Así lo dijeron empresarios y comerciantes de Nariño, tras hacer un fuerte reclamo al Gobierno nacional por el incumplimiento en las obras prometidas desde el pasado 9 de enero, cuando un alud de tierra destruyó parte de la vía panamericana en el sector de Rosas, Cauca, que permite la comunicación terrestre entre Colombia y Ecuador.
Según los comerciantes, a pesar de los anuncios del Gobierno a través de la Unidad para la Atención del Riesgo, que girará recursos por más de diez mil millones de pesos a las empresas prestadoras del servicio de gas domiciliario, el departamento de Nariño necesita la declaratoria de emergencia social y económica que tanto se ha pedido para suplir las necesidades que ha dejado la fuerte ola invernal, la crisis vial y la violencia.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, Arturo Alexander Ortega, afirmó que como producto de la emergencia vial, más de 4.500 empresas no renovaron su registro mercantil, ya que se vieron directamente afectadas al no poder despachar mercancías durante meses debido al temor de quedar atrapados en la vía y los altos costos de los fletes, y sobre esto, nadie dice nada.
El líder gremial manifestó que el pago de los subsidios a las empresas de gas es un buen comienzo para restablecer la confianza con el Estado, pero aseguró que la crisis económica de la región requiere un tratamiento diferencial.
Sin embargo, advirtió que los compromisos adquiridos con el sector lácteo, agrario, los microempresarios y los transportadores aún no se han cumplido, y si hay un departamento que necesita la emergencia social y económica, es Nariño, según dijo Ortega.
Por su parte, E-Laythy B. Safa Husein, gerente de Montagas, una de las empresas que asumió los subsidios de transporte por vía terrestre y marítima, calificó como positivo el hecho de que el Gobierno nacional vaya a asignar los recursos para cubrir esa deuda, pero advirtió que hay otras obras en las que las empresas de gas tuvieron que invertir para evitar que la comunidad sufriera un desabastecimiento debido a la crisis vial.
Alejandra Lozano, presidenta de Camacol seccional Nariño, manifestó su preocupación porque hasta el día de hoy, siete meses después, el gobierno nacional no ha anunciado ninguna ayuda para este sector de la economía regional.
En Pasto, la señora Lozano afirmó que se han perdido más de 1.500 puestos de trabajo directos y cerca de 2.000 indirectos, sumados a la parálisis de las obras debido al aumento en los costos de los materiales de construcción y los fletes, y el gobierno no dice nada, aseguró Lozano.
Andrés Zúñiga, secretario de gobierno del departamento, reconoció el esfuerzo financiero del gobierno nacional, pero dijo que lo que necesita esta región del suroccidente es que se cumpla con la construcción de la variante en el sector de Rosas. Se había dicho que estaría lista en junio, pero no se cumplió. Ahora aseguran que estará concluida en octubre, pero la comunidad no aguanta más.
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