El Gobierno de Abelardo De La Espriella propone modificar la fórmula que se utiliza para calcular el capital necesario para financiar las rentas vitalicias en Colombia, una modalidad pensional en la que una aseguradora se compromete a pagar una mesada de por vida.
El cambio facilitaría el acceso a una pensión de un salario mínimo, aunque también plantea dudas sobre los contratos que ya están vigentes y la distribución de los riesgos financieros.
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La propuesta busca eliminar el componente de inflación de la fórmula actual y tomar como referencia el promedio de crecimiento real de la productividad de los últimos diez años. Así lo señaló la abogada laboral Ana Cubillos, del bufete de abogados Holland & Knight.
¿Cómo cambiarían las rentas vitalicias?
Actualmente, de acuerdo con el Decreto 1485 de 2025, el parámetro corresponde al mayor valor entre el promedio de crecimiento real de la productividad de los últimos diez años y el 35 % del promedio de la inflación durante el mismo periodo. El borrador del proyecto modificaría esta última variable.
La fórmula está relacionada con el llamado deslizamiento del salario mínimo, es decir, el incremento que supera lo que se explica económicamente por la inflación y la productividad. Como las mesadas equivalentes a un salario mínimo deben aumentar en el mismo porcentaje que este, las aseguradoras calculan cuánto deberán pagar en el futuro y constituyen las reservas correspondientes.
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La modificación busca reducir el capital requerido para adquirir una renta vitalicia y permitir que más personas que cumplen la edad de pensión accedan a esta modalidad sin depender de la garantía de pensión mínima.
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¿Qué pasaría con quienes ya tienen una renta vitalicia?
El borrador contempla una regla de transición que permitiría renegociar y ajustar los contratos celebrados bajo la fórmula anterior. Sin embargo, Cubillos advierte que cualquier modificación debe respetar los derechos adquiridos y la confianza legítima de los pensionados y beneficiarios.
La propuesta no modifica la regla de reajuste anual de las mesadas equivalentes a un salario mínimo. Estas continuarían aumentando en el mismo porcentaje que el salario mínimo. El cambio se concentraría en el cálculo del capital inicial y en la distribución del riesgo financiero entre el Estado y las aseguradoras.
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¿Quién asumiría los costos si sube el salario mínimo?
El Estado cubriría la diferencia cuando el aumento del salario mínimo supere lo previsto en los cálculos. Si el incremento resulta inferior a la proyección, las aseguradoras devolverían recursos al Gobierno o ajustarían sus reservas. Si coincide con lo estimado, no habría giros entre las partes.
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El beneficio para quienes están próximos a pensionarse dependerá de que la reducción del capital exigido sea suficiente y de que las aseguradoras mantengan la oferta de rentas vitalicias. También influirá la capacidad del Estado para cumplir oportunamente con la cobertura.
Por eso, quienes estén cerca de pensionarse pueden comparar cotizaciones de varias aseguradoras y revisar otras alternativas, como el retiro programado. La iniciativa sigue en discusión y sus efectos dependerán de las condiciones que finalmente se aprueben.