El sector de las edificaciones en Colombia, que ya acumula más de dos años en una persistente recesión técnica según cifras del DANE, se enfrenta a un nuevo desafío regulatorio que podría profundizar su crisis. El pasado 10 de enero de 2026, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) publicó un proyecto de decreto que propone cambios estructurales en las reglas de juego para la Vivienda de Interés Social (VIS), generando una alerta inmediata en el gremio constructor.
De acuerdo con el informe "Datos que construyen" de Camacol, liderado por la Directora Económica y de Información, Lizeth Gabriela Bonilla Botia, y el Jefe Económico, Nikolas Sebastián Buitrago Vargas, la implementación de esta normativa impactaría directamente a 132.000 unidades de vivienda en todo el país.
Los cambios que preocupan al gremio
El proyecto de decreto busca centralizar y simplificar los topes de precio, pero a un costo que Camacol considera elevado. Entre los puntos más críticos identificados por la entidad se encuentran:
- Eliminación de topes diferenciales: Se suprimiría el tope excepcional de 150 salarios mínimos (SMMLV) y el de renovación urbana, que permitía proyectos de hasta 175 SMMLV.
- Precios en pesos: La normativa obligaría a fijar el precio de la vivienda en pesos desde el momento de la separación, eliminando la indexación al salario mínimo.
- Sanciones por omisión: Se tipificaría como una "práctica abusiva" no fijar el precio en pesos desde el inicio del proceso.
- Incertidumbre jurídica: Camacol señala que el régimen de transición propuesto no es claro, lo que genera dudas sobre el futuro de los proyectos actualmente en desarrollo.
Un impacto de $27 billones en la economía
La magnitud de la afectación es considerable. Según los cálculos del gremio, la eliminación de los topes excepcionales afectaría a unas 76.000 unidades (20% del mercado), mientras que la supresión de los beneficios para renovación urbana impactaría a otras 56.000 viviendas (15% del mercado). En total, esto representa una inversión en riesgo de 27 billones de pesos.
Históricamente, los topes de 150 SMMLV se han aplicado bajo criterios de sostenibilidad, en ciudades con más de 300.000 habitantes o en aglomeraciones urbanas de difícil acceso. La importancia de estos techos de precio es evidente en los datos: al corte de noviembre de 2025, el 26% de las entregas VIS tuvieron un precio superior a los 135 SMMLV.
El golpe a la renovación urbana
Uno de los puntos más sensibles es el impacto en el centro de las ciudades. El análisis de Camacol, realizado en nueve ciudades principales —incluyendo Bogotá, Medellín y Cali—, revela que el 68% de las viviendas VIP o VIS en zonas de renovación urbana superan los topes generales de 90 o 135 SMMLV. Sin los topes diferenciados actuales (110 SMMLV para VIP y 175 SMMLV para VIS en renovación), estos proyectos dejarían de ser viables bajo la categoría de vivienda social.
Ante este panorama, la Dirección de Estudios Económicos e Información de Camacol insiste en que, dada la recesión que atraviesa el sector, las políticas públicas deberían enfocarse en "promover la construcción de vivienda VIS mediante condiciones claras y estabilidad normativa que brinden seguridad jurídica". La inversión privada, motor clave de la reactivación, depende hoy de que estos incentivos no desaparezcan abruptamente.