Alertan que sería ilegal decreto del Gobierno que ordena a AFP trasladar a Colpensiones $25 billones

Un debate jurídico se ha generado tras la expedición de un decreto del Gobierno del presidente Gustavo Petro que ordena a los fondos privados de pensiones trasladar cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones. Expertos advierten que la medida podría ser ilegal al contradecir lo establecido en la reciente reforma pensional.

Así lo aseguró el abogado experto en pensiones Kevin Hartmann, quien participó en la estructuración de dicha reforma. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM con Camila Zuluaga, explicó que el decreto afecta principalmente a unas 120.000 personas que, dentro de una "ventana especial" habilitada por la ley, decidieron trasladarse entre regímenes pensionales, especialmente desde fondos privados hacia Colpensiones.

Foto: Presidencia

Hartmann detalló que la reforma pensional contemplaba que los recursos de quienes hicieran ese traslado permanecieran administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con el objetivo de que, en el nuevo sistema, fueran destinados a un fondo de ahorro administrado por el Banco de la República. Sin embargo, el decreto cambia esa lógica al ordenar el traslado inmediato de dichos recursos a Colpensiones para su manejo.

Desde el punto de vista jurídico, el experto fue enfático en señalar que la medida sería ilegal. Además, calificó la decisión como incoherente, al ir en contravía de una reforma impulsada por el mismo Gobierno.

“Un decreto no puede contradecir una norma vigente, y menos una respaldada por la Corte Constitucional”, afirmó.

Sobre las razones expuestas por el Ejecutivo, Hartmann sostuvo que no se sostienen técnicamente. Según explicó, argumentos como el déficit estructural del sistema, la necesidad de cubrir contingencias o los riesgos de mercado en las AFP no justifican el traslado de recursos. Incluso, sugirió que podría haber motivaciones no explícitas detrás de la decisión.

Por lo tanto, afirmó que lo más probable es que el decreto sea demandado ante el Consejo de Estado, solicitando medidas cautelares para suspender sus efectos.

"Es un decreto que es contrario a la ley, contrario a su espíritu, es ilegal, incoherente, y por tanto es una actuación del Gobierno que parece pues absolutamente arbitraria en contra de una ley paradójicamente que ellos mismos quisieron aprobar", concluyó.