“Queremos vivir tranquilos y en Paz”, fue el grito se escuchó en el parque principal del municipio de El Charco, en el Pacífico nariñense, en donde más de 5.000 campesinos mantienen, desde hace 17 días, un paro para pedirle al Gobierno Nacional que retire la fuerza pública de las veredas y caseríos de las riberas del río Tapaje, ante el temor de quedar en medio del fuego cruzado en posibles combates con grupos armados ilegales.
Integrantes del Consejo Comunitario prodefesa del río Tapaje, aseguran que nada tienen que ver con el atentado del que fue víctima el alcalde Víctor Cándelo y rechazaron hechos como estos que solo intenta confundir a la comunidad, pues están seguros que ninguno de los campesinos, que cumplen tres semanas protestando, se prestarían para un acto tan salvaje como el intentar quemar vivos a los familiares del mandatario.
"Ya habíamos llegado a un acuerdo con el retiro gradual de los pelotones del ejército que están en distintas veredas, pero esto no se cumplió", dijo a BLU Radio uno de los voceros de la movilización, tras advertir que a pesar que es evidente la escases de productos de la canasta familiar, el comercio sigue apoyando la jornada y están dispuestos a permanecer con sus negocios cerrados el tiempo que sea necesario si el Gobierno Nacional no atiende sus solicitudes.
Los campesinos permanecen en el interior de colegios y escuelas, las cuales han sido adecuadas como dormitorios; en los patios de estos establecimientos educativos se improvisaron comedores y cocinas para preparar los alimentos de los cientos de labriegos, afrodescendientes e indígenas que amenazan con estar los días que sean necesarios hasta que sean escuchadas sus peticiones.
En las calles del municipio, es común escuchar las quejas de los abusos que han cometido algunos integrantes de la fuerza pública en veredas y caseríos en donde, con palabras soeces, acusan a los campesinos de ser cómplices de los grupos armados ilegales y los amenazan con judicializarlos si no dicen donde encontrar a las disidentes de las Farc, según un habitante de la región.
Otros campesinos, entre ellos varias mujeres, afirman que desde que hace presencia el Ejército en la zona, hay mucho miedo y saben que las Fuerzas Militares no tienen sitios vedados, pero tampoco tienen licencia para acusar y maltratar a quien se les atraviese en su camino, como está pasando en todas la veredas a orillas del río Tapaje, hasta donde han llegado unidades del Ejército y sin compasión han maltratado de palabra, y en algunas ocasiones de hecho, a los habitantes, cuyo único pecado es vivir de los cultivos de hoja de coca porque aseguran que no tienen otra opción.
La situación es cada día más difícil teniendo en cuenta que el 90 % del comercio se abastece de Buenaventura en el Valle y Tumaco en Nariño. En la plaza de mercado ya no hay ningún producto agrícola y en los pequeños graneros, los alimentos y productos están totalmente agotados, porque no ha entrado un solo barco de carga desde hace ya tres semanas.
El principal punto de los 15 que tiene el pliego de peticiones presentado por la comunidad es el retiro inmediato del ejército, pero hasta hoy dicen los campesinos solo han sido promesas y por eso insisten que se tienen traicionados.
Los labriegos, indígenas y afrodescendientes manifestaron que tienen toda la voluntad de dialogar con el Estado colombiano e invitaron nuevamente a los funcionarios de la Gobernación, Alcaldía y Gobierno Nacional para que en el término de la distancia se instale una mesa de diálogo, para discutir el pliego de peticiones en cual fue presentado hace más de una semana, pero que ellos aseguran, no han recibido ninguna repuesta.
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