municipio de Bahía Solano figura como entidad beneficiaria de la intervención.De acuerdo con la Gobernación, las nuevas obras permitirán fortalecer las condiciones aeroportuarias de Bahía Solano, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento y, además, la infraestructura también busca aportar mejores condiciones para la conectividad de la región.Según los expertos, la inversión representa una intervención relevante para un territorio cuya conexión aérea tiene importancia tanto para la actividad turística como para la movilidad de residentes y visitantes.
