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Una preocupante radiografía mostró el presidente de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, Daniel Arenas, sobre las condiciones violentas en las que está trabajando este gremio a raíz de las amenazas que tienen en riesgo la vida de por lo menos 220 personeros del país.
Arenas sostuvo que, a nivel nacional, entre 20 y 30 personeros han tenido que abandonar sus territorios por desplazamiento forzado y, a pesar de estas limitaciones con las que está laborando el Ministerio Público, es poco el acompañamiento estatal, al punto que este gremio se siente "huérfano y sin un doliente".
"Nosotros tenemos amenazados a más del 20% de los personeros en el país, algunos con esquema de protección y a otros ha tocado reubicarlos en otras ciudades capitales para que puedan ejercer desde ahí"
"Pero lamentablemente no encontramos respuesta o eco del Gobierno ni de los concejos municipales, que en lugar de ser solidarios con estos personeros que tienen que trasladarse a otros sitios, les inician procesos para lograr su desvinculación de la personería municipal", añadió.
En este sentido, desde la XI Asamblea de Fenalper en Barranquilla, los personeros también piden ser tenidos en cuenta en el proceso de Paz Total y que el Gobierno les conceda un espacio en las mesas de negociación.
"No estamos muy enterados en qué va el proceso de paz total y queremos saberlo. También queremos saber si hay alguna posibilidad o alternativa para que los personeros que están siendo afectados o que trabajan en zonas donde hay presencia de grupos armados puedan tener alguna participación en las mesas, porque en los acuerdos de paz desafortunadamente siempre se excluyen a los personeros", manifestó Jesualdo Arzuaga, director ejecutivo de Fenalper.
En su mayoría, los personeros que han tenido que ser reubicados por amenazas provienen de departamentos como Cauca, Nariño, Florencia, Guaviare, Meta, entre otras zonas de frontera.
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Situación en Córdoba
Aunque reconoció que han preferido "esperar con prudencia las investigaciones de las autoridades" por tratarse de uniformados del Ejército implicados en la situación, el presidente de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, Daniel Arenas, no descartó que detrás de las amenazas de militares a habitantes de una vereda de Tierralta, Córdoba, se escondan intenciones de desestabilizar al Gobierno.
"Eso es preocupante porque no sabemos si hay un proceso de desestabilización contra el Gobierno o son acciones individuales de estos grupos militares que están amedrentando a esta población civil. Entonces, nosotros ejercimos una alerta el día de ayer (miércoles) y estamos hablando con los compañeros de Córdoba para ver en qué podemos ayudar también", dijo el presidente Arenas.
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El presidente de Fenalper insistió en que, debido a la gravedad de la situación, se hace fundamental la presencia estatal en ese territorio y que haya las debidas sanciones disciplinarias y administrativas hacia estas personas para que esto no vuelva a ocurrir.
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