Primo Rojas es uno de los humoristas más reconocidos del país. Su obra, sin embargo, se ha mantenido al margen de las cámaras y los grandes shows —excepto algunas ocasiones—. La corrección política no es lo suyo y las historias personales siguen siendo el principal insumo de su trabajo. La antesala de esta entrevista es la obra de teatro De cómo un pobre entierra a la mamá, un monólogo de más o menos una hora, donde Primo cuenta los pormenores de la muerte y entierro de Jerry.
Hoy jueves 28 de agosto, Colombia amanece con noticias que marcan la agenda nacional: la polémica sentencia de 7 años contra el menor implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el secuestro de 33 soldados en Guaviare, los subsidios de vivienda para las víctimas del atentado en Cali, y la conmoción por el asesinato de una niña de 3 años en Magdalena. Además, se mueven las fichas políticas de cara al 2026 con nuevas precandidaturas, mientras en el ámbito internacional un ataque ruso en Kiev deja 14 muertos.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el proyecto de Ley de Sometimiento, aunque sienta bases jurídicas para el desmantelamiento de grupos armados, requiere ajustes de fondo. La entidad pidió garantizar verdad, reparación y participación efectiva de víctimas y comunidades étnicas, y alertó sobre riesgos de excarcelaciones sin condiciones claras. También instó al Congreso a articular la norma con la Comisión de Garantías de Seguridad y fortalecer las instituciones encargadas de aplicarla.
Colombia vive momentos de gran tensión: 33 militares fueron secuestrados en Guaviare tras un operativo contra disidencias de las FARC, mientras en Cúcuta dos policías resultaron heridos en una emboscada en la frontera con Venezuela. Al mismo tiempo.
En medio de la creciente violencia en el sur del país, el equipo negociador del Gobierno vuelve a la capital para entregar al presidente Gustavo Petro un reporte sobre los avances y tropiezos de la mesa instalada en Caquetá. El informe definirá los próximos pasos en la apuesta por la “paz total” y busca responder a las comunidades que reclaman garantías frente a la persistencia de ataques y hostigamientos.