Formalmente, el Gobierno acaba de pedirle a la Corte Constitucional que modere los efectos fiscales de su decisión sobre la reforma pensional, que estableció el 1.º de abril de 2027 como fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que fueron declaradas exequibles.
Acuérdense: la reforma pensional fue aprobada durante el gobierno anterior y posteriormente demandada, entre otros motivos, por la senadora Paloma Valencia. Después de un proceso judicial que se extendió durante varios años, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-264 de 2026, declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 y estableció que esas disposiciones comenzarán a regir el 1.º de abril de 2027. Algunos artículos y apartes, sin embargo, fueron devueltos a la Cámara de Representantes para que se subsanen los problemas de trámite identificados por la Corte.
¿Qué es lo nuevo? El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó formalmente ante la Corte una solicitud para que se abra un Incidente de Impacto Fiscal, dentro del expediente de la reforma pensional.
Este es un mecanismo que permite discutir ante la Corte las consecuencias económicas de una decisión judicial y la manera en que debe cumplirse teniendo en cuenta la sostenibilidad fiscal. La Corte debe estudiar la solicitud, pero eso no significa que tenga que aceptar los argumentos del Gobierno. En este caso, el ministerio pide expresamente la apertura del incidente frente a la Sentencia C-264 de 2026.
Según el Ministerio de Hacienda, la decisión de la Corte cambia de manera importante las proyecciones fiscales del Estado hacia el futuro en especial cuando se habla de las obligaciones de financiación y en los recursos que deberán movilizarse para la implementación del nuevo sistema pensional. También advierte que, según las estimaciones de la cartera, la entrada en vigencia de la reforma podría generar requerimientos adicionales de recursos del orden de $5 billones, en un escenario fiscal que el propio Ministerio describe como de alta rigidez y con necesidad de ajustes.
Publicidad
“... a la fecha no existe para el Gobierno nacional una certeza absoluta sobre las implicaciones fiscales de la reforma, pues existen algunos puntos cuya discusión o eventual declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad pueden modificar el escenario actuarial, prestacional y financiero”.
El Gobierno, en otras palabras, le está diciendo a la Corte: la decisión judicial se debe cumplir, pero hay que revisar cómo hacerlo para que sus efectos sean compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas y con la programación presupuestal de la nación. De hecho, esa es la finalidad que expresamente plantea el ministerio en su solicitud.
La decisión queda ahora en manos de la Corte Constitucional: primero, tendrá que tramitar la solicitud de incidente y, posteriormente, determinar qué efectos puede tener frente a la sentencia.