El pasado 15 de mayo, la Sociedad de Activos Especiales-SAE inició un proceso de desalojo de varios terrenos en la isla de Tierrabomba, ubicada en la zona insular de Cartagena, lo cual ha generado una fuerte polémica en la ciudad.
Según la SAE, este desalojo se ampara en una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordena la devolución de las tierras al señor Fernando Martínez Bohórquez. Estas tierras fueron incautadas como parte de una medida cautelar dentro del conocido caso de Dragacol en el año 2000.
Sin embargo, al menos 10 familias y empresarios propietarios de terrenos en esta zona insular han denunciado presuntas irregularidades en medio de este proceso. Aseguran que se estarían incluyendo terrenos que no deberían ser devueltos al señor Martínez Bohórquez.
"Nos resulta incomprensible cómo la SAE y la Fiscalía 31 Especializada pretenden entregar algo que ya fue devuelto por estas mismas entidades, respaldado por una sentencia de la Corte Constitucional. Esto evidencia una clara vulneración de derechos fundamentales que afecta tanto a los legítimos poseedores como a los habitantes nativos, y demuestra una larga lista de irregularidades en el desarrollo de estos procesos de restitución que se han llevado a cabo en la isla de Tierrabomba", señaló José Pereira, abogado de las familias.
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Según detalló el abogado, en 2014, después de que los propietarios y poseedores fueran desalojados al utilizar coordenadas incorrectas que no correspondían a los lotes originalmente secuestrados en el año 2000, la Corte Constitucional ordenó, a través de la sentencia T-1024, devolver individual y exclusivamente al señor Martínez Bohórquez los cinco lotes de acuerdo a las escrituras públicas y las coordenadas correctas. Además, ordenó restituir los bienes a aquellas personas que no fueron desalojadas entre el 14 y el 18 de diciembre.
"Estamos hablando de una clara violación de una sentencia de la Corte Constitucional, que ya reconoció y ordenó hace casi 10 años la restitución de los terrenos a sus legítimos propietarios, después de que se demostró que los terrenos que corresponden al señor Martínez Bohórquez se encuentran en coordenadas completamente diferentes (...) Lo que pretende hacer la SAE es un abuso evidente con flagrantes violaciones a la ley. El Estado está victimizando nuevamente a estas familias", sostuvo Pereira.
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La SAE, a través de un comunicado, detalló que estas diligencias se están llevando a cabo para dar cumplimiento a las órdenes judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
"Estas diligencias deben completarse antes del 30 de mayo de 2023, según el plazo establecido por el Tribunal Superior de Cundinamarca para la efectiva devolución de los terrenos", precisaron.
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