Una de las evidencias que tiene el fiscal que investiga el grave caso de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar, PAE departamental, en Santander, es la factura que presentó el operador, Surcolombiana de Inversiones, para soportar una supuesta compra de tamales por 30 millones de pesos, que nunca fueron entregados a los niños beneficiarios.
Lo que llamó la atención de los investigadores fue que siendo una supuesta compra para alimentar a los más de 120 mil niños beneficiarios en 84 municipios santandereanos, el proveedor de los tamales estuviera ubicado en Acacías, Meta, y se dedica a administrar grúas, sin tener nada que ver con servicios de alimentación.
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Los tamales, según la factura, fueron suministrados por la Asociación de Operadores de Grúas T&A de Acacías, por un valor de 30 millones de pesos, sin ni siquiera especificar el número de unidades del tradicional producto.
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Según el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se pudo constatar que Grúas T&A no tiene por objeto este tipo de actividad.
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“Lo más revelador que encontramos fue que los trabajadores, en su mayoría operadores de grúa, certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales”, explicó.
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A toda la cadena de irregularidades en la compra se suma que los ‘tamales fantasma’, no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes del PAE Santander.
Proveedores ficticios
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En el análisis de la contabilidad hecha por el CTI al operador (Surcolombiana de Inversiones), se refleja la adquisición de productos perecederos en municipios apartados en los departamentos de Tolima, Huila y Meta.
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Según la Fiscalía, el total del peculado por las irregularidades detectadas suma más de 2.125 millones de pesos.
Los investigadores viajaron a cada una de las zonas descritas y comprobaron con testimonios y evidencia física que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica, convirtiéndose en todo un modus operandi.
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Por ejemplo en el municipio de Tarqui, en el Huila, contrataron la preparación y entrega de postres con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia por veinte millones de pesos. Los investigadores constataron que esa agrupación está inactiva, ubicaron a los representantes legales y, en entrevista, señalaron que no conocían a los responsables de Surcolombiana de Inversiones, quienes supuestamente los había contratado.
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En Algeciras, Huila, compraron mercados a una asociación de transporte de pasajeros ubicada a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal.
En Suaza, Huila, pagaron 290 millones de pesos a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras. La policía judicial de la Fiscalía tiene evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.
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