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Vargas Cardona, conocido también con el alias de Sebastián, fue capturado en agosto de 2012 cerca de la ciudad colombiana de Medellín (noroeste) y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2013.
Acusado de conspirar para el tráfico de cocaína y del uso de armas de asalto con ese fin, el narcotraficante se declaró culpable en abril del año pasado y hoy fue sentenciado en un tribunal de Manhattan.
"Ericson Vargas Cardona lideró una empresa criminal especializada en cocaína y violencia, y mucho de ambas. Armado con ametralladoras, explosivos y un lanzagranadas, Vargas Cardona distribuyó sus drogas en todo el mundo, incluido Estados Unidos", dijo en un comunicado el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara.
Según las autoridades estadounidenses, el condenado fue miembro entre 2000 y 2012 de la llamada Oficina de Envigado (por la población del mismo nombre vecina a Medellín), una banda armada impulsada en los años ochenta del siglo pasado por el fallecido Pablo Escobar.
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El grupo criminal manejaba los negocios de narcotráfico de Escobar y también tenía a cargo tareas de cobro de cuentas y de sicariato, y luego comenzó a traficar por su cuenta.
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Tras la muerte de Escobar, a manos de policías en diciembre de 1993, el control de la banda lo asumió "Don Berna", alias de Diego Fernando Murillo, jefe paramilitar y narcotraficante extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008.
La Fiscalía asegura que Vargas Cardona asumió el control de la organización en 2009, tras años trabajando para ella, en los que entre otras cosas actuó como sicario y se ocupó de establecer un laboratorio de cocaína.
El criminal fue detenido por las autoridades colombianas el 8 de agosto de 2012 en una propiedad que su grupo utilizaba para almacenar armamento.
Allí se recuperaron decenas de barras de explosivos, 190 detonadores eléctricos, más de 2.900 manuales, un lanzagranadas, una ametralladora M-60, 28 rifles y muchas otras armas y municiones, recordó el fiscal.
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Cuando fue arrestado, el narcotraficante era uno de los más buscados por el Gobierno colombiano, que había ofrecido una recompensa de 1.200 millones de pesos (unos 672.159 dólares) por informes que llevaran a su detención.
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La captura de Vargas Cardona fue calificada entonces por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de "golpe mortal" para la Oficina de Envigado, cuya estructura se había debilitado previamente por la caída de varios mandos medios.
Además de los 25 años de cárcel, el criminal, de 42 años, fue condenado a cinco años de libertad vigilada.
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