Déficit global de TransMilenio ya sobrepasa los $590.000 millones

Desde el Concejo de Bogotá se pusieron en evidencia algunas inconsistencias que deben ser revisadas de forma previa a la adquisición de nuevos buses de TransMilenio en lo que serían las fases I y II, que iniciarían su proceso a finales del primer semestre de 2018.

La concejal María Fernanda Rojas explicó que no hay exigencias mínimas ni incentivos para contar con motores distintos al uso del diésel, exponiendo que es necesario buscar alternativas como híbridos, el uso del gas o vehículos eléctricos.

Añadió que es un deber exigir que haya un porcentaje mínimo de articulados con emisiones de material particulado inferiores a las de material particulado inferior a los de motores diésel Euro VI.

Se indicó que un porcentaje de los vehículos tiene beneficios tributarios que no afectaría financieramente las ofertas.

"Este porcentaje en ningún caso debería ser inferior al 20% del total de la flota a adquirir. La ciudad no puede permitirse seguir atada únicamente a una tecnología como los buses Euro V que en muchas partes del mundo es considerada como obsoleta. En ciudades como Cartagena y Medellín, buena parte de la flota de sus sistemas masivos de buses funcionan a gas y eléctricos", añadió la concejal Rojas. 
 
Por otra parte, se dejó en la mesa la advertencia de que el sistema troncal no cuenta con la infraestructura suficiente para funcionar con un alto número de buses biarticulados y hacer las modificaciones en las estaciones para dar cumplimiento a la demanda de los espacios.

A su vez, de acuerdo con los documentos de la licitación, 34 obras son requeridas en las estaciones que aún no han iniciado procesos licitatorios.

Otra de las preocupaciones manifestadas es la necesidad de un tope en la remuneración mensual por vehículo que de esa manera asegure una baja significativa en la tarifa técnica que sea de beneficio para los usuarios. 
De acuerdo con las anotaciones, el déficit global del sistema TransMilenio ya sobrepasa los $590.000 millones, sumado a que la licitación no cumple con la ley que exige la instalación de portabicicletas como integración modal en el sistema.