La alcaldesa de El Socorro (Santander), Claudia Porras, podría pagar hasta tres días de cárcel luego de autorizar el funcionamiento de tabernas en áreas que no estaban permitidas por el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio.
La controvertida decisión, que generó malestar entre los residentes del barrio Universitario, llevó a una acción legal que podría resultar en consecuencias significativas para la alcaldesa.
Los habitantes del barrio Universitario argumentan que la presencia de bares en una "zona residencial" ha perturbado la paz y la tranquilidad de la comunidad.
Gloria Patricia Moreno Cruz, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector, dijo que la alcaldesa incumplió lo que le ordena la ley y no consideró los derechos de los residentes.
“No tuvieron en cuenta los derechos fundamentales que son de los residentes e instalaron este tipo de negocios perjudicando a una gran comunidad. Supuestamente prevalecen los derechos de muchos sobre el beneficio de pocos, pero ni la Administración Municipal ni ninguna de las autoridades nos tuvieron en cuenta”, expresó Gloria Patricia Moreno Cruz.
La JAC presentó una acción de tutela que fue fallada a favor de la comunidad, ordenando la eliminación de las tabernas. Sin embargo, tanto la alcaldesa como la inspectora de Policía, no cumplieron con esta orden, lo que llevó el caso a una segunda instancia y finalmente a un incidente de desacato.
"Se instaura un incidente de desacato que se procede porque no se cumplieron las actividades administrativas; esto lo dictaminó el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal, que sancionó a la alcaldesa Claudia Porras, y a Juliana Fernanda Monsalve, como inspectora de Policía, y a los propietarios de las tabernas", explicó otro de los residentes.
Por su parte, la alcaldesa Claudia Porras declaró que tienen tres días para dar respuesta al fallo y que el proceso se encuentra en etapa de consulta.
“Conocimos ayer la decisión en horas de la tarde, y efectivamente sí hay una decisión, que no está en firme, y nosotros tenemos tres días para hacer llegar al despacho las pruebas donde vamos a evidenciar nuestras actuaciones. Por supuesto que nosotros tenemos todas las evidencias de nuestras actuaciones, y en este momento dice en el artículo quinto que se encuentra en etapa de consulta y en efecto suspensivo, por eso nosotros tenemos tres días para hacer llegar al despacho nuestras evidencias”, señaló la mandataria.
La comunidad del barrio Universitario enfatizó que buscan que la Administración Municipal "organice la casa" y evite situaciones que afecten tanto a los negocios como a la calidad de vida de los residentes.
El destino de la alcaldesa y el resultado de esta controversia dependen ahora de la revisión de las pruebas y argumentos presentados en el proceso legal en curso.
Según el incidente de desacato, en caso de seguir el proceso, el arresto deberá cumplirse ininterrumpidamente en el centro de reclusión que las autoridades de Policía Judicial tengan dispuesto para tal efecto.
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