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El Congreso de la República dio luz verde a la llamada Ley Sarita, una iniciativa que promete transformar la manera en que se manejan las cuotas alimentarias en Colombia. El objetivo central es garantizar que los recursos destinados al bienestar de los menores lleguen de forma oportuna, sin las trabas judiciales que durante años han afectado a miles de familias.
Con esta norma se busca que los dineros se entreguen a tiempo y sin convertirse en una carga para los hogares, que con frecuencia enfrentan procesos largos y desgastantes. Para muchas familias, los trámites se han convertido en una piedra en el zapato que retrasa la llegada de recursos esenciales para la alimentación, la educación y la salud de los niños.
La propuesta fue impulsada por la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador, quien decidió llevar al Congreso una realidad que se repite a diario en los juzgados: procesos interminables, embargos que se dilatan durante años y menores que esperan por un dinero vital para su desarrollo.
Hasta hoy, la legislación colombiana permitía embargar hasta el 50 % del salario o pensión de quienes incumplen con las cuotas alimentarias. Sin embargo, esos recursos quedaban retenidos en el Banco Agrario hasta que un juez dictara una decisión final, trámite que podía tardar varios años. Durante ese tiempo, los menores seguían sin recibir un solo peso del fondo.
La Ley Sarita busca cambiar ese panorama al facultar a los jueces de familia para entregar de manera anticipada esos recursos, sin necesidad de trámites adicionales y con total destinación al beneficio del menor. En otras palabras, el dinero ya no se quedará guardado en una cuenta bancaria, sino que podrá utilizarse de inmediato para cubrir necesidades urgentes de los niños y niñas.
Este ajuste quedó consagrado en el artículo 397A y en la modificación del artículo 447 del Código General del Proceso, creando un procedimiento especial para los litigios relacionados con alimentos.
El nombre de la ley tiene un trasfondo humano. La iniciativa nació a raíz del caso de Sara Guiselle, una niña de siete años con múltiples discapacidades, cuya cuota alimentaria estuvo retenida por más de un año y medio debido a la demora en el proceso contra su padre. La historia, conocida en un consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, llegó a oídos de la senadora Bitar, quien la convirtió en una bandera para visibilizar el drama de miles de familias.
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De acuerdo con cifras oficiales, en Colombia hay más de 55.000 procesos activos relacionados con cuotas alimentarias. En todos ellos, los menores son quienes más sufren la lentitud de la justicia. Con esta ley, se busca romper ese círculo vicioso y asegurar que los recursos embargados cumplan su verdadero propósito: garantizar una vida digna a niños y niñas del país.
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