La fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió que los recursos asignados para la Fiscalía resultarían insuficientes para cubrir su operación durante 2027.
La entidad solicitó $7,7 billones para gastos de funcionamiento, pero en el anteproyecto quedaron $6,6 billones, es decir, un recorte de $1,2 billones. De esa cifra, $6,2 billones corresponden a gastos de personal para 24.754 servidores.
Camargo señaló que los recursos asignados dejarían cerca de $415.000 millones para servicios públicos, combustible, gastos reservados, viáticos, arrendamientos y seguros. La Fiscalía, en cambio, calcula que necesita $976.000 millones para estos gastos durante 2027, por lo que la asignación alcanzaría aproximadamente para la mitad del año.
La entidad también reportó 443 sedes en arrendamiento y mayores costos en seguridad y aseo por el aumento del salario mínimo. Entre los gastos que deben mantenerse está el programa de protección de víctimas, testigos e intervinientes, que cobija a unas 370 personas y cerca de 1.200 al incluir sus familias.
“Nosotros tenemos problemas para atender el servicio, dificultades en los procedimientos y demoras en el adelantamiento de juicios. Sabemos que tenemos que mejorar, pero si dejáramos este presupuesto tal y como está, la Fiscalía tendría que funcionar el año entrante con $415.000 millones para servicios públicos, combustible y gastos reservados", añadió.
Las altas cortes también estarían en problemas con el presupuesto para el 2027
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, advirtió ante el Senado que la Rama Judicial solicitó $17,5 billones para 2027, pero el proyecto contempla $11,4 billones, una brecha de $6,1 billones.
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Novoa señaló que la congestión también se debe a demoras en salud, pensiones y seguridad social, que aumentan las tutelas y demandas. Propuso mesas de trabajo entre las tres ramas del poder y alertó por el impacto de la sobrecarga laboral en la salud mental de los servidores judiciales.
"No solo podemos pensar que únicamente con recursos podemos atender la demanda de justicia. Tenemos que mirar los problemas de raíz de las políticas públicas del Estado", señaló.
La JEP está dentro de la lista con un faltante de más de $120.000 millones
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que la jurisdicción enfrenta un déficit de $125.000 millones frente al presupuesto que solicitó para 2027. Pues pidió $947.000 millones, pero se le asignaron $821.000 millones de pesos. Señaló que el faltante afecta principalmente la representación de víctimas y comparecientes, los gastos de seguridad y el cierre de las investigaciones.
Ramelli pidió revisar la asignación prevista, pues estos recursos son necesarios para mantener esas funciones durante una etapa crítica de la JEP.
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“Estamos en una etapa crítica, que es el cierre de las investigaciones. Nosotros estamos cumpliendo estrictamente con el cronograma y con lo que está en la Constitución y la ley", argumentó.
Defensoría del Pueblo: las infraestructuras no son óptimas
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que la asignación presupuestal prevista para la entidad no refleja el impacto de la inflación frente al valor nominal de 2024.
Por esta razón, solicitó recursos adicionales para atender necesidades de infraestructura que no podrían cubrirse con el presupuesto inicial.
Entre las obras están la reparación de la sede de Quibdó, afectada estructuralmente, la adecuación de su tanque de agua y red eléctrica, y la adquisición de una sede para Risaralda, también afectada por el terremoto.
La Defensoría pidió además $810,13 millones para la construcción de la sede de Tumaco, adecuaciones en Cundinamarca, Bogotá, Guainía, Bolívar, Caucasia, Montelíbano, Amazonas y Cúcuta, y estudios técnicos para la sede de Mocoa, que está en riesgo.
La entidad también solicitó $166,004 millones para ampliar a las 42 regionales un programa especializado de defensa pública en casos de violencia basada en género. Además, busca fortalecer el programa de defensores públicos del Buen Futuro, dirigido a jóvenes menores de 28 años con tarjeta profesional, quienes pueden acceder a su primera experiencia laboral en la defensa pública con honorarios de $3 millones.
"El terremoto nos mostró que no podemos seguir aplazando este tema. Nuestra sede regional de Quibdó quedó con daños estructurales y la sede de Risaralda también tuvo unos daños muy importantes”, agregó.
Medicina Legal pide tener en cuenta situación que se vive en sus despachos
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, advirtió que la entidad enfrenta para 2027 un déficit del 18,8 %, luego de solicitar $846.000 millones para atender sus necesidades presupuestales.
Entre las principales dificultades está la reconstrucción de la sede de Medicina Legal en Cali, que quedó por fuera de la red de servicios de la entidad. Cortés señaló que actualmente no cuentan con recursos para prestar allí servicios de valoración y morgue, cubrir la prima de igualdad ni ampliar los cargos necesarios para fortalecer la capacidad de Medicina Legal.
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“No tenemos cómo financiar la reconstrucción de Cali. No podemos prestar en este momento las valoraciones en Cali, ni el servicio de morgue, y tampoco tenemos cómo ampliar los cargos adicionales que son necesarios para la ampliación de Medicina Legal", concluyó.