En diálogo con Mañanas Blu, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se pronunció sobre la creciente tensión entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República. Ocampo, quien es uno de los firmantes de la reciente carta enviada por destacados economistas al presidente Gustavo Petro, enfatizó que el respeto a la institucionalidad monetaria es fundamental para la estabilidad del país.Independencia y funciones de la Junta DirectivaUno de los puntos centrales de la intervención de Ocampo fue la delimitación de las funciones del ministro de Hacienda dentro del emisor. Según el exministro, el titular de la cartera de Hacienda tiene la responsabilidad de presidir la junta, pero esto conlleva el deber ineludible de aceptar las decisiones que tome la mayoría de sus miembros. Aunque la Constitución y la Corte Constitucional exigen una coordinación con la política económica general, incluyendo variables como el empleo y la actividad económica, Ocampo aclaró que la prioridad actual debe ser el control de los precios.Autonomía de los codirectores frente al EjecutivoEl exministro fue enfático al señalar que los miembros de la junta, independientemente de quién los nombre, deben actuar con total autonomía. Citó como ejemplo el caso de la doctora Olga Lucía Acosta, cuyo nombre él mismo sugirió al presidente Petro para su nombramiento.Ocampo recalcó que Acosta, al igual que los demás codirectores, no tiene por qué obedecer órdenes directas del presidente de la República ni del ministro de Hacienda.Experiencia histórica en el Ministerio de HaciendaPara respaldar su posición, Ocampo recordó su propia trayectoria bajo la administración del expresidente Juan Manuel Santos, señalando que, a pesar de su designación política, mantuvo siempre su criterio técnico. "Yo nunca obedecí ninguna orden del ministro de Hacienda", afirmó, subrayando que el comportamiento independiente es lo que se espera de cualquier profesional en dichos cargos de alta responsabilidad estatal. Actualmente, aunque la reactivación económica sigue en marcha, Ocampo advierte que el panorama es más débil que en periodos anteriores, lo que obliga al Banco de la República a actuar con cautela frente a las presiones del Gobierno para acelerar la reducción de tasas. Escuche aquí la entrevista:
Luego de que este martes, 31 de marzo, el Banco de la República decidiera aumentar sus tasas de interés en 100 puntos básicos, llevándolas a 11.25 %, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, rompió relaciones y salió de la junta directiva en un hecho que calificó de “afectar de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía en el país”.“En estas circunstancias, el Ministerio ha tomado la decisión de retirarse de la Junta Directiva que se realiza en el día de hoy del Banco de la República y establecer claramente entre el Gobierno y el Banco de la República una distancia significativa que solamente será reconsiderada en la medida en que el Banco de la República entienda que debe haber una coherencia con la realidad económica del país y con la realidad social del país”, dijo.Esto encendió alamar frente al futuro económico del país y, en especial por un fallo constitucional por parte del ministro tras esta decisión, que, en diálogo con Recap de Blu Radio, José Antonio Ocampo, primer ministro de Hacienda del Gobierno Petro, cuestionó como un fallo en sus funciones públicas y que “incumple la Constitución”.“A mi juicio sí lo está incumpliendo (mandato constitucional) porque el ministro de Hacienda está claramente denominado en la ley como el quien preside la junta directiva del Banco de la República, y, además, esto responde a una norma constitucional en la cual el Gobierno también participa en las decisiones de la junta directiva, o sea, del Banco de la República, porque la política monetaria tiene que ser hecha en coordinación con la política económica general. Así dice nuestra Constitución”, puntualizó.El exfuncionario, que fue el primer ministro de Hacienda del Gobierno Petro, explicó que la presencia del titular de esa cartera no es solo protocolaria, sino una pieza clave para garantizar la coordinación entre la política monetaria del Banco y la política económica general del Ejecutivo.Según explicó, en los casi 35 años de autonomía del Banco de la República, ha habido múltiples desacuerdos entre ministros de Hacienda y la Junta Directiva, pero ninguno había derivado en un retiro indefinido del funcionario encargado de presidir ese órgano.“Ha habido más de un momento en el cual la Junta no estaba de acuerdo con el ministro de Hacienda. Y eso no significa que el ministro se retira de la Junta”, sostuvo.Asimismo, Ocampo respaldó la postura de cautela del Banco de la República frente a la inflación, debido a que sí bien se muestra señales de desaceleración, no hay una recesión que justifique reducir las tasas de interés, sino que se vuelven una necesidad de evitar un aumento. Para el exministro, el principal problema en este momento sigue siendo el comportamiento de los precios, y por eso respaldó la preocupación del Banco.
Luego de confirmarse la ruptura por parte del Gobierno nacional con el Banco de la República, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo analizó en Meridiano Blu si es posible que el actual jefe de la cartera económica, Germán Ávila, pueda recibir alguna sanción por no cumplir con una de sus funciones al integrar la junta directiva del BanRep.Ocampo fue enfático en señalar que la asistencia del ministro de Hacienda a la junta del banco no es opcional, sino una obligación establecida por la normativa vigente. Según explicó, presidir ese espacio hace parte de sus funciones esenciales, por lo que una eventual ausencia o retiro podría interpretarse como un incumplimiento del deber."Esa es una norma que no se puede romper. Me parece a mí que si el ministro lo hace, habrá que ver qué implicaciones tiene para él mismo, digamos, de incumplir su deber fundamental", dijo Ocampo.El exministro advirtió que, aunque es normal que existan desacuerdos entre el Gobierno y el banco central, nunca se había planteado una situación en la que el ministro decidiera apartarse de la junta."La presencia del ministro es precisamente el reflejo de esa norma constitucional. Me parece que no tiene ningún sentido que el ministro no asista a la junta del banco”, afirmó, dejando claro que el rol del jefe de la cartera económica es participar activamente, incluso cuando no comparte las decisiones mayoritarias.¿Sancionarán a Ávila?La posible consecuencia de esta actuación, sin embargo, no está definida. El propio exministro señaló que serán las autoridades legales las encargadas de evaluar si existe mérito para abrir una investigación o aplicar sanciones. En ese escenario, el foco estaría en determinar si la conducta del ministro vulnera sus responsabilidades constitucionales y administrativas.Más allá del plano jurídico, la ausencia del Gobierno en la junta del Banco de la República tendría implicaciones de fondo. La Constitución establece la necesidad de coordinación entre la política monetaria y la política económica general, y la presencia del ministro es precisamente el puente entre ambas. Sin esa participación, se debilitaría el diálogo institucional en un momento marcado por tensiones con el Gobierno de Gustavo Petro.El trasfondo de la controversia está en la decisión del banco de aumentar las tasas de interés en 100 puntos básicos, medida que el Ejecutivo ha criticado duramente por considerar que frena el crecimiento económico. No obstante, Ocampo defendió que este tipo de decisiones responden al objetivo principal del emisor: controlar la inflación, especialmente en un contexto de presiones internas y externas.En ese marco, también se ha reavivado el debate sobre la independencia del banco central, luego de que el ministro Ávila sugiriera revisarla. Para Ocampo, esta propuesta sería un “pésimo precedente”, pues la autonomía del emisor es un pilar constitucional. Además, recordó que aunque el Gobierno nombra a los codirectores, estos no están obligados a seguir sus lineamientos, precisamente para garantizar decisiones técnicas y no políticas.Así, el país enfrenta un episodio inédito que pone a prueba el equilibrio entre el Gobierno y el banco central.
El más reciente informe del Dane, mostró que la economía colombiana creció 4,3 % en julio, un dato que supera el 3,1 % registrado en el mismo mes de 2023. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, analizó en diálogo con Blu Radio los factores detrás de este repunte y advirtió sobre las sombras fiscales que persisten.Ocampo calificó como alentador el resultado del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), pero pidió prudencia: “Ese dato efectivamente fue muy positivo. Obviamente, dato de un mes hay que mirarlo con cautela porque puede ocurrir una desaceleración. Mi cálculo es que el último trimestre, mayo, junio y julio, fue de 3,2 %, y si eso se refleja en el PIB del tercer trimestre, sería muy positivo”.El exministro destacó que sectores como la industria manufacturera y la construcción, que venían en contracción, mostraron señales de recuperación. El agropecuario, el financiero y el comercio mantuvieron su buen desempeño, mientras que el sector minero sigue en caída.El economista desligó este repunte de decisiones del Gobierno Petro: “Esta reactivación no tiene que ver con las políticas del Gobierno. En realidad, no ha habido política de reactivación. El único elemento es el pacto por el crédito, pero incluso eso fue más una propuesta bancaria que del Gobierno”.Ocampo aseguró que el crecimiento se explica por factores externos e independientes, como la bonanza cafetera, el aumento de remesas y la fortaleza del sector privado.El exministro también advirtió sobre los riesgos fiscales. “Este año vamos a tener la deuda pública más alta de la historia de Colombia. Además, hay un déficit que todo el mundo dice que el Gobierno lo está subestimando y no creo que en el Congreso vaya a haber un acuerdo real para recortar gasto. Ese es un tema complicado”, agregó.Según Ocampo, la falta de ajuste fiscal ya se refleja en las tasas de interés de largo plazo, lo que afecta directamente al crédito de vivienda. A su juicio, será inevitable que el próximo Gobierno arranque con un proceso de ajuste para sanear las finanzas públicas.Escuche la entrevista completa aquí:
El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, advirtió en entrevista con Mañanas Blu que el borrador de decreto publicado por el Departamento Nacional de Planeación, que busca redistribuir vigencias futuras ya comprometidas para proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), podría desencadenar graves consecuencias económicas y jurídicas para el país.Ocampo, junto a otros exministros de Hacienda y Transporte, firmó una carta en la que expresan sus preocupaciones frente a la iniciativa. En ella, señalan que la medida, además de afectar la seguridad jurídica, podría dar lugar a millonarias demandas contra el Estado y minar la credibilidad de un modelo que ha sido clave en la modernización vial de Colombia.“Las vigencias futuras son básicamente una deuda pública y por lo tanto no pagarlas es no pagar una deuda pública”, afirmó Ocampo, subrayando la seriedad del compromiso que el Estado ha asumido con los concesionarios privados.El riesgo jurídico de modificar las reglas de juegoEl exministro explicó que las vigencias futuras son un mecanismo diseñado para respaldar financieramente los proyectos de APP, en los que el sector privado asume la construcción de carreteras, y la recuperación de la inversión se da a través de peajes o pagos graduales por parte del Estado.Modificar unilateralmente este esquema, según Ocampo, significaría un incumplimiento equiparable a dejar de pagar una deuda a una entidad financiera.“Obviamente hay muchas carreteras que se verían afectadas por esta medida y, por lo tanto, los inversionistas privados correspondientes. El gobierno va a recibir una cantidad de demandas por incumplimiento”, alertó el exministro.La carta firmada por Ocampo y otros exfuncionarios también cuestiona la constitucionalidad de la medida, pues consideran que solo el Congreso puede modificar el marco legal que regula las APP, establecido en la Ley 1508 de 2012.Proyectos estratégicos en riesgoUno de los puntos más sensibles es que la iniciativa afectaría obras prioritarias para el propio Gobierno Nacional. Ocampo destacó el caso del proyecto vial El Estanquillo–Popayán, considerado clave para el suroccidente del país y que, incluso, ha recibido respaldo del presidente Gustavo Petro.“Sería un error no llevar a cabo una obra prioritaria como esta por un cambio en las reglas de juego. Este es un mecanismo exitoso que ha permitido modernizar las carreteras de Colombia en forma sustancial”, sostuvo el exministro.La paradoja, según los firmantes de la carta, es que con el decreto el Gobierno estaría debilitando un modelo que ha respaldado sus propias apuestas de infraestructura.Demandas y credibilidad en juegoLa experiencia reciente con la suspensión de incrementos en peajes durante los primeros meses de la actual administración es otro antecedente de tensión con los concesionarios. Aunque en ese momento el Gobierno prometió compensar a las empresas con recursos adicionales, el episodio dejó abierta la discusión sobre la estabilidad del esquema APP.“Este es un mecanismo que ha sido súper exitoso, entonces no tiene ningún sentido hacerle perder credibilidad”, recalcó Ocampo, recordando que las carreteras modernas del país se han financiado en gran medida gracias a este modelo.En su concepto, la incertidumbre jurídica que se generaría con la redistribución de vigencias futuras no solo frenaría proyectos en marcha, sino que podría reducir el apetito de inversionistas privados para futuras iniciativas.Posibles responsabilidades de los funcionariosLa carta también advierte que los funcionarios que lleguen a firmar el decreto podrían enfrentar investigaciones disciplinarias o fiscales por el impacto que tendría la medida en las finanzas públicas y en la seguridad jurídica del Estado.“Es claro que esos funcionarios podrían ser sometidos a investigaciones por esos motivos”, puntualizó Ocampo.Escuche la entrevista completa aquí:
El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo cuestionó duramente el reciente paquete de anuncios económicos del gobierno de Gustavo Petro, advirtiendo que el país está en camino a enfrentar el nivel de endeudamiento público más alto de su historia. Las declaraciones fueron entregadas en entrevista con Blu Radio, en la que analizó la activación de la cláusula de escape a la regla fiscal, la propuesta de una nueva reforma tributaria y las perspectivas económicas a corto y mediano plazo.“La suspensión de la regla no sigue las normas legales que se establecieron cuando esta ley fue expedida en 2011. Por lo tanto, es una acción que no es correcta por parte del gobierno”, dijo Ocampo. La activación de la cláusula —aprobada por el Confis— permite que el Ejecutivo se aparte de los límites fiscales por hasta tres años. Esto implica que el déficit proyectado para este año, del 5,1 % del PIB, no se cumplirá y que la deuda, que ya se aproxima al 61 % del PIB, continuará creciendo.“El aumento de la deuda también va a tener como uno de sus impactos un aumento en el costo de intereses”, agregó el exministro, al advertir que las tasas de interés de los TES —títulos de deuda pública— a cinco y diez años ya han subido, al igual que el riesgo país, lo que encarece la deuda externa.A estos anuncios se suma el plan del Gobierno de presentar una nueva reforma tributaria al Congreso, con la cual busca recaudar entre 19 y 26 billones de pesos. Sin embargo, Ocampo se mostró escéptico frente a su viabilidad: “La posibilidad de una reforma tributaria es muy baja, dada las relaciones entre el gobierno y el Congreso de la República”.Para Ocampo, la discusión no debería centrarse únicamente en ingresos, sino también en recortes o ajustes del gasto: “Los gastos de funcionamiento del gobierno vienen aumentando en forma muy significativa. Mi cálculo es que este año están aumentando cuatro puntos del PIB, comparado con la década previa a la pandemia. Es una magnitud enorme”.El exministro reconoció que hay exenciones del IVA y beneficios del impuesto de renta que podrían eliminarse, pero reiteró que esa decisión no depende solo del Gobierno sino del Congreso, y que, por el momento, las condiciones políticas no permiten pensar en una reforma estructural.Frente al panorama económico hacia el final del actual gobierno, Ocampo fue tajante: “Lo que va a dejar el gobierno al entrante es la deuda pública más alta de la historia, con las tasas de interés también muy altas. Ese es el resultado de estas decisiones”.También alertó sobre posibles consecuencias internacionales: considera “muy alta” la probabilidad de que la calificadora Moody’s le retire a Colombia el grado de inversión, lo que se sumaría a los recortes anteriores de otras agencias. Además, cree posible que el país pierda la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque esa decisión se tomaría en 2026.Ocampo finalizó reiterando que durante su gestión, el déficit y la deuda estaban en descenso. Aunque reconoció que factores externos como el bajo crecimiento económico y la caída del precio del petróleo han afectado los ingresos, insistió en que no ha habido decisiones efectivas en materia de ajuste fiscal por parte del gobierno actual.“Si se hicieran acuerdos políticos amplios para enfrentar esta situación, sería ideal. Pero no veo al gobierno en esa tarea”, concluyó el exministro antes de retirarse a dictar su clase sobre gobernabilidad económica internacional en la Universidad de los Andes.Escuche la entrevista completa aquí:
Hace algunas semanas, el presidente Gustavo Petro manifestó en un consejo de ministros que se había equivocado al nombrar a algunos de sus ministros en el comienzo de su Gobierno e, incluso, afirmó que le vieron la cara de pendejo. Entre los personajes que nombró está José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda.En entrevista con Recap Blu, el economista respondió si se arrepentía o no de haber sido integrante del Gabinete del mandatario Petro.¿Se arrepiente Ocampo de haber estado con Petro?La respuesta del exministro de Hacienda fue concisa en los micrófonos de Blu Radio, pese a las declaraciones pasadas del presidente."Yo creo que lo hice bien como ministro de Hacienda en el período que tuve la oportunidad", dijo."Diversificar las exportaciones"Por otro lado, Ocampo también realizó un análisis sobre cómo está la economía colombiana luego de la imposición del 10 % de aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. Para el economista es importante que el país empiece a tener diferentes productos para exportar y no solo enfocarse en unos pocos."Nosotros necesitamos diversificar radicalmente nuestras exportaciones; entre los dos principales productos de exportación ya hay unos problemas complejos, como el caso del petróleo que ha venido bajando de precio y del carbón que ha tenido una reducción significativa", detalló el exministro de Hacienda.De hecho, comentó que, teniendo en cuenta el mercado actual, donde la tecnología cada vez se está fortaleciendo más, sería bueno fortalecer la exportación del cobre."Por ejemplo, Colombia podría producir y exportar mucho más cobre, que es un producto muy importante en la nueva era digital. Por su puesto que diversificar exportaciones debería ser una política de largo plazo del Gobierno", añadió Ocampo.Concluyó diciendo que, aunque el porcentaje de aranceles fue "benigno" en comparación con otros países, sin duda afectará a todas las exportaciones del país a Estados Unidos.
En entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo desmintió las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre supuestos chantajes y extorsiones a ministros de Hacienda por parte de congresistas.“Jamás me pidieron un contrato durante el periodo que fui ministro, durante el gobierno actual”, declaró Ocampo.El contexto de la declaraciónEl presidente Petro, a través de un extenso trino, defendió al saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, argumentando que “todo ministro de Hacienda ha sido chantajeado y extorsionado” por congresistas. Según Petro, esta dinámica forma parte de una larga tradición en la política colombiana, ligada a los denominados “cupos indicativos” o auxilios parlamentarios, una práctica que el presidente denunció desde el año 2001.En su trino, Petro también señaló que la corrupción en el Congreso ha sido históricamente un obstáculo para la democracia colombiana, lo que ha llevado a alianzas entre algunos parlamentarios y sectores ilegales como el narcotráfico y el paramilitarismo.Ocampo dijo no haber recibido presionesCuando se le preguntó si durante la discusión de la reforma tributaria de 2022 algún congresista le solicitó contratos o sugirió actos de corrupción, Ocampo fue contundente: “No, es decir, uno tiene que negociar con el Congreso, pero no que sea chantajeado”.Añadió que es normal discutir no solo el presupuesto total, sino también la asignación de recursos, una función propia del Congreso, pero subrayó que nunca enfrentó situaciones irregulares.Las declaraciones de Ocampo llegan en un momento crítico para Ricardo Bonilla, quien ha sido objeto de críticas por la supuesta entrega de cupos indicativos. Petro afirmó en su trino que la negativa de Bonilla a ceder ante presiones parlamentarias ha sido utilizada como una estrategia para desestabilizar su gobierno.El presidente también sugirió que estas dinámicas están relacionadas con la lucha por el control del presupuesto público y los intereses de sectores políticos que buscan mantener el statu quo. En su mensaje, Petro hizo un llamado a reflexionar sobre la corrupción estructural que afecta la democracia colombiana y destacó la importancia de defender el cambio que promueve su gobierno.
El cerebro detrás de la reforma tributaria del 2022 en Colombia y exministro de Hacienda Jose Antonio Ocampo habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre los cambios implementados desde la reforma y respondió a las declaraciones del exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega. En conversación con la FM, Ortega había expresado: "Yo tuve que pagar en los últimos dos meses, entre colegios, universidades y salud, $200 millones, y además toca 50 millones adicionales a la retención, porque nos nos quitaron cualquier descuento. Las empresas pueden descontar todo, y la gente rica, verdaderamente rica, tiene todos sus gastos a través de las empresas, y eso la Dian no lo está tocando".El profesor Ocampo explicó que la propuesta de reforma buscaba limitar las deducciones para aquellas personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes. Sin embargo, este límite se incrementó a 13 millones de pesos, lo cual afecta a aproximadamente el 2 % de la población. En ese sentido, argumentó que es justo que aquellos que tienen mayores ingresos paguen más impuestos para apoyar a los sectores más pobres de la población, ya que esto genera un efecto redistributivo necesario. También mencionó que la fiscalización de la Dian se ha fortalecido y que se han eliminado algunos beneficios para las empresas, con el objetivo de evitar la evasión fiscal. En respuesta a las críticas sobre la deducibilidad de gastos, el profesor Ocampo señala que en ningún país del mundo las personas naturales tienen la posibilidad de deducir gastos de educación y salud, y que esto no es exclusivo de Colombia. Además, afirma que la mayoría de las personas con ingresos en Colombia tienen la oportunidad de deducir un techo bastante amplio de sus ingresos, excepto aquellos con mayores ingresos. "Lo que él (Ortega) está diciendo sobre personas naturales no existe en ningún país, en ningún país del mundo. O sea, yo también pago impuestos en EE.UU. a mí no me dejan deducir los gastos de educación. El doctor Ortega pertenece al 2 % y creo que al uno o al medio por 100 con mayores ingresos de Colombia. Entonces no tiene derecho a quejarse por eso", expresó.En cuanto al tema de las indemnizaciones gravadas, el profesor defiendió que estas son consideradas como ingresos y, por lo tanto, deben ser gravadas. Además, menciona que es necesario ampliar los controles para evitar la elusión fiscal a través de sociedades familiares. Ocampo también explicó que, sobre los ingresos fiscales, la desaceleración económica y la anticipación del pago de impuestos del año 2024 al 2023 han afectado el recaudo tributario. Sin embargo, destacó que la tasa de tributación en Colombia es la segunda más alta de la historia. En cuanto a posibles futuras reformas, el exministro espera que el Gobierno presente propuestas concretas para aumentar los ingresos fiscales, como la compensación de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la deducibilidad de las regalías. También mencionó la posibilidad de ampliar el control fiscal y evitar la elusión a través de sociedades. Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el ministro de Hacienda José Antonio Campo habló sobre la situación económica que actualmente atraviesa Colombia y se refirió a las posibilidades de obtener un financiamiento internacional. Mencionó que, si bien es posible conseguir financiaciones explícitas para temas asociados al proceso de paz, esto tendría que venir a través de bancos multilaterales de desarrollo o con cooperación de algunos países.Sin embargo, señaló que las afirmaciones del presidente Gustavo Petro acerca de “reducir el riesgo país” en el endeudamiento colombiano, no corresponden a la realidad del mercado. En ese sentido, Ocampo explicó que el margen de riesgo en los bonos emitidos por un país en el mercado internacional es positivo para todos los países en desarrollo y, en el caso de Colombia, es particularmente alto debido a la pérdida del grado de inversión. Según dijo, la única forma de reducir el margen de riesgo es con un buen manejo macroeconómico.El exministro Ocampo dijo que, tal y como lo habla el presidente Petro, no es. Recalcó, así, que ese margen de riesgo al que hacen alusión, por ejemplo, es positivo solo para aquellos países en desarrollo y Colombia perdió el grado de inversión desde mucho antes, según las calificadoras, y ahora hay una “perspectiva negativa”.“Uno puede conseguir financiaciones explícitas para temas asociados al proceso de paz. Esa financiación, diría yo, tendría que venir por el lado de los bancos multilaterales, del Banco Mundial o con cooperación de algunos países, pero si el presidente quiere referirse, cuando se habla de márgenes de riesgo, son en el mercado privado de capitales y perdón, pero creo que no conoce cómo funciona. Esa afirmación no corresponde a nada que tenga que ver con la realidad; los bonos que un país emite en el mercado internacional tienen un margen de riesgo. Ese margen de riesgo es positivo para todos los países en desarrollo y es particularmente alto para Colombia ahora, porque Colombia perdió lo que se llama el grado de inversión, es decir, que dos calificadoras de riesgo nos quitaron ese grado bajo el Gobierno anterior y debo decir que la tercera gran calificadora ya nos acaba de pasar a perspectiva negativa”, detalló.Enfatizó que, entonces, “la única forma de reducir margen de riesgo es con un buen manejo macroeconómico y esa es la única forma de ir y volver a recuperar el grado de inversión”. Por eso, indicó que esa es una realidad del mercado.“Así funcionan los mercados y no hay forma alguna de decirle: a ese margen de Gobierno o para un propósito particular. Eso no, así no funciona en los mercados”, puntualizó el exministro de Hacienda.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.
El reciente sismo que sacudió a Venezuela y que se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, revivió el temor sobre la resistencia de las edificaciones en el país. En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), analizó el panorama actual y lanzó una advertencia clara: Colombia no está del todo preparada debido al alto costo que implica actualizar las estructuras más antiguas.Al ser consultado directamente sobre las estadísticas de actualización en el país frente a un sismo de gran magnitud, Areiza fue contundente. "No muy bien, y hay que ser sinceros", afirmó el experto, explicando que el principal obstáculo para asegurar los inmuebles es económico.El grave problema de los edificios construidos antes de 1984La normativa de sismorresistencia en el territorio nacional ha tenido una evolución histórica que marca una línea de seguridad muy clara para los habitantes de cualquier propiedad.Edificaciones posteriores a 1984: Cuentan con un buen nivel de seguridad. La primera norma oficial nació con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, la cual tuvo actualizaciones posteriores en los años 1998 y 2010 (NSR-10).Edificaciones anteriores a 1984: Representan el mayor riesgo. Al no estar cobijadas por legislaciones estrictas, su resistencia ante un terremoto es una incógnita que depende enteramente de la rigurosidad del constructor de la época."Las actualizaciones sismorresistentes son muy costosas y dependen de la edad de la edificación", señaló Areiza. Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura indispensable construida en 1829 donde no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos.¿Se puede actualizar la sismorresistencia de un edificio viejo?El ingeniero explicó que sí es técnicamente posible mediante un procedimiento denominado estudio de vulnerabilidad estructural. Este análisis evalúa el comportamiento del inmueble frente a las exigencias de la norma vigente (NSR-10) y plantea una ruta de rehabilitación técnica.Bajo la ley colombiana, los hospitales, centros de emergencia y todas aquellas denominadas "edificaciones indispensables" tienen la obligación legal de realizar esta actualización para garantizar su funcionamiento tras un desastre. Sin embargo, en el sector residencial privado la situación es distinta y la inversión depende de las copropiedades.El peligro oculto en las obrasEl presidente de la AIS enfatizó que un buen diseño estructural en el papel no garantiza que el edificio soporte un terremoto si falla el control en la construcción. El talón de Aquiles de la infraestructura colombiana suele estar en la supervisión técnica de la obra.Un error común y crítico es el mal curado del concreto. Según datos compartidos por el experto, si este proceso no se ejecuta de forma correcta en la obra, el material puede llegar a perder hasta un 50% de la resistencia especificada en los planos, dejando la estructura en una situación de alta vulnerabilidad.Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica trabaja junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma sismorresistente del país, buscando mantener a Colombia bajo los más altos estándares científicos del mundo.
Seis rescatistas vinculados a Caldas ya viajaron a Venezuela como parte de la delegación colombiana que apoyará las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia que enfrenta ese país.Tras el proceso de selección realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los seis profesionales quedaron integrados al equipo de 62 integrantes que representa a Colombia en la misión humanitaria.Tres de los rescatistas hacen parte del componente médico, mientras que los otros tres cumplen funciones en operaciones de búsqueda y rescate, además de planificación y coordinación bajo el sistema USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).La delegación caldense está conformada por cuatro integrantes activos de la Cruz Roja Colombiana, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y un profesional de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, quien también integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales.Con esta misión, Caldas aporta personal especializado a las labores humanitarias que adelanta Colombia para apoyar la atención de la emergencia en territorio venezolano.Desde la Gobernación de Caldas expresaron su reconocimiento a los rescatistas y reiteraron un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, en coordinación con los 26 Bancos de Alimentos del país, puso en marcha una estrategia nacional para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela. La ayuda será movilizada por vía terrestre y aérea en articulación con el Banco de Alimentos de Venezuela y Cáritas.Las mayores afectaciones se concentran en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de familias requieren asistencia inmediata, según aseguró la organización.Para responder a esta situación, ABACO habilitó inicialmente 13 Bancos de Alimentos en diferentes regiones del país para recibir y clasificar las donaciones, mientras avanza la activación de toda la red nacional de 26 bancos. Entre los productos priorizados se encuentran alimentos no perecederos, agua, leche, granos, artículos de higiene, pañales, cobijas, kits de cocina y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre la población afectada.El director de ABACO, Juan Carlos Buitrago, explicó que las donaciones llegarán a través de los bancos de alimentos de Bogotá y Cúcuta, desde donde serán transportadas por vía terrestre y aérea para su distribución, con el apoyo de Cáritas y el Banco de Alimentos de Venezuela. Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones en especie o en dinero para cubrir tanto la compra de productos faltantes como los costos logísticos de la operación humanitaria.Los interesados pueden realizar donaciones en especie en los Bancos de Alimentos habilitados o hacer aportes económicos a través del portal donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 También está disponible la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753. Los recursos serán destinados a la compra de productos faltantes y al transporte de la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.
Gases del Caribe se pronunció tras la decisión de la Corte del Banco del Rey de Alberta, en Canadá, que autorizó a Canacol Energy a terminar varios contratos de suministro de gas como parte de su proceso de reestructuración empresarial. La compañía enfatizó que esa decisión no tiene efectos inmediatos en Colombia y que, por ahora, los contratos de suministro de gas continúan plenamente vigentes.Según explicó la empresa, el fallo del tribunal canadiense, emitido el 24 de junio, expone las razones para autorizar a Canacol a finalizar, entre otros, dos contratos suscritos con Gases del Caribe.La Corte sustentó su decisión en que esa medida facilitaría el proceso de reorganización financiera que adelanta la compañía dentro del régimen de insolvencia transfronteriza en Canadá.Sin embargo, Gases del Caribe precisó que esa autorización aún debe ser incorporada mediante un Disclaimer Order y, posteriormente, ser reconocida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. La entidad colombiana deberá analizar si la decisión cumple con lo establecido en la Ley 1116 de 2006 y verificar que no afecte el orden público económico, los derechos de los acreedores ni el interés general.Mientras ese procedimiento no concluya, la empresa aseguró que los contratos de suministro de gas permanecen en firme y continúan produciendo todos sus efectos legales. En consecuencia, la decisión adoptada por la justicia canadiense todavía no modifica las obligaciones contractuales entre las partes en territorio colombiano.El pronunciamiento de Gases del Caribe se conoce luego de que la Corte de Alberta respaldara la solicitud presentada por Canacol Energy dentro de su proceso de insolvencia transfronteriza. {Ahora, el siguiente paso será la revisión que realice la Superintendencia de Sociedades, cuya decisión será determinante para establecer si la autorización concedida en Canadá puede tener efectos jurídicos en Colombia.