“Modificar vigencias futuras de las APP afectaría a muchísimas vías”: José Antonio Ocampo

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, advirtió en entrevista con Mañanas Blu que el borrador de decreto publicado por el Departamento Nacional de Planeación, que busca redistribuir vigencias futuras ya comprometidas para proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), podría desencadenar graves consecuencias económicas y jurídicas para el país.Ocampo, junto a otros exministros de Hacienda y Transporte, firmó una carta en la que expresan sus preocupaciones frente a la iniciativa. En ella, señalan que la medida, además de afectar la seguridad jurídica, podría dar lugar a millonarias demandas contra el Estado y minar la credibilidad de un modelo que ha sido clave en la modernización vial de Colombia.“Las vigencias futuras son básicamente una deuda pública y por lo tanto no pagarlas es no pagar una deuda pública”, afirmó Ocampo, subrayando la seriedad del compromiso que el Estado ha asumido con los concesionarios privados.El riesgo jurídico de modificar las reglas de juegoEl exministro explicó que las vigencias futuras son un mecanismo diseñado para respaldar financieramente los proyectos de APP, en los que el sector privado asume la construcción de carreteras, y la recuperación de la inversión se da a través de peajes o pagos graduales por parte del Estado.Modificar unilateralmente este esquema, según Ocampo, significaría un incumplimiento equiparable a dejar de pagar una deuda a una entidad financiera.“Obviamente hay muchas carreteras que se verían afectadas por esta medida y, por lo tanto, los inversionistas privados correspondientes. El gobierno va a recibir una cantidad de demandas por incumplimiento”, alertó el exministro.La carta firmada por Ocampo y otros exfuncionarios también cuestiona la constitucionalidad de la medida, pues consideran que solo el Congreso puede modificar el marco legal que regula las APP, establecido en la Ley 1508 de 2012.Proyectos estratégicos en riesgoUno de los puntos más sensibles es que la iniciativa afectaría obras prioritarias para el propio Gobierno Nacional. Ocampo destacó el caso del proyecto vial El Estanquillo–Popayán, considerado clave para el suroccidente del país y que, incluso, ha recibido respaldo del presidente Gustavo Petro.“Sería un error no llevar a cabo una obra prioritaria como esta por un cambio en las reglas de juego. Este es un mecanismo exitoso que ha permitido modernizar las carreteras de Colombia en forma sustancial”, sostuvo el exministro.La paradoja, según los firmantes de la carta, es que con el decreto el Gobierno estaría debilitando un modelo que ha respaldado sus propias apuestas de infraestructura.Demandas y credibilidad en juegoLa experiencia reciente con la suspensión de incrementos en peajes durante los primeros meses de la actual administración es otro antecedente de tensión con los concesionarios. Aunque en ese momento el Gobierno prometió compensar a las empresas con recursos adicionales, el episodio dejó abierta la discusión sobre la estabilidad del esquema APP.“Este es un mecanismo que ha sido súper exitoso, entonces no tiene ningún sentido hacerle perder credibilidad”, recalcó Ocampo, recordando que las carreteras modernas del país se han financiado en gran medida gracias a este modelo.En su concepto, la incertidumbre jurídica que se generaría con la redistribución de vigencias futuras no solo frenaría proyectos en marcha, sino que podría reducir el apetito de inversionistas privados para futuras iniciativas.Posibles responsabilidades de los funcionariosLa carta también advierte que los funcionarios que lleguen a firmar el decreto podrían enfrentar investigaciones disciplinarias o fiscales por el impacto que tendría la medida en las finanzas públicas y en la seguridad jurídica del Estado.“Es claro que esos funcionarios podrían ser sometidos a investigaciones por esos motivos”, puntualizó Ocampo.Escuche la entrevista completa aquí: