Alarma entre exministros de Transporte y Hacienda por decreto sobre vigencias futuras de las APP
Advierten que es una medida unilateral del Gobierno y requiere consenso o aprobación del Congreso, por lo que podría ser demandada.
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Los exministros de Transporte, Ángela María Orozco y Germán Cardona, junto a los exministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y José Manuel Restrepo, firmaron una carta pública dirigida al Gobierno en respuesta al borrador de decreto del Departamento Nacional de Planeación, el cual busca redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas de los proyectos de infraestructura de transporte, que serán bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas.
Los exfuncionarios comienzan advirtiendo que se pretende regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el Congreso de la República.
“Es decir, si usted contaba con que le iba a llegar el 25 % del valor del puente en el año dos y resulta que el Gobierno le puede decir, yo se lo voy a dar pero en el año quinto, entonces lo deja colgado de la brocha”, explica el exministro Juan Camilo Restrepo, en entrevista con Blu Radio.
Otro punto importante es que este tipo de decretos restan credibilidad a un modelo que los exministros consideran, ha sido vital para el desarrollo como las APP y genera desconfianza.
El rector de la EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, agrega que “esa desconfianza significa menos inversión extranjera directa para estas asociaciones público-privadas, por ende menos oportunidades para que Colombia pueda desarrollar su infraestructura, porque no habría fuente de recursos garantizada que permita el desarrollo de los proyectos”.
Y el tema no es de menor importancia, porque el esquema de las APP “no solo se utiliza para la financiación y construcción de carreteras, es fundamental al momento de desarrollar infraestructura social, tan necesaria para la disminución de la desigualdad en el país”.
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Una alternativa, planteada en el texto de los exfuncionarios, sería agregar un artículo, pero acordado entre las partes, con la finalidad de convenir la redistribución de las vigencias futuras, pero no con un decreto unilateral del gobierno.
Advirtieron que quienes expidan el mencionado decreto estarían incurriendo en faltas disciplinarias y fiscales.