La aprobación del presupuesto de $634,9 billones para el 2027 dejó abiertas varias preguntas sobre la capacidad del Gobierno para financiar sus compromisos y reducir el déficit fiscal. Así lo señalaron en entrevista con Recap Blu el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el representante a la Cámara Alexander Bermúdez, quienes coincidieron en que ahora el principal reto será definir de dónde saldrán los recursos y qué rubros tendrán que ser ajustados.
Ocampo consideró positivo que se hayan “sincerado” algunas cuentas que no estaban contempladas en la propuesta anterior, pero advirtió que el tamaño del déficit y el aumento de la deuda siguen siendo preocupantes.
Para el exministro, el monto aprobado incluye cerca de $60 billones adicionales destinados al servicio de la deuda, principalmente a amortizaciones, por lo que no todo el incremento puede interpretarse como un mayor déficit. Sin embargo, sostuvo que el ajuste fiscal que necesita el país es de una magnitud considerable.
“La magnitud del ajuste que hay que hacer, de no sé, un poco más del 2 % del Producto Interno Bruto según el propio Gobierno, me parece muy difícil de hacer a punta de recorte de gastos”, afirmó.
Por esa razón, planteó combinar una reducción del gasto con nuevos ingresos y defendió la permanencia del impuesto al patrimonio.
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Uno de los principales interrogantes está precisamente en los recortes que deberá realizar el Gobierno para hacer viable el presupuesto. Alexander Bermúdez explicó que durante las próximas dos semanas las comisiones económicas deberán definir cuáles de las proposiciones presentadas tendrán el aval del Ejecutivo antes de construir la ponencia que será discutida el 24 de septiembre. Entre las solicitudes están mayores recursos para la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Contraloría, la Rama Judicial y subsidios de energía y gas.
“Lo que no nos ha dicho es de dónde, a quién le va a quitar, a qué le va a recortar”, cuestionó Bermúdez, quien además advirtió que todavía no existe claridad sobre los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
Otro punto de preocupación es la composición del presupuesto. Según Bermúdez, mientras el gasto de inversión representa alrededor del 14 %, los gastos de funcionamiento aumentan de manera significativa y el pago de la deuda ocupa una parte importante de los recursos.
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El congresista planteó que el Ministerio de Hacienda deberá explicar si es posible ajustar el funcionamiento, refinanciar parte de las obligaciones para ampliar los plazos o realizar otros movimientos que permitan liberar recursos para inversión. A esto se suma el nivel de endeudamiento: Bermúdez sostuvo que el presupuesto contempla cerca de $150 billones de crédito interno y otros $80 billones provenientes de la banca internacional, lo que, a su juicio, evidencia una fuerte dependencia del financiamiento mediante deuda.
¿Vender ISA?
Ocampo también cuestionó el manejo fiscal de los últimos años y aseguró que el déficit y la deuda pública alcanzaron niveles elevados, aunque rechazó la posibilidad de vender ISA para enfrentar la situación.
“Yo fui uno de los que me opuse a privatizar ISA y sigo opuesto porque ISA es un monopolio natural”, afirmó.
Tanto el exministro como Bermúdez coincidieron en que el debate apenas comienza y que las próximas semanas serán determinantes para conocer los ajustes. Mientras Ocampo considera difícil cerrar el desequilibrio únicamente con recortes y defiende una combinación con mayores ingresos, Bermúdez reclama claridad sobre qué se recortará, cuánto se destinará a la reconstrucción y cómo se financiará el presupuesto de 2027.