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En medio de la controversia generada por el reciente proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional sobre la Jurisdicción Agraria, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, afirmó enfáticamente que este no habilita una "expropiación exprés". En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Buitrago desmintió las acusaciones de que la nueva legislación podría facilitar la expropiación de tierras sin un debido proceso judicial, algo que ha sido motivo de alarma en algunos sectores, incluyendo a la exministra de Agricultura Cecilia López.
El proyecto de ley sobre la Jurisdicción Agraria ha generado un intenso debate en Colombia, particularmente en relación con el artículo cinco, numeral cuatro, que se refiere a la función social y ecológica de la propiedad agraria. Según la exministra Cecilia López, este artículo podría abrir la puerta a una expropiación exprés, concepto que, según ella, responde a una "obsesión" del gobierno actual con la expropiación de tierras.
Sin embargo, la ministra Buitrago rechazó esta interpretación, subrayando que "la expropiación es un mecanismo ya permitido en la Constitución por motivos de utilidad pública o interés social" y que el nuevo proyecto simplemente refuerza la intervención de jueces en conflictos agrarios, algo que, como destacó, no es una novedad en la legislación colombiana.
Durante la entrevista, la ministra Buitrago fue clara al señalar que el proyecto no introduce cambios radicales en la normativa existente, sino que continúa con lo ya establecido desde la Ley 160 de 1994 y la Ley 200 de 1936, que permitían la expropiación bajo ciertas condiciones.
"Lo que buscamos nosotros es que los jueces definan el tema de los problemas o los conflictos agrarios y rurales", explicó Buitrago, añadiendo que el procedimiento está claramente reglado en la ley, lo que evita cualquier posibilidad de una expropiación sin el debido proceso.
Al ser cuestionada sobre un párrafo específico del proyecto que ha causado alarma, el cual menciona que "las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social", Buitrago reafirmó que no se trata de una expropiación exprés, sino de un procedimiento reglamentado que involucra a jueces y tribunales con recursos. "Nosotros hablamos de un procedimiento que está establecido en la misma ley para comprender qué se puede hacer y qué no se puede hacer", aseguró la ministra.
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A pesar de las advertencias de la exministra Cecilia López sobre una posible "expropiación exprés", Buitrago se mostró en desacuerdo, recordando que López no es abogada y que su preocupación parece derivar de una interpretación errónea del proyecto. Según Buitrago, "la expropiación es una regla en un país social y democrático de derecho como el colombiano", y no una obsesión del actual gobierno.
La ministra también recordó que la expropiación ha sido utilizada en diversos gobiernos, incluyendo el de César Gaviria, quien implementó políticas neoliberales pero que también recurrió a la expropiación en determinados contextos. "La expropiación es permitida, la expropiación es constitucional y significa que estamos trabajando sobre elementos permitidos", reiteró.
Otro punto de preocupación abordado durante la entrevista fue la disposición que permite que la Agencia Nacional de Tierras resuelva procesos agrarios especiales mediante actos administrativos, lo que podría generar incertidumbre en el sector agrario al parecer que es el Ejecutivo y no el Judicial quien decide en estos casos.
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Buitrago aclaró que esta disposición no es nueva y ha estado vigente desde la Ley 160 de 1994.
"Los procesos agrarios administrativos especiales son mecanismos administrativos desde el punto de vista del ordenamiento del territorio nacional y permiten superar fenómenos irregulares de la propiedad", explicó la ministra, destacando que estos procesos están orientados a sanear la propiedad agraria y no a facilitar expropiaciones arbitrarias.
Finalmente, Buitrago hizo un llamado a entender el proyecto desde una perspectiva de justicia social. Recordó que el campo colombiano ha sufrido la violencia y la expropiación de facto por parte de grupos paramilitares, lo que ha dejado a muchos campesinos sin acceso a sus tierras. "Lo que se les dice también es que ustedes tienen derecho a presentarse ante un juez y reclamar sus tierras", concluyó.
Por su parte, la exministra de Agricultura Cecilia López expuso sus preocupaciones respecto al proyecto de reforma agraria impulsado por el actual Gobierno. López, quien desempeñó un papel clave en la gestión agraria durante su tiempo en el ministerio, expresó serias dudas sobre el enfoque que las autoridades están adoptando, particularmente en relación con la posibilidad de implementar expropiaciones de tierras por vía administrativa.
Durante la entrevista, Cecilia López enfatizó que el tema de las expropiaciones no es nuevo y que ya en su época como ministra, intentaron introducir un artículo para facilitar las expropiaciones por vía administrativa. Según López, esta medida fue promovida por Laura Sarabia y Gerardo Vega, y consistía en permitir que la Agencia Nacional de Tierras realizara expropiaciones de manera directa, sin pasar por un proceso judicial. Esta propuesta fue retirada tras la intervención del presidente, pero posteriormente se intentó reintroducir en el Plan de Desarrollo, solo para ser tumbada por la Corte Constitucional.
"Lo que sí preocupa es que sigue el fantasma de que quieren cambiar una estrategia administrativa de expropiación que prevé la ley actual por una estrategia que ellos mismos denominaron 'express'", señaló la exministra, subrayando las implicaciones negativas que podría tener una medida de este tipo para la seguridad jurídica de los propietarios de tierras en Colombia.
López también cuestionó las justificaciones que el gobierno ha dado para promover la expropiación de tierras rurales, argumentando que no se puede equiparar esta medida con la expropiación de inmuebles en zonas urbanas para proyectos de infraestructura, como la construcción de un metro o una avenida. "Cuando usted expropia unas casas en una ciudad porque va a construir el metro, el beneficio es para millones de personas. Pero cuando usted expropia una propiedad rural y se la entrega a unos campesinos, eso no es verde, eso es un beneficio privado", afirmó López, criticando la lógica detrás de estas propuestas.
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Otro de los puntos críticos abordados por Cecilia López fue la diferencia entre realizar expropiaciones por vía judicial, como se establece en la ley actual, y hacerlo por vía administrativa. Según la exministra, el cambio propuesto por el gobierno podría generar una gran inseguridad jurídica, ya que las decisiones quedarían en manos de un individuo en la Agencia Nacional de Tierras, sin posibilidad de apelación ante un juez. "Eso le crea una inseguridad jurídica a todos los propietarios del país impresionante", advirtió.
López también hizo hincapié en la falta de concertación en torno a esta propuesta, mencionando que tanto el presidente como la ministra de Agricultura han admitido no haber conocido el articulado completo del proyecto antes de su presentación.
"Colombia sí necesita reforma agraria, sí hay predios que deben ser repartidos, pero hay que hacerlo por la vía que toca, garantizando los derechos de propiedad de las personas y que se haga por la vía judicial", puntualizó.
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En la parte final de la entrevista, Cecilia López se refirió a otro aspecto del proyecto de ley, el cual permitiría la permanencia de campesinos en predios invadidos, lo que, en su opinión, podría acabar con cualquier intento serio de reforma agraria.
"Este proyecto tiene sombras y no es que nosotros estemos creando ruidos innecesarios. Aquí hay problemas serios que tienen que aclarar", concluyó, enfatizando la necesidad de un debate amplio y responsable sobre el tema.
La exministra cerró su intervención recordando la importancia de abordar la reforma agraria de manera correcta, respetando los derechos de propiedad y evitando medidas que puedan desestabilizar aún más el ya complicado panorama agrario del país.
"Nadie les está diciendo que archiven el proyecto, sino simplemente que lo sometan a discusión", subrayó, en un llamado claro al gobierno para que reevalúe su enfoque y busque consensos antes de avanzar con cambios tan significativos.
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