El Comité de la Regla Fiscal presentó este miércoles el informe que remitió al Congreso de la República para el debate del Presupuesto General de la Nacional, cuyo monto por $635 billones ya fue aprobado pero está pendiente definir cuál será la destinación.
Cabe recordar que para 2027 se presupuestaron $155,4 billones para atender la deuda, un incremento de 54,7 % frente a la apropiación vigente de 2026. De ese monto, $94,4 billones corresponden a intereses y $58,3 billones a amortizaciones. Al mismo tiempo, la inversión quedó en cerca de $87 billones, con una reducción nominal de 2,8 % frente a 2026.
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En su informe, la Carf resalta además que, por primera vez en tres años el proyecto no incorpora ingresos sujetos a la aprobación de nuevas medidas tributarias ni recursos de balance, sino que esas fuentes fueron fueron reemplazadas, en buena parte, por un mayor uso del crédito.
En esa línea, la CARF calcula que para 2027 el gasto primario del Gobierno Nacional Central llegaría a 20 % del PIB, 2,1 puntos porcentuales por encima de lo contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026. Esa diferencia está relacionada, entre otros factores, con mayores presiones en salud, pensiones, nómina, subsidios de energía y gas y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El organismo también llama la atención sobre la poca capacidad que queda para reducir el gasto sin afectar obligaciones ya comprometidas. Para 2027, 90,7 % del gasto del Gobierno Nacional Central sería inflexible, frente a 86,6 % en 2026, pues buena parte de los recursos ya está determinada por obligaciones constitucionales, legales o financieras.
Por eso, es que la Carf no ve factible el bloqueo preventivo de $21,7 billones que anticipó el gobierno de Abelardo De la Espriella para este 2026 con el propósito de contener el gasto. Las proyecciones propias estiman que el recorte que realmente podría materializarse sería de $9,7 billones.
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El escenario oficial del Plan Financiero de agosto calcula para 2027 un déficit total de 9,4 % del PIB, mientras que el CARF lo ubica en 9,5 % del PIB, equivalente a unos $201,3 billones. Y aunque es una diferencia pequeña, sigue quedando muy por encima del 4,5 % del PIB que contemplaba inicialmente el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
“La magnitud del desequilibrio evidencia la necesidad de un ajuste fiscal estructural, sustentado en medidas permanentes de ingresos y/o gasto”, señala en el informe reiterando que, más allá de aplazamientos presupuestales o medidas temporales, sino que requiere cambios que tengan efectos permanentes sobre los ingresos y los gastos del Estado.
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Ya el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, había anticipado durante la presentación del Presupuesto, que estas medidas no servirían para resolver de fondo la crítica situación fiscal, sino que eran para evitar que la deuda y el déficit fiscal llegaran a niveles insostenibles.
El CARF calcula que la deuda neta del Gobierno Nacional Central llegaría a 67,4 % del PIB en 2027, cerca del límite de 71 % establecido por la regla fiscal; 2027 será el último año de aplicación de la cláusula de escape que suspendió temporalmente el cumplimiento de la regla fiscal.
El Gobierno, por su parte, ya ha anunciado medidas de ajuste cercanas al 2,2 % del PIB para 2027, las cuales son reconocidas por parte de la Carf como una forma de modificar el escenario fiscal, pero advierte que todavía está pendiente conocer y evaluar el proyecto de ley mediante el cual se materializarían esas medidas.
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Dicho proyecto, según Gómez Martínez, será presentado en los siguientes 12 días.