Muchas parejas consideran que, una vez terminan la relación y dejan de convivir, desaparecen automáticamente las responsabilidades económicas entre ambos. Sin embargo, en Colombia esa idea no siempre corresponde a la realidad ni a lo que establece la ley. En determinados casos, las obligaciones pueden continuar incluso después de la separación de hecho.Según lo que indica el artículo 411 del Código Civil, un esposo o una esposa puede solicitar ante un juez una cuota de alimentos a su cónyuge sin necesidad de haberse divorciado, siempre que el matrimonio continúe vigente y se cumplan una serie de requisitos previstos por la ley.Artículo 411 del Código Civil: cuándo un cónyuge puede pedir una cuota de alimentosLa norma reconoce que el matrimonio genera deberes de solidaridad, respeto y apoyo mutuo, obligaciones que no desaparecen únicamente porque la pareja haya dejado de vivir bajo el mismo techo.Según la norma, el aspecto definitivo no es la convivencia en sí, sino demostrar dos condiciones ante el juez:Que quien solicita la cuota atraviesa una situación real de necesidad.Que el otro cónyuge cuenta con capacidad económica para brindar ese apoyo.De hecho, existe la creencia errónea de que una persona debe divorciarse para reclamar una cuota de alimentos a su esposo o esposa, pero esto no es cierto. Siempre y cuando exista un vínculo matrimonial vigente, permanecen los deberes de solidaridad y apoyo mutuo.Artículo 411 del Código Civil: ¿qué dice la ley?Según el artículo 411 del Código Civil, se establece quiénes tienen derecho a recibir alimentos y quiénes están obligados a suministrarlos. Entre esos beneficiarios no solo aparecen los hijos o padres, sino también los cónyuges.Es decir, si una pareja está separada de hecho, pero continúa legalmente casada, puede acudir a la justicia para solicitar una cuota alimentaria, siempre que demuestre necesitar ese apoyo y que el otro esté en capacidad de brindárselo.Eso sí, cada caso se estudia de manera individual, por lo tanto, no existe una cuota fija establecida por la ley.Cómo solicitar una cuota de alimentos sin divorciarseQuien considere que cumple los requisitos deberá iniciar un proceso judicial de fijación de cuota de alimentos.Durante el trámite, el juez evaluará aspectos como:La necesidad económica de quien presenta la solicitud.La capacidad de pago del otro cónyuge.Las pruebas sobre ingresos, gastos y estado de salud de ambas partes.Los especialistas recuerdan que esta figura no debe confundirse con la cuota alimentaria que puede ordenarse dentro de un proceso de divorcio, ya que ambos mecanismos tienen requisitos y finalidades diferentes.
La Corte Constitucional de Colombia estudió una tutela presentada por ‘Amalia’, quien reclamó que su padre incumplió durante años con las obligaciones alimentarias, pese a la existencia de múltiples procesos judiciales y hasta una condena penal por inasistencia alimentaria.Según expuso la Corte, ‘Amalia’ y su madre promovieron 18 procesos y trámites administrativos para exigir el pago de la cuota alimentaria. Sin embargo, el papá habría recurrido incluso a una simulación de compraventa de un inmueble, el único bien con el que podía responder económicamente, para evadir sus obligaciones.El alto tribunal sostuvo que la inasistencia alimentaria prolongada vulnera los derechos fundamentales de los hijos y también impacta de manera diferenciada a las madres, quienes terminan asumiendo solas las cargas económicas, emocionales y de cuidado del hogar.La Corte Constitucional de Colombia consideró que las maniobras para ocultar bienes o distraer patrimonio con el propósito de evitar el pago de alimentos pueden configurar violencia económica y abuso del derecho. En particular, dijo la alta corte, las simulaciones de compraventa y los litigios ficticios pueden convertirse en mecanismos para desgastar física, económica y psicológicamente a las mujeres.“En este contexto, el Estado tiene el deber de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia basada en género, de forma que la violencia económica y el incumplimiento alimentario no pueden ser tratados como un conflicto entre particulares perteneciente a la esfera privada, sino como una forma de violencia estructural que debe ser abordada desde el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y el enfoque diferencial, interseccional y de género”, señaló la Corte.
Para muchas personas, pedir un crédito puede ser un trámite sencillo y común; sin embargo, existen detalles que muchos olvidan y que pueden cerrar la puerta de manera inmediata. Lo más increíble es que no se trata de un bajo historial crediticio o del nivel de ingresos, sino de una obligación legal.Resulta que muchos pasan por alto sus obligaciones, especialmente aquellas que tienen que ver con sus hijos; por ello, no estar al día con la cuota alimentaria podría afectarle más de lo que cree. Desde la entrada en vigencia de la Ley 2097 de 2021, quienes no cumplan con su deber enfrentarían restricciones muy serias.Debido a esa norma, se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), una base de datos en la que se reúne la información de aquellos padres que no cumplen con la cuota destinada para el sustento de sus hijos. Este registro no solamente tiene implicaciones legales, sino que además es un duro golpe al sistema financiero del país.Si aparece en la lista, bancos le negarán créditosEstar incluido en la lista Redam se ha convertido en un filtro a la hora de acceder a préstamos. De acuerdo con la ley, las entidades financieras pueden negar la aprobación o incluso la renovación de créditos a las personas que aparezcan en el listado.Esto se debe a que, cuando se solicita el crédito, se exige el certificado del Redam. Con ese documento, los bancos verifican si la persona se encuentra al día en sus obligaciones alimentarias; por lo tanto, si está en mora, pueden dar una respuesta negativa sin mayor explicación.Qué es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y cómo funcionaEl Redam es un mecanismo que busca garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria, es decir, los recursos destinados a vivienda, salud, educación y bienestar de niños, niñas y adolescentes.Una persona puede ser incluida en este registro cuando acumula mora en al menos tres cuotas alimentarias, sean consecutivas o no, siempre que exista un respaldo legal como una decisión judicial o un acuerdo de conciliación. Aunque existe la posibilidad de evitar el reporte si se demuestra el pago a tiempo en una primera ocasión, la reincidencia tiene consecuencias más estrictas.Otros motivos para estar reportado en RedamMás allá de los créditos, encontrarse en la lista trae consigo limitaciones que afectan varios aspectos.No puede contratar con el Estado hasta ponerse al díaNo puede ser nombrado en cargos públicosPuede enfrentar restricciones para salir del paísSe le exige el certificado para trámites notarialesDe hecho, si la persona es un servidor público, puede ser suspendida de su cargo mientras regulariza su situación. De esa manera, la ley apunta a algo más a fondo que solo lo económico y es una herramienta de presión para garantizar que los padres cumplan las obligaciones familiares.
En Colombia, vivir en unión libre con la pareja no significa quedar por fuera de las obligaciones legales que surgen durante y después de la convivencia. Así lo dejó claro la Corte Constitucional al pronunciarse sobre un tema que, con frecuencia, genera dudas cuando una relación termina y una de las partes queda en una situación económica compleja.En los últimos años se ha abierto el debate sobre si es posible solicitar una cuota alimentaria entre excompañeros permanentes. La respuesta de la Corte fue clara y marca un precedente importante para quienes compartieron años de vida en pareja sin haber contraído matrimonio. El alto tribunal reiteró que la unión marital de hecho también genera derechos y deberes, incluso después de la separación.Corte Constitucional aclara cuándo aplica la cuota alimentaria en unión libreDe acuerdo con la Sentencia T-372 de 2025, la Corte analizó el caso de una mujer que convivió con su pareja por más de dos décadas y con quien tuvo dos hijos. Tras la ruptura, quedó en una situación económica desfavorable, mientras su expareja conservó estabilidad financiera. Frente a ese escenario, la Corte concluyó que, una vez demostrada la existencia de una unión marital de hecho, el excompañero que se encuentre en condiciones de debilidad puede solicitar una cuota alimentaria.El fallo recordó que la unión libre está protegida por la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005, normas que reconocen derechos y deberes similares a los del matrimonio. La clave, según la Corte, está en probar que existió una convivencia estable y permanente por un período mínimo de dos años, lo que permite hablar de la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.Este pronunciamiento refuerza la idea de que el vínculo jurídico no depende únicamente de un acta o un contrato formal, sino de la realidad de la vida en común y del apoyo mutuo que caracterizó la relación.No se necesita escritura pública para reclamar derechos en unión maritalUno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que la ausencia de una escritura pública, un acta de conciliación o una sentencia previa no puede convertirse en un obstáculo automático para negar una cuota alimentaria. La Corte fue enfática en señalar que los jueces no deben limitarse a revisar formalidades, sino analizar el caso de fondo y verificar si la unión existió en la práctica.Para demostrar la unión marital de hecho, se pueden presentar diferentes tipos de pruebas que acrediten la convivencia y el proyecto de vida en común, entre ellas:Testimonios de familiares, amigos o vecinos.Afiliaciones conjuntas al sistema de seguridad social.Registros civiles de los hijos en común.Documentos que evidencien convivencia, apoyo económico o administración conjunta del hogar.Publicaciones en redes sociales que reflejen una vida en pareja estable.Estos elementos permiten reconstruir la relación más allá de la ausencia de documentos formales y ayudan al juez a establecer si existió una verdadera unión libre.Ahora bien, la Corte también puso el foco en lo que ocurre después de la separación. No basta con probar que hubo convivencia; es necesario demostrar que una de las partes quedó en una situación de vulnerabilidad económica frente a la otra. Si se acredita que el excompañero tiene capacidad económica y que la ruptura afectó el mínimo vital de quien solicita la cuota, el juez puede ordenar el pago de alimentos a favor de la expareja.Eso sí, el fallo recordó que las acciones relacionadas con la sociedad patrimonial tienen plazos definidos. La Ley 54 de 1990 establece que la disolución y liquidación de dicha sociedad prescriben, por regla general, al año contado desde la separación definitiva. Un detalle clave que no se debe pasar por alto al momento de iniciar cualquier reclamación.
El Congreso de la República dio luz verde a la llamada Ley Sarita, una iniciativa que promete transformar la manera en que se manejan las cuotas alimentarias en Colombia. El objetivo central es garantizar que los recursos destinados al bienestar de los menores lleguen de forma oportuna, sin las trabas judiciales que durante años han afectado a miles de familias.Con esta norma se busca que los dineros se entreguen a tiempo y sin convertirse en una carga para los hogares, que con frecuencia enfrentan procesos largos y desgastantes. Para muchas familias, los trámites se han convertido en una piedra en el zapato que retrasa la llegada de recursos esenciales para la alimentación, la educación y la salud de los niños.La propuesta fue impulsada por la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador, quien decidió llevar al Congreso una realidad que se repite a diario en los juzgados: procesos interminables, embargos que se dilatan durante años y menores que esperan por un dinero vital para su desarrollo.Cambios que traerá la Ley Sarita en las cuotas alimentariasHasta hoy, la legislación colombiana permitía embargar hasta el 50 % del salario o pensión de quienes incumplen con las cuotas alimentarias. Sin embargo, esos recursos quedaban retenidos en el Banco Agrario hasta que un juez dictara una decisión final, trámite que podía tardar varios años. Durante ese tiempo, los menores seguían sin recibir un solo peso del fondo.La Ley Sarita busca cambiar ese panorama al facultar a los jueces de familia para entregar de manera anticipada esos recursos, sin necesidad de trámites adicionales y con total destinación al beneficio del menor. En otras palabras, el dinero ya no se quedará guardado en una cuenta bancaria, sino que podrá utilizarse de inmediato para cubrir necesidades urgentes de los niños y niñas.Este ajuste quedó consagrado en el artículo 397A y en la modificación del artículo 447 del Código General del Proceso, creando un procedimiento especial para los litigios relacionados con alimentos.¿Por qué se llama Ley Sarita?El nombre de la ley tiene un trasfondo humano. La iniciativa nació a raíz del caso de Sara Guiselle, una niña de siete años con múltiples discapacidades, cuya cuota alimentaria estuvo retenida por más de un año y medio debido a la demora en el proceso contra su padre. La historia, conocida en un consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, llegó a oídos de la senadora Bitar, quien la convirtió en una bandera para visibilizar el drama de miles de familias.De acuerdo con cifras oficiales, en Colombia hay más de 55.000 procesos activos relacionados con cuotas alimentarias. En todos ellos, los menores son quienes más sufren la lentitud de la justicia. Con esta ley, se busca romper ese círculo vicioso y asegurar que los recursos embargados cumplan su verdadero propósito: garantizar una vida digna a niños y niñas del país.
No es un secreto que, en Colombia, pagar la cuota alimentaria es una obligación fundamental para garantizar los derechos de los menores de edad. Esta ayuda económica, regulada por el Código Civil y la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), busca cubrir aspectos esenciales como alimentación, educación, salud, vivienda, vestuario, entre otros.Aunque algunos piensan que existe un monto estándar, lo cierto es que el valor puede variar según factores clave como las necesidades del hijo y la capacidad económica del padre o la madre.¿Existe un tope para una cuota alimentaria?Antes de hablar de un tope, es importante tener en cuenta que, en Colombia, el salario mínimo para el año 2025 es de $1.423.500 (sin contar con el auxilio de transporte). Según la normativa, un juez puede fijar hasta el 50 % del ingreso mensual como cuota alimentaria, es decir, $711.750.Sin embargo, este monto no se establece de manera automática. Cada caso debe evaluarse individualmente, considerando cuántos hijos tiene la persona, los ingresos del otro progenitor y las necesidades específicas del menor.Por ejemplo, si un padre devenga dos salarios mínimos y tiene un solo hijo, podría fijarse una cuota superior al millón de pesos si el otro progenitor no tiene ingresos. Pero si tiene tres hijos con diferentes parejas, ese valor debe distribuirse proporcionalmente entre ellos.¿Qué pasa si incumple la cuota alimentaria?El no pago de la cuota alimentaria puede traer serias consecuencias legales. Quienes incumplen pueden enfrentar procesos judiciales, embargos de cuentas bancarias, reportes en centrales de riesgo e incluso medidas de detención por inasistencia alimentaria, según lo establece el Código Penal.En muchos casos, los padres acceden a acuerdos voluntarios en Centros de Conciliación, Comisarías de Familia o Inspecciones de Policía. Si no hay consenso, el caso pasa a un juez, quien evaluará pruebas como certificados de ingresos, gastos escolares, servicios médicos y condiciones de vivienda del menor.¿Cómo se puede pagar la cuota alimentaria?Aunque es común pensar que la cuota se paga exclusivamente en dinero, esto no siempre es así. Un juez puede ordenar que se pague en especie, cubriendo directamente matrículas escolares, alimentación o salud, siempre que se pueda comprobar el cumplimiento efectivo de esa obligación.
A finales de 2024 se estableció, mediante decreto presidencial, el nuevo valor del salario mínimo que recibirán los colombianos en este año. El Índice de precios al consumidor (IPC) tuvo un aumento el 5.20 % y el salario del 9.53 %, valores, que, por supuesto, afectan otras aristas del mercado que también se ven impactados.Una de estas se trata de la cuota alimentaria, la cual también aumenta anualmente. Un pago, que, según la ley, debe incluir alimentación, educación, salud, vestuario y todos los gastos que requiera el menor de edad en cuestión.¿Cuál será el valor de la cuota alimentaria en 2025?De acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, la cuota fija mensual se establece a partir de la base de la capacidad del padre alimentante y este se hará conforme a lo establecido en el acto, sin embargo, si no se estableció el incremento se deberá realizar con el IPC."Ante juzgado de familia se puede modificar la cuantía si determina que los padres tienen la capacidad económica para contribuir con una suma mayor. Al establecer la cuota alimentaria, se toman en cuenta aspectos como la capacidad, los ingresos y bienes de los padres, además de la edad y las necesidades específicas del niño", resaltó Jimmy Jiménez, abogado de Familia.Por ejemplo, si una pareja pactó una cuota del 30 % del sueldo del alimentante y si ingreso es de 3.000.000 de pesos mensuales, se debe calcular cuánto es el gasto estimado del menor en cuestión; por decir, si se trata de que todo lo que pide la ley equivale a los 1.500.000 pesos, deberá entregar el 30 % de esa suma, que, en ese orden, serían 900.000 pesos.¿Qué pasa si alguien incumple la cuota alimentaria?De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), la otra persona podrá presentar una denuncia por el delito de inasistencia alimentaria ante la Fiscalía General de la Nación.“La denuncia podrá ser presentada directamente por el interesado, por lo que no requiere abogado. Vale la pena resaltar que mientras no esté fijada la cuota de alimentos, no se podrá iniciar el Proceso Ejecutivo de Alimentos, sin embargo, es viable presentar la denuncia por Inasistencia Alimentaria”, indicaron.De llevarse adelante la denuncia, la persona podría tener problema como embargo de sueldo e incluso un proceso penal de prisión.
La cuota alimentaria es un concepto legal que se refiere a la obligación que tienen los padres o aquellos que tienen a cargo el cuidado de un menor de edad de proveer los recursos necesarios para su manutención, educación, salud y demás necesidades básicas. En una entrevista en Casa Blu, estuvo el abogado de familia del bufete Integrity Legal Jimmy Jiménez, quien explicó los cambios en la cuota alimentaria en el año 2024.Cada primero de enero, según lo establecido por la ley, las cuotas alimentarias deben ser revisadas y ajustadas. El abogado Jiménez enfatizó que esta revisión anual es crucial para asegurar que los hijos reciban el soporte necesario para mantener un nivel de vida digno.A pesar de que muchos padres y madres incumplen esta obligación, es importante cumplir con el incremento anual de la cuota, ya sea mediante un acuerdo voluntario entre las partes o siguiendo los lineamientos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el aumento del salario mínimo.Además, explicó que, incluso si no se estableció por escrito un aumento anual en la cuota alimentaria, la ley exige que se realice dicho incremento para garantizar el bienestar de los hijos. Es importante destacar que la falta de acuerdo escrito no exime a los padres de cumplir con esta obligación legal.“Uno tiene que tener el requisito del aumento anual porque es un requisito no entre las partes, sino que es un requisito exigido y ordenado por la ley. Si no se pactó por escrito ese incremento, igual la cuota tiene que aumentar. Y la lógica y el sentido de eso, es que las cuotas alimentarias están pensadas para garantizar, el mínimo vital y el derecho a tener una vida digna por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes”, mencionó.En cuanto a los casos en los que un padre o madre solicita una reducción de la cuota debido a cambios en sus circunstancias financieras, explicó que cada caso debe ser evaluado individualmente. Es fundamental consultar con un abogado especializado en derecho de familia para determinar la viabilidad de solicitar un aumento o reducción de la cuota alimentaria.“Antes de ir a la autoridad, consulte a un abogado especialista en derecho de familia que le pueda decir la viabilidad para su caso de incrementar o de reducir la cuota. Nos encontramos cientos y cientos de casos en cuotas extremas o cuotas extremadamente altas, injustas para ese padre que tiene que pagar o cuotas extremadamente bajas, injustas también para esa madre y para ese hijo que recibe esa manutención mensual”, puntualizó.¿Qué pasa si un padre incumple con la cuota alimentaria?Jiménez enfatizó que no pagar la cuota alimentaria constituye un delito de inasistencia alimentaria en Colombia. Ante el incumplimiento, existen medidas legales que pueden tomarse, como iniciar un proceso de embargo de bienes o salarios para garantizar el pago de la cuota.“Una posibilidad legal es la denuncia por el delito de inasistencia alimentaria ante la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía no cobra, pero sí revisa la ocurrencia del delito (...) La mamá o el padre puede denunciar, denunciar penalmente a la mamá y demandar en un Ejecutivo de alimentos. Yo puedo acudir a un Ejecutivo de alimentos cobrando las cuotas que me deben y yo puedo pedir varias medidas cautelares”, afirmó.En casos extremos donde un padre oculta sus ingresos para evitar el pago de la cuota, el abogado explicó que la ley colombiana presume que todos los padres tienen la capacidad de pagar al menos un salario mínimo. Además, el estilo de vida del padre puede ser considerado para fijar la cuota alimentaria en casos donde se sospeche que se están ocultando ingresos.“El 100 % de los padres en relación con temas de cuota alimentaria: uno se le presume que se gana por lo menos un salario mínimo, eso es lo que dice nuestra ley. Entonces en Colombia no existe la posibilidad de cuota alimentaria cero (...) Y es que el código dice que a ese padre se le puede fijar la cuota conforme o acorde al estilo de vida de ese padre casos reales que hemos tenido”, señaló.Escuche la entrevista completa aquí:
La cuota alimentaria en Colombia es un aspecto crucial para asegurar el bienestar de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) cuyos padres no han sido favorecidos con la custodia. Este aporte obligatorio, establecido por el Código de Infancia y Adolescencia, abarca alimentación, educación, salud, vestuario y otros gastos necesarios para el menor.Según las disposiciones legales, la cuota alimentaria se establece con base a la presunción de que el progenitor responsable tiene ingresos equivalentes al menos a un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV 2024). Aunque no existe una cuota mínima mensual fija, los jueces de familia pueden ajustarla considerando los ingresos, bienes y circunstancias particulares de los padres, así como los gastos asociados al cuidado del niño.Es importante destacar que, al inicio de cada año, la cuota alimentaria debe ajustarse según lo establecido en el acta de conciliación o la orden de la autoridad correspondiente. Este ajuste se realiza acorde al aumento del salario mínimo o al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior (2023).Jimmy Jiménez, fundador del bufete de abogados Integrity Legal, subraya la relevancia de esta actualización: "Si se determinó en el acta que la cuota se incrementará acorde al salario mínimo, el aumento será del 12.07 %; en cambio, si se estableció según el IPC, el incremento será del 9.28 %. Para facilitar este cálculo, hemos desarrollado la calculadora automática de cuota alimentaria 2024, una herramienta gratuita para padres y madres".El bufete Integrity Legal ha puesto a disposición esta calculadora automática, facilitando a los padres el cálculo preciso de la cuota alimentaria que deben aportar en el presente año. Esta iniciativa busca promover la transparencia y la equidad en el proceso, asegurando que los NNA reciban el apoyo necesario para su desarrollo integral.La cuota alimentaria en 2024 se establece como un compromiso vital para garantizar los derechos fundamentales de los niños en situaciones de custodia compartida. La herramienta proporcionada por Integrity Legal se presenta como una solución práctica para padres y madres, permitiéndoles cumplir con sus responsabilidades de manera justa y transparente.Vea también
El sistema judicial ha sido testigo de un preocupante incremento en las denuncias por inasistencia alimentaria en Colombia. Según datos proporcionados por la Fiscalía, se ha registrado un alza alarmante en los procesos relacionados con el incumplimiento de la cuota alimentaria.La cuota alimentaria, estipulada por ley, no se limita únicamente a la alimentación de los menores, sino que abarca una gama de necesidades esenciales para su desarrollo integral. Esto incluye gastos relacionados con vivienda, educación, salud, vestuario, asistencia médica, recreación, transporte y demás elementos necesarios para su bienestar.Según estadísticas oficiales, en el año 2020 se documentaron 30,203 casos de inasistencia alimentaria. Esta cifra escaló significativamente en 2021, alcanzando los 41,846 procesos. El 2022 no mostró mejoría, con un total de 30,069 nuevas denuncias, sumando así más de 100,000 registros en el sistema penal en tan solo tres años.Cómo denunciar inasistencia de cuota alimentariaPara aquellos padres o madres de familia que se encuentran en esta situación, es crucial tener en cuenta cinco factores fundamentales:Inicio del proceso legal: El proceso puede iniciarse cuando el padre responsable incumple total o parcialmente con el pago de la cuota alimentaria, incluyendo los aumentos anuales y los gastos acordados. Documento de fijación de la cuota: Es imperativo contar con un documento escrito que establezca la cuota alimentaria. Los acuerdos verbales no tienen validez en este contexto y el documento escrito sirve como base para calcular las obligaciones del padre o madre. Juez de familia: El proceso se lleva a cabo ante un juez de familia, encargado de estudiar el caso y tomar las medidas disciplinarias necesarias para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad. Jurisdicción del niño: El proceso debe iniciarse en la ciudad donde reside el menor, asegurando que se realice en el lugar más conveniente para su bienestar. Asesoramiento legal: Siempre es necesario contar con la asesoría y representación de un abogado. Las demandas deben ser redactadas y firmadas por un abogado con la correspondiente tarjeta profesional. En caso de que la denuncia esté en curso y persista el incumplimiento, alegando falta de bienes o ingresos, se debe informar por escrito al fiscal del caso.Tania Moreno, Directora Jurídica de Soluciones Jurídicas de Colombia, explica: "Primero hay que fijar la cuota alimentaria por escrito y luego cobrarla. Si la persona no la quiere pagar, hay medidas cautelares como bloquear la salida del país, reportarlo en el Registro de Deudores de Cuota Alimentaria (REDAM) y al estar allí no puede comprar propiedades, no puede acceder a un empleo público y tener embargos en sus salarios o en sus diferentes cuentas de banco, incluyendo Nequi, Daviplata y demás bolsillos digitales".Le puede interesar:
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.
La modernización del estadio Atanasio Girardot no se limitará a la construcción de nuevas tribunas, cubierta y espacios físicos. Uno de los componentes centrales del proyecto será la transformación tecnológica del escenario, para la cual la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas contrató acompañamiento internacional.Se trata de LALIGA Española, la organización que administra y articula el fútbol profesional de España con los equipos de primera y segunda división.El trabajo contempla el diseño de una plataforma tecnológica para integrar sistemas de seguridad, conectividad, iluminación, sonido, transmisión audiovisual y control de accesos.El alcalde Federico Gutiérrez explicó que para definir la distribución de los equipos se desarrolló una representación tridimensional del estadio y se efectuaron simulaciones destinadas a determinar el comportamiento de la acústica y la iluminación."Esto no es de un día para otro. Esto ha llevado meses de trabajo. Este equipo ya estuvo visitando los mejores estadios del mundo antes de nosotros radicar los diseños en curaduría. Y con la asesoría y el acompañamiento también de ellos, viendo los detalles de cómo adaptar el estadio existente", explicó el alcalde.Uno de los cambios que tendrá el escenario será la renovación completa del sistema de sonido con 144 cajas acústicas distribuidas entre las graderías y el campo, además de equipos destinados a reforzar las frecuencias bajas y complementar la cobertura. A esto se sumará una red de Wi-Fi gratuita proyectada para atender hasta 70.000 conexiones simultáneas.En cuanto al circuito cerrado de televisión, este tendrá 350 cámaras ubicadas en los alrededores, accesos, corredores, zonas comerciales y tribunas. El sistema combinará diferentes tipos de dispositivos, entre ellos cámaras panorámicas y equipos con capacidad de seguimiento.Según detalló el alcalde Gutiérrez con el avance del desmonte de la cubierta de la tribuna Occidental, lo que viene ahora a mediados de octubre será la publicación de los pliegos y la adjudicación de obras a mediados de noviembre para comenzar con los trabajos durante los primeros días de diciembre 2026.La Alcaldía de Medellín estima que la modernización integral supera los 752.000 millones de pesos, de los cuales más de 440 mil saldrán directamente del presupuesto de la administración distrital y el resto espera financiarse a partir de asuntos como la explotación comercial del nombre del escenario deportivo.