El borrador de decreto presentado por el Ministerio de Hacienda , que propone aumentar la retención en la fuente en varios sectores económicos, ha generado una ola de críticas tanto en el ámbito técnico como en el político. Para el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, esta medida, lejos de representar una solución estructural, podría agudizar los problemas de liquidez en el sector privado y agravar el panorama fiscal del país.
Esto implica que va a haber unos recursos adicionales de caja para el gobierno a costa de lo que puede ser el recaudo el año entrante
Una estrategia fiscal cuestionada
El borrador, que entraría en vigencia en el segundo semestre de 2025, contempla el aumento en las tarifas de retención en la fuente para sectores clave como el agrícola, minero-energético (carbón, gas, petróleo), y otros renglones productivos. La medida busca recaudar recursos frescos en un momento en que el gobierno enfrenta serias dificultades de caja.
Sin embargo, esta estrategia ha sido calificada por expertos como una solución temporal que podría trasladar el problema fiscal al próximo gobierno, previsto para 2026.
“Sería pan para hoy, hambre para mañana. Se anticipa el recaudo, pero se amplía el hueco fiscal en el futuro”, expresó el analista Víctor Grosso durante el espacio radial.
Sin reforma tributaria, el efecto es más agresivo
A diferencia de lo ocurrido en 2023, cuando una medida similar acompañó la implementación de una reforma tributaria, este nuevo ajuste no está respaldado por una revisión estructural del sistema impositivo.
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“Cuando hay reforma tributaria, estos aumentos se entienden como una forma de suavizar el impacto en las empresas. En este caso, no hay reforma, por lo que el efecto será netamente un estrés sobre la liquidez del sector privado”, explicó López.
Posibles efectos: desde préstamos hasta litigios
La principal consecuencia inmediata del aumento en la retención será un mayor esfuerzo de liquidez por parte de las empresas, muchas de las cuales no tenían contemplado este cambio en sus proyecciones financieras.
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“Podría implicar que tengan que recurrir a préstamos a tasas elevadas si no cuentan con los recursos para el pago anticipado de impuestos”, indicó el presidente de Anif.Además, advirtió sobre la posibilidad de que se activen mecanismos legales para controvertir el decreto.
“Este tipo de decisiones usualmente se hacen dentro del marco de una reforma tributaria. Habrá que esperar si se presentan acciones ante el Consejo de Estado o la Corte Constitucional”, añadió.
¿Y las personas naturales?
El impacto sobre los asalariados y personas naturales aún no es claro, aunque López precisó que el enfoque principal del decreto estaría en el ámbito empresarial.
“Lo que alcanzamos a ver nosotros es que la afectación es básicamente a nivel empresarial. No hemos detectado por ahora un efecto directo sobre asalariados”, explicó.
No obstante, los prestadores de servicios independientes con ingresos por debajo de ciertos umbrales podrían verse afectados si se ajustan los rangos de retención.
Contexto: una estrategia repetida
La preocupación de que el actual gobierno esté repitiendo fórmulas del pasado se fundamenta en lo ocurrido entre 2023 y 2024. Durante ese periodo, el Ejecutivo también implementó mecanismos de anticipo de impuestos que, si bien aliviaron temporalmente las necesidades de caja, resultaron en un déficit más pronunciado en la vigencia siguiente.
“En 2024 observamos un faltante de recursos fiscales muy apremiante, precisamente porque los ingresos se habían anticipado en 2023”, recordó López.
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