El Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá con función de conocimiento confirmó en las últimas horas la medida de aseguramiento en contra de Carlos Jorge Jaller Raad, exrector de la Universidad Metropolitana, quien enfrenta un juicio por su presunta responsabilidad en un millonario desfalco a los recursos de la institución.Jaller es señalado de liderar una estructura que, según la investigación, que inició en el año 2018, habría desviado más de 30 mil millones de pesos pertenecientes al patrimonio estudiantil.El Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana emitió un comunicado en el que respaldan la determinación del juzgado y reafirman su condición de víctimas en este caso.“La administración de justicia de la República de Colombia cuenta con evidencias suficientes que confirman que el señor Jaller y su clan delincuencial se apropiaron de miles de millones de pesos de la Universidad Metropolitana”, se lee en el boletín.Así mismo, el Consejo Directivo expresó su preocupación por la lentitud en el avance del proceso judicial, que también involucra a la esposa del exrector y a otros ex funcionarios de la institución, por lo que hacen una llamado a las autoridades para que se agilicen las actuaciones procesales. “Pedimos celeridad en su trámite”, dicen.Adicionalmente, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que activen “los mecanismos de cooperación judicial existentes con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efectos de lograr la captura y extradición de Jaller”, quien actualmente no se encuentra en el país.
Este lunes se entregó ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía de Barranquilla, el fiscal 56 seccional Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera sentido de fallo condenatorio en su contra por el delito de prevaricato por omisión.En medio de la investigación se determinó que Orozco Pertuz omitió la asignación de cuatro procesos a otro fiscal en Bogotá y duró cerca de 120 meses para enviar las carpetas con los documentos que contenían información sobre la disputa por el desfalco de la Universidad Metropolitana.El pasado viernes el Tribunal Superior de Bogotá había emitido una orden de captura en contra del fiscal una vez dio a conocer el sentido del fallo condenatorio. Ahora se está a la espera de una nueva audiencia que será realizada el próximo 18 de abril a las 9 de la mañana para conocer la pena que se le impondrá.Vale recordar que en el año 2020 el fiscal Orozco Pertuz ya había sido capturad por el mismo caso, sin embargo, posteriormente recobró su libertad y siguió vinculado al proceso.
En una decisión emitida el pasado 17 de octubre por la Comisión Nacional de Disciplina, fue ordenada la destitución e inhabilidad por diez años para el Jorge Mola Capera, el polémico magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a quien desde 2018 le estaban investigando por presuntas irregularidades cometidas en fallos de tutelas que relacionaban el pleito entre la Fundación Acosta Bendeck y la Universidad Metropolitana de Barranquilla.De acuerdo con la rama judicial, Mola incurrió en prevaricato por acción, bajo la modalidad dolosa, al haber dado legitimidad a Alberto Enrique Acosta Pérez como representante legal de la Fundación Acosta Bendeck, en un proceso que debió remitir a la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla.Cita el fallo que esta es una conducta típica, ilícita y culpable, que constituye una falta disciplinaria al haber decretado medidas provisionales, con las que afectó el debido proceso a la ciudadana Ivonne Acosta Acero, quien también reclamaba legitimidad de representación de la citada fundación.Es importante mencionar que Mola Capera ya en el pasado incluso ha sido imputado por la Fiscalía General de la Nación en medio de una investigación por presunto incremento patrimonial injustificado en más de $1.350 millones entre 2011 y 2019. Además, tiene más de 20 investigaciones abiertas entre penales y disciplinarias.Le puede interesar:
El excongresista Eduardo Pulgar, quien paga una condena de 4 años y 8 meses de prisión por intentar sobornar a un juez en medio de la disputa por el control de la Universidad Metropolitana, ahora servirá de testigo en el juicio que inició contra el magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Mola Capera, también involucrado en este pleito de Unimetro.Mola Capera fue acusado por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo (en tres decisiones) y enriquecimiento ilícito de servidor público, a raíz de los cuestionados fallos que emitió en la contienda de la familia Acosta Bendek por el control de la mencionada universidad.En audiencia preparatoria de juicio adelantada esta semana, la Corte Suprema consideró "relevante" que Pulgar sirva como testigo, ya que su testimonio le permitiría a la Fiscalía demostrar que la disputa de los Acosta Bendek era de conocimiento público y que el accionar del magistrado estuvo informado del contexto de ilegalidad en que se desarrolló dicha pelea familiar.Como se recordará, en su momento Pulgar tomó partido en este pleito, ofreció dádivas y usó sus influencias como congresista para intentar resolver de manera amañada esta disputa, así que para la Corte su testimonio es “pertinente y útil” para demostrar si las decisiones de Mola Capera se dieron o no en un entorno de criminalidad.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la empresa concesionaria Unimetro, una de las cuatro entidades privadas encargadas de la circulación de buses del MIO en Cali desde el año 2010, en medio de una crisis que había llevado el 30 de noviembre de 2022 a cerrar las actividades laborales y de transporte de usuarios por parte del operador.De acuerdo a su representante legal, Néstor Trochez, se presentaron retrasos en el pago por la venta de tiquetes por parte de Metrocali a la entidad de hasta el 50 % en los primeros ochos años y que, de 2020 a 2022, habían hecho insostenible la operación, llegando a capitalizar deudas cercanas a los 199.000 millones de pesos, razón por la cual la Supersociedades ordenó la liquidación de la empresa."Tenemos que hacer el avalúo de los bienes que serán vendidos a cambio de saldar la mayoría de obligaciones pendientes con bancos, proveedores y empleados", aseguró Trochez. Con el cierre de Unimetro se perderán 220 puestos de trabajo entre conductores, mecánicos y personal administrativo en una compañía que, en tiempos pasados, logró tener a 617 empleados dentro de su nómina. El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, explicó, desde su cuenta de Twitter, que Luis Fernando Arboleda fue nombrado como el liquidador de Unimetro, en medio de un proceso fallido de reorganización de la empresa concesionaria, de la cual, su contrato con el ente central del sistema, fue cancelado de manera inmediata. Ante este panorama, el MIO solamente cuenta con tres operadores para una operación que representa a 230.000 pasajeros diarios: GIT Masivo, Blanco y Negro y ETM, empresas operadoras que denunciaron que, para la segunda nómina de noviembre de 2022, Metrocali les adeudaba 80.000 millones de pesos por la venta de pasajes en el MIO. Le puede interesar:
De manera formal, el Fiscal 90 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá acusó por concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado a Jorge Hernández Cassis, exasesor de rectoría de Unimetro, ya que habría estado involucrado en el multimillonario desfalco esa institución cuando se desempeñaba como asesor de la rectoría de este centro de educación superior.En el escrito de acusación, la Fiscalía asegura que Hernández Cassis acordó voluntad delictiva con el entonces rector Carlos Jaller y la esposa de este, Ivonne Acosta, “con el fin de seguir defraudando patrimonialmente a la Universidad Metropolitana de Barranquilla”.Entre los hechos que destaca la Fiscalía está un convenio de 2014 con el que el entonces rector Jaller le otorgó a Hernández un contrato de consultoría por 40 millones de pesos, el cual, según el ente acusador, “fue prolongado hasta 2016 con el soterrado ánimo de defraudar patrimonialmente a la universidad”.Como se recordará, Hernández fue capturado el pasado 31 de mayo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, una vez arribó desde los Estados Unidos. Ahora enfrentará un juicio oral en el que, de ser hallado culpable, podría ser condenado a pagar hasta 12 años de cárcel.Por este presunto desfalco de 30.000 millones de pesos, tres personas han quedado a disposición de las autoridades, mientras que el exrector Jaller y su esposa, Ivonne Acosta, siguen prófugos de la justicia.Le puede interesar:
Este martes, minutos después de haber aterrizado desde Estados Unidos, autoridades migratorias y de Policía capturaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a Jorge Hernández Cassis, quien es requerido por la justicia hace tres meses por el supuesto desfalco por más de 30.000 millones de pesos a la Universidad Metropolitana de Barranquilla.Hernández Cassis, persona cercana al exrector Carlos Jaller, es requerido por el fiscal 90 anticorrupción delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual lleva la investigación por el saqueo a la Unimetro. Así, en audiencia prevista en las próximas horas, el ente acusador le imputará cargos por el delito de fraude procesal y solicitará medida de aseguramiento.El supuesto saqueo a las arcas de la Unimetro habría ocurrido durante los dos años en los que Carlos Jaller se desempeñó como rector de la institución, por lo que también pesa una orden de captura contra este exfuncionario y su esposa Ivonne Acosta, quienes aún permanecen prófugos de la justicia.Por este mismo caso, en marzo pasado se entregó Dorina Tapias Turizo, persona cercana al exrector Jaller y quien es procesada por presunto enriquecimiento ilícito.
Un juez ordenó el embargo de 13 inmuebles, cuentas bancarias y CDT’s por cerca de $13 mil millones a nombre de Dorina Tapia, pareja sentimental del exrector de la Unimetro de Barranquilla, Carlos Jaller, quien se encuentra prófugo.El juez promiscuo municipal de Juan de Acosta, Atlántico, ordenó embargar las cuentas e inmuebles de Dorina Tapia, integrante del 'Clan Jaller', imputada y privada de la libertad en el marco de la investigación que adelanta la justicia por el desfalco de la Universidad Metropolitana de Barranquilla por más de 30 mil millones de pesos.Tapia, quien es pareja sentimental del exrector del centro académico, Carlos Jaller, fue imputada por el delito de enriquecimiento ilícito toda vez que la Fiscalía General de la Nación cuenta con las evidencias de su posible participación en el plan criminal que desembocó en el saqueo a la universidad.Lea también:En total son 13 inmuebles, ubicados en Barranquilla y Magangué, los que fueron secuestrados. Igualmente, el juez ordenó "el embargo y secuestro preventivo de cerca de 13.000 millones de pesos depositados en varias cuentas y CDT´S".Cabe recordar que Carlos Jaller actualmente es prófugo de la justicia, pues en marzo las autoridades libraron orden de captura en contra de él en el marco de la investigación del saqueo a la Unimetro y debe responder por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, delitos informáticos y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado.Escuche más noticias:
Acompañada de su abogado, llegó pasado el mediodía de este miércoles, 16 de marzo, a las instalaciones de la Uri de la Fiscalía de Barranquilla Dorina Tapias Turizo. La mujer sería una persona muy cercana al exrector de la Universidad Metropolitana Carlos Jaller, quien también es buscado por las autoridades y se encuentra prófugo junto a su esposa Ivonne Acosta, y otro exrector, Jorge Hernández.En contra de Tapias existía una orden de captura por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.Esta mujer fue vinculada a la investigación por el desfalco cercano a los 30.000 millones de pesos a las arcas de la Universidad Metropolitana durante los dos años en que Carlos Jaller fue rector de la institución.Vale decir que este es el mismo escándalo por el que fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión el exsenador Eduardo Pulgar. Esto luego de que tratara de sobornar a un juez para beneficiar a su amigo Luis Fernando acosta Osio dentro del litigio que enfrenta la familia del fallecido exsenador Gabriel Acosta Bendek por una millonaria herencia.Escuche el podcast 'Sin Tabú':
Samuel David Arredondo Galezo, de 23 años y estudiante de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, fue expulsado por supuestamente promover alteraciones de orden público en contra de la institución. En respuesta a ello se encadenó durante varias horas para exigir su reintegro. "Me acusan de una protesta donde yo alteré el orden público y eso no es cierto. Los que se quedaron conmigo estaban por su propia voluntad. Yo no retuve a funcionarios, son mentiras de la universidad", relató.Solo con intervención de la Arquidiócesis, el joven accedió a desencadenarse, pero afirma que seguirá en la lucha legal para que le permitan regresar, terminar sus prácticas y graduarse."Como yo no confiaba en nadie buscaron a la Arquidiócesis para tratar de convencerme, pero la verdad no se ha llegado a ningún acuerdo ni nada, ni por escrito", explicó el estudiante.El problema para este joven empezó en 2020, cuando por temas de pandemia, fueron suspendidas las prácticas para quienes cursan carreras de la rama de la salud.Por medio de videos publicados en Instagram, Arredondo denunció lo que para él eran abusos por parte de la universidad, ya que la institución decidió abrir matrículas para el segundo semestre de 2020 por valor de 8 millones de pesos sin que se hubiese concluido el semestre anterior por cuenta de la pandemia.El joven también denunció cómo los líos jurídicos que hace años mantienen la familia Acosta por el control de la universidad también han afectado al estudiantado y, por eso, dice el joven, los directivos lo expulsaron de la institución en 2020.Después de interponer una tutela, en marzo pasado un juez de Valledupar ordenó a la universidad reingresar al estudiante y la institución obedeció, pero luego retomó el proceso disciplinario y decidió expulsarlo nuevamente el pasado 12 de octubre, razón por la que ese mismo día, en señal de protesta, se encadenó a las afueras del hospital Metropolitano, donde realiza sus prácticas.
Un operativo del Ejército Nacional permitió frustrar el secuestro del excandidato del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por el Magdalena y empresario, Pablo José Acuña Herrera, quien había sido interceptado por hombres armados en zona rural del municipio de El Banco.De acuerdo con la información oficial, Acuña Herrera y otra persona fueron retenidos por presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes intentaban llevárselos del lugar. La rápida reacción de las tropas del Batallón de Infantería N.° 5 General José María Córdova, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército Nacional permitió ubicar a los responsables e iniciar un enfrentamiento armado.Como resultado de la operación, los militares lograron rescatar con vida al excandidato liberal y a la otra persona que permanecía en poder de los delincuentes. Durante la acción fueron incautados un fusil y material de guerra.Hasta el momento, las autoridades no reportan capturas ni bajas entre los presuntos integrantes del grupo armado ilegal, quienes lograron huir tras el intercambio de disparos.Tras conocerse el hecho, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó el intento de secuestro y destacó la reacción de las tropas del Ejército. "Reconozco la rápida y decidida reacción de nuestros soldados, especialmente de las unidades del Batallón Córdova y de la Segunda Brigada, quienes evitaron que este hecho criminal tuviera consecuencias aún más graves", manifestó la mandataria.No obstante, insistió en que este tipo de acciones evidencian la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el departamento. "Estos resultados no pueden seguir siendo respuestas aisladas frente a una violencia que insiste en desafiar al Estado. Exijo al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa acciones permanentes, contundentes y sostenidas para garantizar la seguridad de los magdalenenses. El Magdalena no puede seguir enfrentando solo el accionar de las estructuras criminales", afirmó.Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del intento de secuestro.
En menos de una semana hallan otro cadáver dentro de una bolsa en el norte del Valle de Aburrá, en esta ocasión el descubrimiento fue en la vía que de Bello conduce a San Félix. Las autoridades avanzan en la identificación de la víctima, con base en sus características.El cadáver fue encontrado por una mujer que realizaba su caminata habitual diaria. Luego de informar a las autoridades, agentes de la Policía Nacional al hacer las pesquisas confirmaron que era el cuerpo de un hombre muerto que estaba dentro de un costal y envuelto en varias cobijas.Una vez los agentes de la Policía Nacional reportaron el hallazgo del cadáver, acudieron al lugar personal del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el sitio y realizaron la inspección y establecieron que se trataba de un hombre, que por algunos rasgos que se observaron se presume tendría entre 20 y 25 años.Así mismo, en las indagaciones con personas del sector, los agentes de la Policía Nacional y el personal del CTI de la Fiscalía no descartan que el abandono del cadáver se hizo en horas de la madrugada cuando la vía registra un bajo flujo vehicular.Entre las hipótesis que contemplan los investigadores no se descarta que el crimen estuviera relacionado con ajuste de cuentas de grupos criminales. El cadáver fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, para labores forenses establecer la identidad de la víctima y las causas de la muerte.
El Consejo de Estado respaldó en las últimas horas una decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que obliga a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y al Ministerio de Minas y Energía actuar de forma inmediata frente a la crisis tarifaria que padecen los usuarios de energía eléctrica en la región Caribe.Durante el desmonte del llamado régimen tarifario especial, el cual cobraba a los usuarios del norte del país gastos de operación y pérdidas por robo de energía, se presentó una apelación por parte de MinMinas, la Creg y Air-e que advertía un “riesgo en la sostenibilidad financiera del servicio”, en caso de avanzar en el cambio de las fórmulas tarifarias y por ende en la reducción del precio de la factura.No obstante, ahora el alto tribunal consideró que eso sí es posible modernizando la infraestructura para proteger las redes y desplegando actividades para prevenir el robo de energía y la manipulación de medidores.De tal modo, entre la orden impartida hacia esas entidades también está que se active un protocolo que verifique que las pérdidas que reporta Air-e correspondan a la realidad, siguiendo las recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios. Además, adoptar las medidas necesarias para que la variación de las tarifas en la región Caribe sea proporcional al promedio nacional.También es importante mencionar que la providencia, con ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña, surge de una acción popular interpuesta por las personerías de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, en la que denunciaron que durante el régimen tarifario especial las compañías Air-e y Afinia estarían cobrando a los usuarios los costos de un sistema deteriorado, sin haber hecho las inversiones que prometieron.De hecho, el fallo es contundente al señalar que las empresas han trasladado a los usuarios "los costos del deterioro del sistema, de la falta de inversión en infraestructura y tecnologías, y de la falta de control de las pérdidas no técnicas de energía eléctrica."
Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes una región del sudeste asiático, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), menos de tres semanas después de que un fuerte sismo en la misma zona dejara más de 80 muertos.El temblor ocurrió en el sur de Filipinas a las 7:42 p. m. (11:42 GMT), a una profundidad de 65,7 kilómetros y a aproximadamente 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en la isla de Mindanao, según el USGS.Por el momento no se emitieron alertas de tsunami.
El reciente terremoto registrado en Venezuela volvió a poner sobre la mesa la importancia de estar preparados ante un eventual movimiento sísmico de gran magnitud. En Santander, uno de los departamentos con mayor actividad sísmica del país, las autoridades aseguran que existen planes de contingencia y protocolos de respuesta para atender este tipo de emergencias.El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, explicó que el departamento mantiene una coordinación permanente con las entidades técnicas, organismos operativos y de socorro para monitorear los diferentes fenómenos naturales que pueden presentarse en el territorio."Tenemos canales de comunicación muy importantes con todas las entidades técnicas y de socorro. Hemos analizado cada uno de los eventos naturales a los que somos vulnerables y para cada uno contamos con planes de contingencia y estrategias de respuesta", indicó el funcionario.Sánchez señaló que una de las principales tareas ha sido fortalecer la preparación de las comunidades mediante acciones preventivas como la identificación de rutas de evacuación, la revisión del estado de las viviendas y la promoción de medidas para reducir riesgos dentro de los hogares.Entre las recomendaciones, destacó la importancia de asegurar objetos que puedan desprenderse durante un sismo, conocer los lugares más seguros dentro de las viviendas y mantener un plan familiar de emergencia para saber cómo actuar en caso de un movimiento telúrico.El director recordó además que cada año se realiza el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, un ejercicio que permite capacitar a la ciudadanía y fortalecer la capacidad de reacción de las instituciones frente a este tipo de eventos."El simulacro nos permite trabajar directamente con las comunidades para que conozcan cómo actuar cuando ocurre una emergencia y tengan presentes las medidas de autoprotección", afirmó.Uno de los aspectos que, según las autoridades, brinda mayor tranquilidad es el cumplimiento de las normas de sismorresistencia en las construcciones más recientes, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga.Sánchez explicó que la frecuente actividad sísmica registrada en el sector de la Mesa de Los Santos ha permitido fortalecer la cultura de la prevención y el cumplimiento de los estándares técnicos en las edificaciones."Afortunadamente, los procesos constructivos cumplen hoy con la normatividad de sismorresistencia. En Santander, especialmente en la Mesa de Los Santos, los movimientos sísmicos son frecuentes, pero no hemos tenido afectaciones significativas. Esto demuestra la responsabilidad que ha existido en la construcción de edificios y viviendas bajo los requisitos técnicos establecidos", manifestó.El funcionario concluyó que, aunque el departamento mantiene un buen nivel de preparación, especialmente en el área metropolitana, la reducción del riesgo también depende de que la ciudadanía conozca los protocolos de evacuación, participe en los simulacros y adopte medidas preventivas dentro de sus hogares, debido a que Santander continúa siendo una de las regiones con mayor actividad sísmica del país.
