El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, declaró que la decisión de la Procuraduría General de la Nación al abrirle una investigación disciplinaria en el caso de licitación de semaforización inteligente es "una catástrofe" porque se perdería la posibilidad de acceder a los recursos aprobados por el Concejo de la ciudad.
Los argumentos planteados están basados en una presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública para el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos inteligentes por una cifra que asciende a 215.000 millones de pesos.
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Ante esto, señaló que en las vigencias tanto de 2018 y 2019, se aprobaron 100.000 millones de pesos en cada período y se suman a 15.000 de 2017 y que el riesgo es que la capital pierda la oportunidad de tener el cambio de los semáforos en los próximos 5 años, los cuales reducirían el tráfico hasta en un 30 %.
Bocarejo indicó que los proponentes cumplen con los requerimientos necesarios y que se asignaría a quien respondiera a mejores condiciones para la ciudad, y que el proceso se realizó de forma transparente basándose en todos los protocolos y publicando los documentos en el SECOP y demás mecanismos digitales del Gobierno.
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La Procuraduría ordenó escuchar declaraciones de varios oferentes con intereses en la licitación y a quienes han realizado observaciones públicas, principalmente en la contratación de una consultoría realizada por la firma C&M-IDOM quienes elaboraron los estudios y estructuraron el proyecto de forma legal, técnica y financiera.
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