Superintendencia de Vigilancia regula uso de perros en seguridad privada: hay nuevas reglas

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió una nueva resolución que redefine las condiciones laborales de los perros que prestan servicios de seguridad privada en el país. De acuerdo con la normativa, los animales solo podrán trabajar jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, dependiendo del tipo de labor que desempeñen.Esta medida surge tras la aplicación de la Ley 2454 de 2025, conocida como Ley Lorenzo, que busca garantizar el bienestar animal y prevenir prácticas de adiestramiento que impliquen dolor o castigo. La norma establece además que las empresas deberán cumplir con rigurosos estándares de salud, descanso y supervisión veterinaria para los caninos que acompañan a los vigilantes.“Son animales sintientes, y en el ejercicio de las actividades de vigilancia y seguridad privada es necesario garantizar el bienestar y las condiciones en las que estos animalitos nos ayudan a prestar el servicio”, explicó Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en entrevista con Blu Radio.Jornada máxima de trabajo y nuevas exigenciasLa resolución establece que los perros entrenados en detección de sustancias como narcóticos o explosivos podrán desempeñar sus labores por un máximo de 6 horas diarias, mientras que los caninos dedicados a defensa controlada o acompañamiento de vigilancia tendrán una jornada límite de 8 horas diarias.El superintendente Álvarez precisó que esta regulación responde a la necesidad de evitar jornadas extenuantes y sobrecarga física: “Lo que se busca es que los animales estén en condiciones óptimas de bienestar. Hoy encontramos casos en los que los caninos eran sometidos a días enteros de trabajo, sin descanso ni control sanitario adecuado”, indicó.Además, cada empresa deberá renovar anualmente la autorización para operar con perros de seguridad, presentando certificaciones de salud, entrenamiento y aptitud operativa. Así mismo, se exigirá la contratación de pólizas de responsabilidad civil, la existencia de convenios con clínicas veterinarias 24/7 y la implementación de protocolos de bioseguridad que incluyan control sanitario, alimentación y transporte.El caso que originó la regulación: la muerte de “Limonar”La expedición de esta norma tiene su origen en un caso ocurrido en noviembre de 2023. Durante una inspección en la zona de Fontibón, cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue reportada la muerte de Limonar, un perro que inicialmente se dijo había fallecido por ahorcamiento accidental, aunque luego se comprobó que la causa real fue asfixia.Este hecho encendió las alarmas sobre las condiciones en que se encontraban los animales usados para vigilancia.La “Ley Lorenzo” y su espíritu de protecciónLa normativa toma su nombre de Lorenzo, un perro de seguridad privada víctima de maltrato en 2022. En su honor, el Congreso aprobó la Ley Lorenzo, que busca mejorar las condiciones de trabajo y retiro de los animales empleados en labores de vigilancia.“Entiendo que se llama Ley Lorenzo porque así se llamaba un perro de seguridad que fue víctima de maltrato. En honor a él se promovió la ley que hoy nos permite establecer mejores condiciones para los animales”, explicó el superintendente Álvarez.La resolución reglamenta así las disposiciones de esta ley, obligando a las empresas del sector a documentar las horas de servicio y a mantener una bitácora de seguimiento para cada animal, la cual será verificada mediante inspecciones periódicas y sorpresivas por parte de la Superintendencia.Hacia una sustitución tecnológicaÁlvarez señaló que el objetivo final de la política pública es avanzar hacia una sustitución tecnológica de los perros en tareas de seguridad privada.“El fin último es que, en algún momento, estos caninos sean reemplazados por tecnología. Mientras eso sucede, necesitamos que las condiciones actuales de trabajo sean las mínimas y dignas para los animales”, puntualizó.La Superintendencia aclaró que esta resolución aplica exclusivamente a las empresas privadas de seguridad y no afecta a los perros de la Policía o el Ejército, los cuales cuentan con programas especiales de bienestar y entrenamiento.