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Cartera morosa del Estado asciende a $165 billones; 20 entidades concentran el 82%

Personas naturales y jurídicas le adeudan más de $165 billones a distintas entidades del Estado, según una alerta emitida por la Contraloría General de la República.

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Foto: Blu Radio

La Contraloría General de la República alertó que la cartera morosa que distintas entidades del Estado tienen pendiente por recuperar asciende a $165,64 billones, correspondientes a obligaciones de 996.611 deudores.

Según el organismo de control, las 20 entidades con mayor cartera concentran aproximadamente $135,8 billones, es decir, cerca del 82% del total reportado.

Andrés Cifuentes, director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, explicó que el listado es encabezado por el Consejo Superior de la Judicatura, con $49 billones; seguido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con $37,4 billones; CISA, con $12,5 billones; Bogotá D.C., con $7,6 billones; y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con $6,56 billones.

El funcionario aclaró que estas cifras no corresponden a deudas de esas entidades con el Estado, sino a recursos que personas naturales o jurídicas les adeudan y que permanecen pendientes de recaudo.

“No es que las entidades le deban al estado, es que a las entidades les deben. Es la cartera morosa que tienen las entidades estatales pendiente por gestionar, hacer una gestión efectiva de una recuperación de cartera morosa”, explicó.

Como ejemplo, señaló que en el caso de la DIAN se trata, entre otras obligaciones, de impuestos que personas o empresas no han pagado y que la entidad debe gestionar para lograr su recuperación.

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“La Dian, dentro de sus obligaciones por misionalidad, pues tiene el recaudo de impuestos, por ejemplo. Entonces, hay acreencias, tanto de personas naturales y jurídicas, que no le han consignado a la DIAN, es decir, al estado, un dinero. Eso es. No es que la DIAN, el Consejo le deban al estado, no, es que ellos no gestionan sus carteras morosas”, explicó.

La Contraloría también precisó que el análisis no constituye un hallazgo fiscal. La información fue presentada como una alerta temprana para que las entidades involucradas, el Gobierno Nacional y la nueva administración del organismo de control revisen la situación y adopten las acciones que correspondan.

“Entiéndase este comunicado como una alerta que le estamos comunicando al país, al Gobierno Nacional, que le estamos dejando a la administración entrante, al nuevo contralor general de la República, para que lo tengan sobre su mesa y generen acciones”, señaló el director de la DIARI.

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Cifuentes agregó que se trata de “presunciones” y de posibles afectaciones al patrimonio público que deberán ser evaluadas dentro de los procedimientos correspondientes.

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