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El 1% que la Gobernación de Santander y entidades descentralizadas cobran por estampilla pro fondo reforestación a contratistas, ya no será una obligación.
Esto luego de un fallo de la sección cuarta del Consejo de Estado que dejó en firme la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que declaró nulo el cobro.
Luis Gómez y María Fernanda Rangel, quienes hacen parte del Observatorio de Hacienda Pública de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga, fueron quienes demandaron la ordenanza de la Asamblea de Santander que autorizó el cobro, por considerarla ilegal.
“En este caso la Gobernación de Santander había creado un tributo vulnerando los principios de legalidad y reserva de la ley en materia tributaria porque lo creó sin tener una base legal. Recordemos que es al Congreso de la República al que le corresponde legislar y no hay ninguna norma en este caso que habilitara a la administración para realizar el cobro”, explicó Luis Gómez, uno de los demandantes.
Según Gómez, anualmente por concepto de esta estampilla la Gobernación de Santander recauda más de $6.000 millones, que están dirigidos a financiar programas y proyectos que impulsen el desarrollo de la cadena forestal.
“Este 1% lo estaban recaudando a través de la estampilla a los contratos que superaban la mínima cuantía, esas personas o empresas hasta cinco años atrás podrán hacer la reclamación a través de acciones individuales para que recuperen el dinero”, explicó.
Finalmente, señaló que como este impuesto de estampilla pro fondo reforestación hay otros más en Barrancabermeja, Girón, Piedecuesta y Bucaramanga que se están cobrando de manera ilegal.
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“Y es curioso que se sigan cobrando porque no hay leyes que habiliten a estas entidades territoriales a crear los tributos, esos casos también los vamos a demandar”, puntualizó.
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