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No es un secreto que, en Colombia, pagar la cuota alimentaria es una obligación fundamental para garantizar los derechos de los menores de edad.
Esta ayuda económica, regulada por el Código Civil y la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), busca cubrir aspectos esenciales como alimentación, educación, salud, vivienda, vestuario, entre otros.
Aunque algunos piensan que existe un monto estándar, lo cierto es que el valor puede variar según factores clave como las necesidades del hijo y la capacidad económica del padre o la madre.
Antes de hablar de un tope, es importante tener en cuenta que, en Colombia, el salario mínimo para el año 2025 es de $1.423.500 (sin contar con el auxilio de transporte).
Según la normativa, un juez puede fijar hasta el 50 % del ingreso mensual como cuota alimentaria, es decir, $711.750.
Sin embargo, este monto no se establece de manera automática. Cada caso debe evaluarse individualmente, considerando cuántos hijos tiene la persona, los ingresos del otro progenitor y las necesidades específicas del menor.
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Por ejemplo, si un padre devenga dos salarios mínimos y tiene un solo hijo, podría fijarse una cuota superior al millón de pesos si el otro progenitor no tiene ingresos.
Pero si tiene tres hijos con diferentes parejas, ese valor debe distribuirse proporcionalmente entre ellos.
El no pago de la cuota alimentaria puede traer serias consecuencias legales.
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Quienes incumplen pueden enfrentar procesos judiciales, embargos de cuentas bancarias, reportes en centrales de riesgo e incluso medidas de detención por inasistencia alimentaria, según lo establece el Código Penal.
En muchos casos, los padres acceden a acuerdos voluntarios en Centros de Conciliación, Comisarías de Familia o Inspecciones de Policía.
Si no hay consenso, el caso pasa a un juez, quien evaluará pruebas como certificados de ingresos, gastos escolares, servicios médicos y condiciones de vivienda del menor.
Aunque es común pensar que la cuota se paga exclusivamente en dinero, esto no siempre es así.
Un juez puede ordenar que se pague en especie, cubriendo directamente matrículas escolares, alimentación o salud, siempre que se pueda comprobar el cumplimiento efectivo de esa obligación.
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