Luego de más de 20 años en proceso de extinción de dominio, en las últimas horas se conoció una nueva decisión sobre la controvertida propiedad del exfutbolista René Higuita en El Poblado, que según la justicia, guarda vínculos con el Cartel de Medellín.A la propiedad adquirida en 1992 por la leyenda de Atlético Nacional y la Selección Colombia, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, le aplicó a esta medida tras comprobar que hizo parte de un esquema de testaferrato mediante el cual integrantes esa organización criminal recurrieron a terceros para ocultar activos de origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.En diálogo con Mañanas Blu, el exarquero de la Selección Colombia se refirió al proceso que se adelanta en contra del predio y aseguró que, en el momento de la adquisición de la vivienda, se cumplía con todos los requisitos para tomarla, entre ellos, lo certificados de libertad y tradición, que en ese momento, cuenta, estaban al día. Al ser preguntado sobre Gustavo Cuartas Rendón, quien actuó como testaferro de los hermanos William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, integrantes del Cártel de Medellín, señaló que él no lo conocía, que la compra se la hizo a su hija María Victoria, quien según cuenta, al parecer tampoco sabía sobre el testaferrato de su padre: "Ni la que lo vendió sabía de los antecedentes de su papá", dijo.Defendió que las adquisiciones que ha hecho a lo largo de su carrera, han sido legales y con dineros lícitos: "René Higuita no hizo testaferrato, lo mío es legal". En ese mismo sentido, aseguró que ha sido juzgado por su visita a La Catedral y que por lo mismo lo han vinculado como amigo de Pablo Escobar. El origen de la propiedadHiguita explicó que la adquisición de la vivienda se realizó en 1992 mediante una permuta. Aseguró que entregó dos propiedades que representaban los ahorros de su carrera: un apartamento en Medellín, recibido como premio por ser el mejor jugador del año, y otro en Cartagena, adquirido con sus ganancias en el Atlético Nacional.Al respecto, Higuita enfatizó la legalidad de sus actos en aquel momento: “Entregué dos apartamentos... uno que me dieron por ser el mejor jugador del año con Conavi y después otro apartamento con lo que yo había ganado en el Atlético Nacional. O sea, las dos casas que yo tenía eran todo”.Además, recalcó que para la época no existían las herramientas de verificación actuales: “En esos momentos o en esa época de los 90s, pues no había la tecnología que hoy hay que se mete uno en internet y puede empezar usted a mirar... lo que nosotros averiguamos de pronto en la época son los certificados de libertad y de tradición. Y en ese certificado pues ahí no salen antecedentes”.“El más estafado he sido yo”La vendedora, identificada como María Victoria Montoya Alzate, falleció años después, y según Higuita, ni siquiera los familiares de los antiguos dueños conocían los supuestos nexos con el narcotráfico.“Yo he sido prácticamente la víctima de estos acontecimientos. Ahí no ha tenido que ver René Higuita ni con testaferrato, ni ha tenido que conseguir el inmueble con bienes ilegales, no; lo mío ha sido legal”, afirmó con contundencia. Higuita añadió que este proceso ha sido un "suplicio" que comenzó pocos años después de la compra con una demanda por estafa.Pablo Escobar y La CatedralHiguita lamenta que su visita a la cárcel de La Catedral siga pasándole factura décadas después. “A mí desde que yo fui en una oportunidad a la catedral, pues prácticamente ya desde ahí me adoptaron como el amigo de Pablo Escobar y no sabe la cantidad de problemas que me ha traído”.A pesar de las críticas, el exarquero no se arrepiente de sus actos humanos, aunque deslinda su amistad de sus negocios: “Yo sigo siendo amigo de todo el que quiera llegar a mí... Pablo fue responsable y miremos dónde terminó y yo sigo acá dándole la cara a la gente... no puede seguir cobrándome la ida a la catedral”.
La Sociedad de Activos Especiales entregará la ‘casa museo’ de Pablo Escobar en Medellín a una fundación que trabaja por la niñez. Según la Fiscalía General de la Nación, se pudo evidenciar cómo Roberto Escobar, hermano del excapo, habría tratado de desviar la atención de las autoridades utilizando testaferros.Luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín ordenara la extinción de dominio sobre un inmueble que durante años funcionó como la denominada “casa museo” relacionada con la familia de Pablo Escobar Gaviria, se conoció el destino que tendrá esta propiedad.El bien, de estrato 5 y avaluado en más de $6.115 millones, está ubicado en el sector de La Asomadera, vía Las Palmas. Permaneció en poder de personas vinculadas al entorno familiar y social de Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo que permitió que continuara operando como un espacio de exaltación del narcotráfico y del ‘narcoturismo’ en la ciudad, pese a contar con medidas cautelares. Ahora será administrado por una fundación que trabaja por niños, niñas y adolescentes, seleccionada mediante invitación pública."Una de las organizaciones que participó en la convocatoria de Bienes que Transforman, en la cual se seleccionaron muchos proyectos de todo el país para la promoción del bienestar de los y las colombianas, va a ser la beneficiaria de este bien inmueble. En él se hará un proyecto de cuidado de niños, niñas y adolescentes. De sembrar violencia, muerte, que es lo que significa nuestro pasado, vamos a pasar a un sitio que cuida, promueve y siembra las sonrisas del futuro", explicó el vicepresidente de Activos, Muebles e Inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales, Andrés Salazar.Recordemos que la sentencia señala que el inmueble habría pertenecido al exjefe del cartel de Medellín y que, tras su muerte en 1993, fue entregado por su esposa a las hermanas del narcotraficante, quienes posteriormente habrían utilizado a terceros como presuntos testaferros para mantener el control del predio.La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la actual propietaria, Gilma Aidée Urdinola Ospina, no logró demostrar capacidad económica suficiente para adquirir la vivienda por un valor superior a los 1.100 millones de pesos, además de asumir una hipoteca cercana a los 240 millones de pesos.Durante el proceso, el despacho judicial analizó testimonios, movimientos financieros y registros tributarios. Entre las pruebas evaluadas estuvo la declaración de Máximo Tecra Rossi, hijo de Roberto Escobar Gaviria, quien aseguró que la vivienda siempre permaneció bajo control de la familia Escobar y que fue utilizada inicialmente como “caleta” y posteriormente como museo turístico
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín ordenó la extinción de dominio sobre un inmueble que durante años funcionó como la denominada “casa museo” relacionada con la familia de Pablo Escobar Gaviria.La decisión judicial concluyó que la propiedad habría sido adquirida originalmente con recursos provenientes del narcotráfico y posteriormente registrada a nombre de terceros para ocultar su verdadero origen.La sentencia señala que el inmueble habría pertenecido al exjefe del cartel de Medellín y que, tras su muerte en 1993, fue entregado por su esposa a las hermanas del narcotraficante, quienes posteriormente habrían utilizado a terceros como presuntos testaferros para mantener el control del predio.La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la actual propietaria, Gilma Aidée Urdinola Ospina, no logró demostrar la capacidad económica suficiente para adquirir la vivienda por un valor superior a los 1.100 millones de pesos, además de asumir una hipoteca cercana a los 240 millones de pesos.Durante el proceso, el despacho judicial analizó testimonios, movimientos financieros y registros tributarios. Entre las pruebas evaluadas estuvo la declaración de Máximo Tecra Rossi, hijo de Roberto Escobar Gaviria, quien aseguró que la vivienda siempre permaneció bajo control de la familia Escobar y que fue utilizada inicialmente como “caleta” y posteriormente como museo turístico.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión, reconoció que la justicia no puede permitir la apología al narcotráfico que ha dejado infinitas heridas y cicatrices en las familias de Medellín."Esta propiedad que hoy pasa a manos del Estado fue obtenida producto de dinero del narcotráfico, secuestros, asesinatos y toda clase de atrocidades. Esto es un mensaje para todos los cabecillas que hoy estamos combatiendo. Los delincuentes no pueden siquiera pensar en la posibilidad de que sus dineros ilícitos sean legalizados", aseguró el mandatario.El juzgado concluyó que existieron múltiples inconsistencias en la compraventa del inmueble y calificó la negociación como una “compraventa simulada”, por lo que la propiedad pasará a manos del Estado colombiano dentro de los procesos de extinción de dominio contra bienes vinculados al narcotráfico.
El heredero multimillonario indio Anant Ambani ofreció al Gobierno colombiano llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna en el oeste de la India, después de que Bogotá autorizara la eutanasia para controlar a esta especie invasora introducida en el país por el narcotraficante Pablo Escobar.“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, declaró el magnate en un comunicado publicado este martes.Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia y directivo del imperio empresarial Reliance Industries, propuso que los hipopótamos sean trasladados al centro de conservación Vantara, en el estado de Gujarat, el cual ya alberga a primates, grandes felinos, elefantes y otros animales rescatados.Colombia lleva años debatiendo qué hacer con los casi 200 hipopótamos salvajes que habitan las riberas del río Magdalena, en el centro del país, luego de que cuatro ejemplares de esta especie invasora fueran introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de los ochenta.A mediados de abril, Ministerio de Ambiente colombiano anunció que sacrificaría a 80 de estos animales para frenar una reproducción que, sin medidas de control, podría elevar la población hasta los mil para 2035, según estimaciones de la propia cartera.La decisión llegó después de que ningún país aceptara recibir a los hipopótamos, según afirmó la ministra de Ambiente, Irene Vélez.“La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija", afirmó Ambani en un comunicado.Las autoridades y expertos colombianos advierten que la presencia de hipopótamos pone en riesgo los ecosistemas acuáticos, y en especial a especies nativas como el manatí. Al ser animales territoriales y agresivos, suponen también un riesgo para las comunidades ribereñas, según un informe del Instituto Humboldt de 2022.
La presencia de hipopótamos en Colombia, originada por la introducción ilegal de cuatro ejemplares en la Hacienda Nápoles por parte de Pablo Escobar, se convirtió en un problema ambiental que ahora enfrenta decisiones de fondo. El Gobierno ya firmó una circular con la cual se autorizan medidas, entre ellas la eutanasia, como una de las medidas para controlar su crecimiento.Según explicó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, la población actual, que ya superaría los 200 individuos, presenta condiciones genéticas alteradas debido a su origen reducido. “Esta población surge de solo cuatro hipopótamos, lo que ha generado endogamia y daños genéticos visibles en algunos individuos”, señaló.De acuerdo con el censo realizado en 2022 junto a la Universidad Nacional de Colombia, había 169 ejemplares. Sin embargo, las estimaciones actuales indican un crecimiento sostenido que, de no controlarse, podría llevar a que en 2030 haya más de 500 hipopótamos en el país, especialmente en la Hacienda Nápoles y la Isla del Silencio.La ministra advirtió que esta situación no solo implica un aumento poblacional, sino también un impacto directo sobre los ecosistemas. “Sin una intervención, es imposible controlar la población. Esto afectaría especies nativas como el manatí y la tortuga de río”, explicó.Otro de los factores que complica la gestión de estos animales es su imposibilidad de ser reubicados en África. Vélez indicó que países como Sudáfrica no han mostrado interés en recibirlos, debido a que no corresponden a poblaciones originales y presentan posibles alteraciones genéticas derivadas de la endogamia.Frente a este panorama, el Gobierno ya emitió una circular que autoriza la eutanasia como una acción necesaria desde el punto de vista científico. Para el segundo semestre de 2026, se estima que cerca de 80 individuos podrían ser objeto de esta medida, dependiendo de su ubicación en diferentes departamentos.El protocolo incluye dos métodos: eutanasia química mediante inyección y eutanasia física a través de disparo con rifle por un tirador certificado. Posteriormente, los cuerpos serían dispuestos mediante enterramiento, siguiendo lineamientos sanitarios que garanticen trazabilidad, bioseguridad y bienestar animal.La discusión se enmarca en la necesidad de proteger los ecosistemas locales frente a una especie invasora que no tiene depredadores naturales en el país y que continúa expandiéndose. “El control de esta población es una responsabilidad ambiental. No actuar implicaría un daño mayor a nuestros ecosistemas”, concluyó la ministra.
La reciente serie documental estrenada en Disney+ sobre el capo del narcotráfico colombiano, Pablo Escobar, ha dado de qué hablar. 'Dear Killer Nannies', "Criado por sicarios", su titulo en español, ha revelado detalles de la vida del ‘Patrón’, contados por su propio hijo, Juan Pablo Escobar Henao, quien ahora se llama Sebastián Marroquín.Entre los relatos aparece una historia que hasta ahora sale a la luz y que pocos imaginaban posible, pues Juan Pablo da detalles de un supuesto plan que involucraba al ‘Rey del Pop’, Michael Jackson, en un episodio que no solo mezclaba admiración por el intérprete de 'Billie Jean', sino también un contexto de violencia que marcó al cartel de Medellín.Pablo Escobar pensaba secuestrar a Michael JacksonDe acuerdo con lo revelado por Juan Pablo Escobar, el hecho se remonta a 1988, cuando el joven soñaba con tener al exintegrante de los Jackson Five en su fiesta de cumpleaños. Según indicó, la idea de traer a Michael no era tan descabellada para Pablo Escobar, quien estaba dispuesto a pagar hasta 3 millones de dólares por una presentación privada en Colombia.Pero lo inquietante de la historia no era solo eso. Según narró, el plan tenía otro propósito oculto: secuestrar al artista en su llegada al país para recuperar la inversión. “La idea no era solo traerlo, había algo más detrás”, señala en la serie.Para Marroquín, ese episodio fue un punto de quiebre, pues, según afirmó, su padre le generó una sensación de desconcierto. “Fue él mismo el que me hizo sentir que todo aquello que yo amara estaría en peligro”, afirma, al explicar cómo cambió su forma de ver el entorno en el que crecía.Serie de Disney+ expone infancia de Juan Pablo EscobarEn la serie se presentan varios episodios que exponen recuerdos de Juan Pablo en medio de uno de los periodos más violentos del país. No solo aparece el episodio con Michael Jackson, sino también la dinámica familiar, entre temores y decisiones que debió asumir desde muy joven.Ante esto, señala que era muy difícil vivir bajo la sombra de su padre. “Yo entendí muy rápido que querer algo podía ponerlo en riesgo”, relata en uno de los capítulos, donde reflexiona sobre las consecuencias de ese entorno.Secuestro de Michael Jackson no se concretó: ¿qué pasó?Si bien por años han circulado rumores sobre supuestos contactos entre narcotraficantes y celebridades en los años 80 y 90, este caso con Michael Jackson no se materializó. De acuerdo con el hijo de Escobar, la historia se descartó luego de que señalara que ya no era seguidor del intérprete de Thriller.“Preferí dejar de admirarlo para protegerlo”, menciona, dejando ver el nivel de presión que vivía incluso en decisiones personales. Una anécdota que se suma a las múltiples historias que rodean a Pablo Escobar y que, con el paso de los años, siguen generando interés décadas después de su muerte.
El presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe se enfrentaron en X, luego del asesinato en México de Juan Santiago Gallón, vinculado en el asesinato de Andrés Escobar en 1994 y reconocido caballista fue condenado en el año 2010 por financiación de paramilitares en el suroeste de Antioquia.Lo primero que hay que decir es que se investiga por parte de las autoridades mexicanas quiénes están detrás del asesinato de Juan Santiago Gallón Henao, este hombre de 62 años, quien fue atacado a balazos en un restaurante de Huixquilucan, en la ciudad de Toluca, donde iba a sostener una reunión de venta de ganado.Este hecho generó la reacción del presidente Gustavo Petro que aseguró en su cuenta de X que denunció a Santiago Gallón en el año 2007, cuando él era senador e hizo un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia.Allí denunció que Gallón hacía parte de la convivir "El Cóndor", al lado de alias 'El Tubo', quien era el coordinador del bloque Metro de las Autodefensas Gaitanistas y se dedicaban al robo de gasolina de un tubo que pasaba por la hacienda "Guacharacas" de propiedad del expresidente Alvaro Uribe Vélez, en donde, además, dijo el presidente Petro que allí se entrenaron a los paramilitares y les dieron armas oficiales, cuando Uribe era gobernador de Antioquia.De inmediato el expresidente Uribe respondió también en X: “Presidente Petro, ahora se va a desquitar conmigo por lo mansurrón que usted fue con el presidente Trump. No conocí a Santiago Gallón, no tuve negocios con él. Muchos parecidos tienen Cepeda y usted, no les importa mentir”, dijo el exmandatario.Hay que recordar que Santiago Gallón y su hermano, Pedro David Gallón Henao, increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio en Medellín, el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol en el mundial de Estados Unidos.El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años, supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. Mientras que fue condenado a 43 años de cárcel, Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin juicio.Además de ser investigados por financiar a varios bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, que dependían de los hermanos Castaño, los hermanos fueron incluidos en 2015 en la lista Clinton por narcotráfico al ser señalados como miembros de La Oficina de Envigado.Después, en 2018, fue capturado en Cúcuta por supuestamente tener vínculos con la organización criminal conocida como La Oficina y por presuntamente integrar una red de narcotráfico que enviaba droga al Reino Unido y Estados Unidos, la cual era camuflada en comida para perros. Fue vinculado a un cargamento de 2,5 toneladas de cocaína que fue incautado en 2017 en el puerto de Barranquilla.Pero en enero de 2019, un juez de control de garantías de Medellín le otorgó la libertad tras pasar un año en una cárcel de Cúcuta. El juez consideró que se habían vencido los términos del proceso penal por narcotráfico.José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de tener negocios con el capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Luego de que la SAE subastara la finca La Manuela, que perteneció al extinto narcotraficante Pablo Escobar, la alcaldesa de El Peñol, donde se ubica este inmueble, denunció que esta entidad le debe más de 230 millones al municipio por cuentas vecinas del impuesto predial.El predio, ubicado puntualmente en la vereda El Uvita, jurisdicción de El Peñol, tiene una extensión de 7.826 metros cuadrados y se localiza a la orilla de la represa. Este fue subastado por la SAE el pasado 13 de enero, por 7.700 millones, cifra pagada por un particular.En ese sentido, la alcaldesa de esta localidad del Oriente antioqueño, Sandra Duque, denunció una millonaria deuda de la SAE, por este predio con el municipio. Esta, de acuerdo con la mandataria, supera los 235 millones."La Sociedad de Activos Especiales le está adeduando al municipio del Peñol 144 cuotas de impuesto predial, por un valor de 235.771.784 pesos. Queremos saber con quién o a quién hay que pasarle esta cuenta de cobro", aseguró.Hay que recordar que la propiedad fue durante años un centro de operaciones ilegales relacionadas con El Cartel de Medellín y fue subastada recientemente por más de 7.500 millones de pesos por la SAE.De acuerdo con la alcaldesa de El Peñol, la cifra en la que se subastó el predio representa un monto ampliamente superior al que está fijado en el avalúo del mismo."Nos asombramos el valor de esta transacción a sabiendas que, catastralmente, la finca La Manuela tiene un avalúo de $2,887,486,550", indicó. La mandataria concluyó asegurando que, en reiteradas ocasiones, administraciones de El Peñol habían pedido constantemente que el predio fuera entregado para el desarrollo de un proyecto turístico que beneficiará a toda la comunidad del municipio y cuestionó el “misterioso acto administrativo” de esta venta.
El Estado logró en las últimas horas la recuperación de la hacienda Virgen del Cobre, en Necoclí: unas 1.143 hectáreas de tierra que durante décadas estuvieron vinculadas a las cúpulas del narcotráfico y del paramilitarismo en Colombia. Actualmente, el terreno estaba en manos de una empresa que nunca pagó un solo peso al Estado por su uso y estaba siendo explotado con más de 900 reses y 150 caballos.Dicha hacienda, ubicada sobre una vía nacional con salida directa al mar, empezó a formarse en 1982, cuando José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, el mejor amigo de Pablo Escobar, compró los primeros predios a campesinos de la zona.Según reseñó la Agencia Nacional de Tierras, con el tiempo se sumaron miles de hectáreas y empezaron allí las reuniones entre paramilitares, ganaderos, empresarios y políticos para planear la expansión y consolidación de los bloques Bananero y Élmer Cárdenas, de las Autodefensas, todo con el apoyo de alias Pelusa, reconocido como financiador del paramilitarismo.Esta hacienda también estuvo relacionada con los hermanos Vicente y Carlos Castaño; con Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, jefe paramilitar y narcotraficante; con su hermano Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia; y, recientemente, con Ramiro Caro Pineda, alias Nolasco, exjefe y narcotraficante del Clan del Golfo, todos ellos cercanos a alias Pelusa.“Pelusa no solamente facilitó las condiciones para que esta finca fuera epicentro de las reuniones de Don Mario y El Alemán; esta finca se reconoce, en testimonios de la Ley de Justicia y Paz, como un epicentro de control territorial, de descanso de tropa, también de control poblacional y un centro de tortura”, expuso al respecto Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.Aunque este predio tuvo dos intentos fallidos de extinción de dominio, uno en 1989 y otro en 2009, fue solo hasta 2023 que se logró extinguir y, ahora, las autoridades concretaron la aprehensión material de esta hacienda, que estaba siendo administrada por el Fondo de Reparación de las Víctimas (FRV).Este viernes, después de la jornada de recuperación, la entidad del Gobierno nacional entregó más de 1.300 hectáreas recuperadas en total a 120 familias campesinas, víctimas del conflicto armado, que hacen parte de tres asociaciones: la Asociación de Discapacitados Bananeros y Población Vulnerable de la Subregión de Urabá (Asodisban); la Asociación de Campesinos Cosechas de Paz (Acamcopaz); y la Asociación Tierra y Vida.“Necoclí ha sido un municipio muy golpeado por la violencia. Soy sobreviviente de la guerra en el norte de Urabá y, luchando para que no nos quitaran la tierra, asesinaron a 53 de mis compañeros, en complicidad con el Gobierno de ese entonces, que nos perseguía”, manifestó al respecto Alicia Ramos, representante de la Asociación Tierra y Vida, una de las beneficiarias que recibe parte de estos predios.Otros predios recuperadosSimultáneamente, la entidad recuperó cuatro predios más, denominados Mariancel 1, 2, 3 y 5, que suman 164 hectáreas en la vereda Aguas Claras, de Necoclí, extintas al narcotraficante del Clan del Golfo Jhon Fredy Zapata, alias “Messi”, también testaferro de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”.Estos predios hicieron parte de la estrategia del Clan del Golfo, en la que alias Messi jugó un papel indispensable para acumular tierras estratégicas que sirvieron como centros de operaciones y corredores de droga que se enviaba a través del mar Caribe.
La venta de uno de los símbolos del poder del narcotráfico en el Oriente de Antioquia se convertirá ahora en millonarios recursos para la indemnización de las víctimas.Y es que en las últimas horas la Sociedad de Activos Especiales anunció la venta por subasta, superior a los 7.700 millones, de La Manuela, la emblemática finca que perteneció al extinto capo Pablo Escobar en las orillas de la represa de El Peñol.La propiedad, con un área aproximada de 7.826 metros cuadrados, fue durante años un centro de operaciones ilegales relacionadas con El Cartel de Medellín y desde hace vario tiempo atrajo el interés de algunos oferentes por su valor patrimonial y ambiental.La presidenta de la SAE, Amelia Pérez, destacó la subasta pública altamente competitiva como un caso exitoso de transformación a la legalidad y al servicio del interés público bienes adquiridos con actividades ilícitas."Esta es otra de las formas en que la sociedad de activos especiales está realizando la transformación de este tipo de bienes que, en un momento dado, fueron perjudiciales. Van a ser parte del fisco estos dineros que van a colaborar para apoyar a las víctimas", dijo la funcionaria.En los últimos años este lugar que venía siendo administrado por la SAE cobró gran valor turístico debido a sus paisajes y la presencia de árboles exóticos importados desde distintos países de África y Europa, así como de Chile y Estados Unidos.De igual manera la presencia de fauna y flora con ejemplares de magnolias y tulipanes únicos en esta región de Antioquia convirtieron La Manuela en un espacio de obligatorio paso para visitantes de esta zona del Oriente de Antioquia.
Luego del terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, Bancolombia activó sus protocolos de atención para verificar el estado de sus trabajadores, clientes, instalaciones y servicios en las regiones afectadas por el sismo de magnitud 7,4.Ante ello, la entidad decidió que, de las 563 sucursales que tiene en el país, 46 permanecerán cerradas temporalmente, principalmente al sur de Colombia, donde se concentraron varias de las afectaciones. La decisión responde a las revisiones realizadas sobre la infraestructura de las oficinas, con el propósito de garantizar condiciones seguras antes de retomar la atención presencial a sus clientes.¿Qué oficinas de Bancolombia estarán cerradas por el terremoto?La mayor parte de las sucursales que suspendieron sus servicios temporalmente están ubicadas en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. Entre ellas se encuentran oficinas en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y otros municipios afectados.Adicionalmente, en Antioquia también fueron cerradas las sucursales de Jardín y El Peñol. En Chocó, por su parte, las oficinas de Quibdó e Istmina suspendieron sus servicios mientras se evalúan las condiciones para definir su reapertura.El banco explicó que las demás oficinas continuarán operando con normalidad. Sin embargo, recomendó que, para mantenerse al tanto sobre sucursales abiertas y horarios, se valide la información en su sucursal telefónica.¿Cómo hacer operaciones de Bancolombia si una oficina está cerrada?Para los clientes que necesiten realizar movimientos bancarios durante la emergencia, Bancolombia informó que sus canales digitales continúan funcionando con normalidad y están disponibles las 24 horas.Entre las opciones habilitadas están:App Mi Bancolombia.App Negocios.Sucursal Virtual Personas.Sucursal Virtual Negocios.Botón de Pagos Bancolombia.Cajeros automáticos.Corresponsales bancarios.Sucursal Telefónica.Tarjetas Bancolombia para pagos.La recomendación para quienes se encuentren en las zonas afectadas es revisar primero los canales oficiales antes de desplazarse hasta una oficina.Bancolombia abrió canales de donaciones por terremotoLa Fundación Bancolombia habilitó una cuenta de ahorros para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia.La cuenta habilitada para este fin es el número 24542391932. De acuerdo con la entidad, los recursos serán utilizados en acciones de atención y apoyo en los territorios impactados, en articulación con autoridades, organizaciones aliadas y actores locales.Bancolombia indicó que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier actualización relacionada con sus oficinas y servicios a través de sus canales oficiales.
La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 6.301, mientras familiares siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de edificios colapsados, según un balance divulgado el lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.A la fecha el gobierno no ha publicado una cifra oficial sobre los desaparecidos luego de los sismos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de unos 190 edificios ubicados en su mayoría en el costero estado La Guaira, a unos 40 km de Caracas. Muchos venezolanos revivieron escenas de los terremotos que sacudieron el país caribeño, tras sentirse este lunes en varias regiones un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, que deja un saldo de al menos 111 muertos y decenas de heridos.El balance anterior publicado el 3 de agosto por autoridades venezolanas cifraba el número de muertos en 6.125. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedaban cerca de 1.400 desaparecidos hace poco más de una semana.Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 9.567 han sido catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo". El número de "viviendas restringidas" se ubica en 12.411. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el estado La Guaira, un popular balneario cuya vida giraba en torno al turismo prácticamente inexistente luego de los terremotos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía en secreto el pasado 8 de julio y utilizó un avión militar más pequeño para continuar su viaje hacia Reino Unido, en una operación destinada a ocultar su ubicación ante una posible amenaza de asesinato procedente de Irán, según una investigación publicada por The Washington Post. (The Washington Post)El episodio ocurrió después de la participación de Trump en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. Aunque públicamente se informó que el mandatario había abandonado Turquía a bordo de un antiguo Boeing 747 utilizado como Air Force One, en realidad habría sido trasladado de manera discreta a un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense.De acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, la operación buscaba impedir que posibles adversarios conocieran cuál era el avión que transportaba realmente al presidente.Trump utilizó un avión como señueloTrump había llegado a Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8 que fue entregado a Estados Unidos por Catar. Sin embargo, para el regreso, el mandatario apareció públicamente abordando el antiguo Air Force One.En ese momento, Trump explicó que el cambio obedecía a una razón logística: el nuevo avión sería trasladado previamente a la base aérea de Mildenhall, en Reino Unido, para que militares estadounidenses pudieran conocerlo y recorrer sus instalaciones. (The Washington Post)La versión pública hizo que periodistas y parte del personal de la Casa Blanca creyeran que Trump viajaba en el Boeing 747 más antiguo. Sin embargo, según The Washington Post, el avión que aparentemente transportaba al presidente funcionó en realidad como un señuelo. Trump habría sido trasladado desde la zona del aeropuerto hasta el C-32A, una aeronave de menor tamaño utilizada habitualmente para transportar a altos funcionarios estadounidenses. El objetivo era mantener en secreto la ubicación del presidente durante una parte del trayecto.Una amenaza iraní habría motivado el operativoLa decisión de cambiar de aeronave estuvo relacionada con preocupaciones de seguridad vinculadas a Irán, según las fuentes citadas por el diario.La posibilidad de que Trump fuera objetivo de un ataque iraní ya había sido mencionada durante su salida de Turquía. El propio presidente reconoció entonces que existían amenazas contra él y afirmó que era considerado por Irán como uno de sus principales objetivos.Durante ese viaje, los periodistas que permanecieron a bordo del avión que salió de Ankara recibieron instrucciones de mantener cerradas las persianas de las ventanillas. La medida llamó la atención de los reporteros y alimentó las dudas sobre las verdaderas razones del cambio de aeronave. (The Washington Post)La nueva información publicada ahora apunta a que las medidas de seguridad fueron mucho más amplias de lo que se conoció inicialmente.El avión regalado por Catar también quedó bajo escrutinioEl episodio volvió a poner el foco en el nuevo avión presidencial entregado por Catar a Estados Unidos.El Boeing 747-8 fue donado por la familia real catarí después de que Trump cuestionara durante meses el estado de los dos aviones Boeing 747 utilizados como Air Force One desde la década de 1990.La aeronave fue sometida a modificaciones para adaptarla a las necesidades del Gobierno estadounidense. No obstante, desde que comenzó a utilizarse surgieron interrogantes sobre si contaba con todas las capacidades de protección disponibles en los aviones presidenciales más antiguos.Entre las diferencias señaladas se encuentran determinados sistemas de seguridad y defensa frente a posibles amenazas externas. Informaciones previas habían indicado que el nuevo avión no disponía inicialmente de algunas de las capacidades de detección y contramedidas que sí poseen las aeronaves presidenciales tradicionales. (The Washington Post)El cambio de avión durante el viaje de Trump a Estados Unidos incrementó esas dudas y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad del aparato.La Casa Blanca defiende la seguridad del nuevo Air Force OneAnte la publicación de The Washington Post, la Casa Blanca defendió las condiciones de seguridad del nuevo avión.El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que la aeronave cuenta con sistemas y protocolos destinados a proteger al presidente y a los integrantes de su equipo.La administración de Trump no confirmó públicamente todos los detalles de la operación descrita por el periódico, incluida la forma exacta en la que el mandatario fue trasladado desde el avión que utilizó como señuelo hasta el C-32A. La información sobre la salida secreta se conoce semanas después de la cumbre de la OTAN y en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos e Irán. Durante la reunión en Ankara, Trump había reiterado sus advertencias contra Teherán y, posteriormente, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos iraníes. (The Washington Post)
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.