Luego de más de 20 años en proceso de extinción de dominio, en las últimas horas se conoció una nueva decisión sobre la controvertida propiedad del exfutbolista René Higuita en El Poblado, que según la justicia, guarda vínculos con el Cartel de Medellín.A la propiedad adquirida en 1992 por la leyenda de Atlético Nacional y la Selección Colombia, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, le aplicó a esta medida tras comprobar que hizo parte de un esquema de testaferrato mediante el cual integrantes esa organización criminal recurrieron a terceros para ocultar activos de origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.En diálogo con Mañanas Blu, el exarquero de la Selección Colombia se refirió al proceso que se adelanta en contra del predio y aseguró que, en el momento de la adquisición de la vivienda, se cumplía con todos los requisitos para tomarla, entre ellos, lo certificados de libertad y tradición, que en ese momento, cuenta, estaban al día. Al ser preguntado sobre Gustavo Cuartas Rendón, quien actuó como testaferro de los hermanos William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, integrantes del Cártel de Medellín, señaló que él no lo conocía, que la compra se la hizo a su hija María Victoria, quien según cuenta, al parecer tampoco sabía sobre el testaferrato de su padre: "Ni la que lo vendió sabía de los antecedentes de su papá", dijo.Defendió que las adquisiciones que ha hecho a lo largo de su carrera, han sido legales y con dineros lícitos: "René Higuita no hizo testaferrato, lo mío es legal". En ese mismo sentido, aseguró que ha sido juzgado por su visita a La Catedral y que por lo mismo lo han vinculado como amigo de Pablo Escobar. El origen de la propiedadHiguita explicó que la adquisición de la vivienda se realizó en 1992 mediante una permuta. Aseguró que entregó dos propiedades que representaban los ahorros de su carrera: un apartamento en Medellín, recibido como premio por ser el mejor jugador del año, y otro en Cartagena, adquirido con sus ganancias en el Atlético Nacional.Al respecto, Higuita enfatizó la legalidad de sus actos en aquel momento: “Entregué dos apartamentos... uno que me dieron por ser el mejor jugador del año con Conavi y después otro apartamento con lo que yo había ganado en el Atlético Nacional. O sea, las dos casas que yo tenía eran todo”.Además, recalcó que para la época no existían las herramientas de verificación actuales: “En esos momentos o en esa época de los 90s, pues no había la tecnología que hoy hay que se mete uno en internet y puede empezar usted a mirar... lo que nosotros averiguamos de pronto en la época son los certificados de libertad y de tradición. Y en ese certificado pues ahí no salen antecedentes”.“El más estafado he sido yo”La vendedora, identificada como María Victoria Montoya Alzate, falleció años después, y según Higuita, ni siquiera los familiares de los antiguos dueños conocían los supuestos nexos con el narcotráfico.“Yo he sido prácticamente la víctima de estos acontecimientos. Ahí no ha tenido que ver René Higuita ni con testaferrato, ni ha tenido que conseguir el inmueble con bienes ilegales, no; lo mío ha sido legal”, afirmó con contundencia. Higuita añadió que este proceso ha sido un "suplicio" que comenzó pocos años después de la compra con una demanda por estafa.Pablo Escobar y La CatedralHiguita lamenta que su visita a la cárcel de La Catedral siga pasándole factura décadas después. “A mí desde que yo fui en una oportunidad a la catedral, pues prácticamente ya desde ahí me adoptaron como el amigo de Pablo Escobar y no sabe la cantidad de problemas que me ha traído”.A pesar de las críticas, el exarquero no se arrepiente de sus actos humanos, aunque deslinda su amistad de sus negocios: “Yo sigo siendo amigo de todo el que quiera llegar a mí... Pablo fue responsable y miremos dónde terminó y yo sigo acá dándole la cara a la gente... no puede seguir cobrándome la ida a la catedral”.
La Sociedad de Activos Especiales entregará la ‘casa museo’ de Pablo Escobar en Medellín a una fundación que trabaja por la niñez. Según la Fiscalía General de la Nación, se pudo evidenciar cómo Roberto Escobar, hermano del excapo, habría tratado de desviar la atención de las autoridades utilizando testaferros.Luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín ordenara la extinción de dominio sobre un inmueble que durante años funcionó como la denominada “casa museo” relacionada con la familia de Pablo Escobar Gaviria, se conoció el destino que tendrá esta propiedad.El bien, de estrato 5 y avaluado en más de $6.115 millones, está ubicado en el sector de La Asomadera, vía Las Palmas. Permaneció en poder de personas vinculadas al entorno familiar y social de Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo que permitió que continuara operando como un espacio de exaltación del narcotráfico y del ‘narcoturismo’ en la ciudad, pese a contar con medidas cautelares. Ahora será administrado por una fundación que trabaja por niños, niñas y adolescentes, seleccionada mediante invitación pública."Una de las organizaciones que participó en la convocatoria de Bienes que Transforman, en la cual se seleccionaron muchos proyectos de todo el país para la promoción del bienestar de los y las colombianas, va a ser la beneficiaria de este bien inmueble. En él se hará un proyecto de cuidado de niños, niñas y adolescentes. De sembrar violencia, muerte, que es lo que significa nuestro pasado, vamos a pasar a un sitio que cuida, promueve y siembra las sonrisas del futuro", explicó el vicepresidente de Activos, Muebles e Inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales, Andrés Salazar.Recordemos que la sentencia señala que el inmueble habría pertenecido al exjefe del cartel de Medellín y que, tras su muerte en 1993, fue entregado por su esposa a las hermanas del narcotraficante, quienes posteriormente habrían utilizado a terceros como presuntos testaferros para mantener el control del predio.La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la actual propietaria, Gilma Aidée Urdinola Ospina, no logró demostrar capacidad económica suficiente para adquirir la vivienda por un valor superior a los 1.100 millones de pesos, además de asumir una hipoteca cercana a los 240 millones de pesos.Durante el proceso, el despacho judicial analizó testimonios, movimientos financieros y registros tributarios. Entre las pruebas evaluadas estuvo la declaración de Máximo Tecra Rossi, hijo de Roberto Escobar Gaviria, quien aseguró que la vivienda siempre permaneció bajo control de la familia Escobar y que fue utilizada inicialmente como “caleta” y posteriormente como museo turístico
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín ordenó la extinción de dominio sobre un inmueble que durante años funcionó como la denominada “casa museo” relacionada con la familia de Pablo Escobar Gaviria.La decisión judicial concluyó que la propiedad habría sido adquirida originalmente con recursos provenientes del narcotráfico y posteriormente registrada a nombre de terceros para ocultar su verdadero origen.La sentencia señala que el inmueble habría pertenecido al exjefe del cartel de Medellín y que, tras su muerte en 1993, fue entregado por su esposa a las hermanas del narcotraficante, quienes posteriormente habrían utilizado a terceros como presuntos testaferros para mantener el control del predio.La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la actual propietaria, Gilma Aidée Urdinola Ospina, no logró demostrar la capacidad económica suficiente para adquirir la vivienda por un valor superior a los 1.100 millones de pesos, además de asumir una hipoteca cercana a los 240 millones de pesos.Durante el proceso, el despacho judicial analizó testimonios, movimientos financieros y registros tributarios. Entre las pruebas evaluadas estuvo la declaración de Máximo Tecra Rossi, hijo de Roberto Escobar Gaviria, quien aseguró que la vivienda siempre permaneció bajo control de la familia Escobar y que fue utilizada inicialmente como “caleta” y posteriormente como museo turístico.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión, reconoció que la justicia no puede permitir la apología al narcotráfico que ha dejado infinitas heridas y cicatrices en las familias de Medellín."Esta propiedad que hoy pasa a manos del Estado fue obtenida producto de dinero del narcotráfico, secuestros, asesinatos y toda clase de atrocidades. Esto es un mensaje para todos los cabecillas que hoy estamos combatiendo. Los delincuentes no pueden siquiera pensar en la posibilidad de que sus dineros ilícitos sean legalizados", aseguró el mandatario.El juzgado concluyó que existieron múltiples inconsistencias en la compraventa del inmueble y calificó la negociación como una “compraventa simulada”, por lo que la propiedad pasará a manos del Estado colombiano dentro de los procesos de extinción de dominio contra bienes vinculados al narcotráfico.
El heredero multimillonario indio Anant Ambani ofreció al Gobierno colombiano llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna en el oeste de la India, después de que Bogotá autorizara la eutanasia para controlar a esta especie invasora introducida en el país por el narcotraficante Pablo Escobar.“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, declaró el magnate en un comunicado publicado este martes.Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia y directivo del imperio empresarial Reliance Industries, propuso que los hipopótamos sean trasladados al centro de conservación Vantara, en el estado de Gujarat, el cual ya alberga a primates, grandes felinos, elefantes y otros animales rescatados.Colombia lleva años debatiendo qué hacer con los casi 200 hipopótamos salvajes que habitan las riberas del río Magdalena, en el centro del país, luego de que cuatro ejemplares de esta especie invasora fueran introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de los ochenta.A mediados de abril, Ministerio de Ambiente colombiano anunció que sacrificaría a 80 de estos animales para frenar una reproducción que, sin medidas de control, podría elevar la población hasta los mil para 2035, según estimaciones de la propia cartera.La decisión llegó después de que ningún país aceptara recibir a los hipopótamos, según afirmó la ministra de Ambiente, Irene Vélez.“La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija", afirmó Ambani en un comunicado.Las autoridades y expertos colombianos advierten que la presencia de hipopótamos pone en riesgo los ecosistemas acuáticos, y en especial a especies nativas como el manatí. Al ser animales territoriales y agresivos, suponen también un riesgo para las comunidades ribereñas, según un informe del Instituto Humboldt de 2022.
La presencia de hipopótamos en Colombia, originada por la introducción ilegal de cuatro ejemplares en la Hacienda Nápoles por parte de Pablo Escobar, se convirtió en un problema ambiental que ahora enfrenta decisiones de fondo. El Gobierno ya firmó una circular con la cual se autorizan medidas, entre ellas la eutanasia, como una de las medidas para controlar su crecimiento.Según explicó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, la población actual, que ya superaría los 200 individuos, presenta condiciones genéticas alteradas debido a su origen reducido. “Esta población surge de solo cuatro hipopótamos, lo que ha generado endogamia y daños genéticos visibles en algunos individuos”, señaló.De acuerdo con el censo realizado en 2022 junto a la Universidad Nacional de Colombia, había 169 ejemplares. Sin embargo, las estimaciones actuales indican un crecimiento sostenido que, de no controlarse, podría llevar a que en 2030 haya más de 500 hipopótamos en el país, especialmente en la Hacienda Nápoles y la Isla del Silencio.La ministra advirtió que esta situación no solo implica un aumento poblacional, sino también un impacto directo sobre los ecosistemas. “Sin una intervención, es imposible controlar la población. Esto afectaría especies nativas como el manatí y la tortuga de río”, explicó.Otro de los factores que complica la gestión de estos animales es su imposibilidad de ser reubicados en África. Vélez indicó que países como Sudáfrica no han mostrado interés en recibirlos, debido a que no corresponden a poblaciones originales y presentan posibles alteraciones genéticas derivadas de la endogamia.Frente a este panorama, el Gobierno ya emitió una circular que autoriza la eutanasia como una acción necesaria desde el punto de vista científico. Para el segundo semestre de 2026, se estima que cerca de 80 individuos podrían ser objeto de esta medida, dependiendo de su ubicación en diferentes departamentos.El protocolo incluye dos métodos: eutanasia química mediante inyección y eutanasia física a través de disparo con rifle por un tirador certificado. Posteriormente, los cuerpos serían dispuestos mediante enterramiento, siguiendo lineamientos sanitarios que garanticen trazabilidad, bioseguridad y bienestar animal.La discusión se enmarca en la necesidad de proteger los ecosistemas locales frente a una especie invasora que no tiene depredadores naturales en el país y que continúa expandiéndose. “El control de esta población es una responsabilidad ambiental. No actuar implicaría un daño mayor a nuestros ecosistemas”, concluyó la ministra.
La reciente serie documental estrenada en Disney+ sobre el capo del narcotráfico colombiano, Pablo Escobar, ha dado de qué hablar. 'Dear Killer Nannies', "Criado por sicarios", su titulo en español, ha revelado detalles de la vida del ‘Patrón’, contados por su propio hijo, Juan Pablo Escobar Henao, quien ahora se llama Sebastián Marroquín.Entre los relatos aparece una historia que hasta ahora sale a la luz y que pocos imaginaban posible, pues Juan Pablo da detalles de un supuesto plan que involucraba al ‘Rey del Pop’, Michael Jackson, en un episodio que no solo mezclaba admiración por el intérprete de 'Billie Jean', sino también un contexto de violencia que marcó al cartel de Medellín.Pablo Escobar pensaba secuestrar a Michael JacksonDe acuerdo con lo revelado por Juan Pablo Escobar, el hecho se remonta a 1988, cuando el joven soñaba con tener al exintegrante de los Jackson Five en su fiesta de cumpleaños. Según indicó, la idea de traer a Michael no era tan descabellada para Pablo Escobar, quien estaba dispuesto a pagar hasta 3 millones de dólares por una presentación privada en Colombia.Pero lo inquietante de la historia no era solo eso. Según narró, el plan tenía otro propósito oculto: secuestrar al artista en su llegada al país para recuperar la inversión. “La idea no era solo traerlo, había algo más detrás”, señala en la serie.Para Marroquín, ese episodio fue un punto de quiebre, pues, según afirmó, su padre le generó una sensación de desconcierto. “Fue él mismo el que me hizo sentir que todo aquello que yo amara estaría en peligro”, afirma, al explicar cómo cambió su forma de ver el entorno en el que crecía.Serie de Disney+ expone infancia de Juan Pablo EscobarEn la serie se presentan varios episodios que exponen recuerdos de Juan Pablo en medio de uno de los periodos más violentos del país. No solo aparece el episodio con Michael Jackson, sino también la dinámica familiar, entre temores y decisiones que debió asumir desde muy joven.Ante esto, señala que era muy difícil vivir bajo la sombra de su padre. “Yo entendí muy rápido que querer algo podía ponerlo en riesgo”, relata en uno de los capítulos, donde reflexiona sobre las consecuencias de ese entorno.Secuestro de Michael Jackson no se concretó: ¿qué pasó?Si bien por años han circulado rumores sobre supuestos contactos entre narcotraficantes y celebridades en los años 80 y 90, este caso con Michael Jackson no se materializó. De acuerdo con el hijo de Escobar, la historia se descartó luego de que señalara que ya no era seguidor del intérprete de Thriller.“Preferí dejar de admirarlo para protegerlo”, menciona, dejando ver el nivel de presión que vivía incluso en decisiones personales. Una anécdota que se suma a las múltiples historias que rodean a Pablo Escobar y que, con el paso de los años, siguen generando interés décadas después de su muerte.
El presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe se enfrentaron en X, luego del asesinato en México de Juan Santiago Gallón, vinculado en el asesinato de Andrés Escobar en 1994 y reconocido caballista fue condenado en el año 2010 por financiación de paramilitares en el suroeste de Antioquia.Lo primero que hay que decir es que se investiga por parte de las autoridades mexicanas quiénes están detrás del asesinato de Juan Santiago Gallón Henao, este hombre de 62 años, quien fue atacado a balazos en un restaurante de Huixquilucan, en la ciudad de Toluca, donde iba a sostener una reunión de venta de ganado.Este hecho generó la reacción del presidente Gustavo Petro que aseguró en su cuenta de X que denunció a Santiago Gallón en el año 2007, cuando él era senador e hizo un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia.Allí denunció que Gallón hacía parte de la convivir "El Cóndor", al lado de alias 'El Tubo', quien era el coordinador del bloque Metro de las Autodefensas Gaitanistas y se dedicaban al robo de gasolina de un tubo que pasaba por la hacienda "Guacharacas" de propiedad del expresidente Alvaro Uribe Vélez, en donde, además, dijo el presidente Petro que allí se entrenaron a los paramilitares y les dieron armas oficiales, cuando Uribe era gobernador de Antioquia.De inmediato el expresidente Uribe respondió también en X: “Presidente Petro, ahora se va a desquitar conmigo por lo mansurrón que usted fue con el presidente Trump. No conocí a Santiago Gallón, no tuve negocios con él. Muchos parecidos tienen Cepeda y usted, no les importa mentir”, dijo el exmandatario.Hay que recordar que Santiago Gallón y su hermano, Pedro David Gallón Henao, increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio en Medellín, el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol en el mundial de Estados Unidos.El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años, supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. Mientras que fue condenado a 43 años de cárcel, Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin juicio.Además de ser investigados por financiar a varios bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, que dependían de los hermanos Castaño, los hermanos fueron incluidos en 2015 en la lista Clinton por narcotráfico al ser señalados como miembros de La Oficina de Envigado.Después, en 2018, fue capturado en Cúcuta por supuestamente tener vínculos con la organización criminal conocida como La Oficina y por presuntamente integrar una red de narcotráfico que enviaba droga al Reino Unido y Estados Unidos, la cual era camuflada en comida para perros. Fue vinculado a un cargamento de 2,5 toneladas de cocaína que fue incautado en 2017 en el puerto de Barranquilla.Pero en enero de 2019, un juez de control de garantías de Medellín le otorgó la libertad tras pasar un año en una cárcel de Cúcuta. El juez consideró que se habían vencido los términos del proceso penal por narcotráfico.José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de tener negocios con el capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Luego de que la SAE subastara la finca La Manuela, que perteneció al extinto narcotraficante Pablo Escobar, la alcaldesa de El Peñol, donde se ubica este inmueble, denunció que esta entidad le debe más de 230 millones al municipio por cuentas vecinas del impuesto predial.El predio, ubicado puntualmente en la vereda El Uvita, jurisdicción de El Peñol, tiene una extensión de 7.826 metros cuadrados y se localiza a la orilla de la represa. Este fue subastado por la SAE el pasado 13 de enero, por 7.700 millones, cifra pagada por un particular.En ese sentido, la alcaldesa de esta localidad del Oriente antioqueño, Sandra Duque, denunció una millonaria deuda de la SAE, por este predio con el municipio. Esta, de acuerdo con la mandataria, supera los 235 millones."La Sociedad de Activos Especiales le está adeduando al municipio del Peñol 144 cuotas de impuesto predial, por un valor de 235.771.784 pesos. Queremos saber con quién o a quién hay que pasarle esta cuenta de cobro", aseguró.Hay que recordar que la propiedad fue durante años un centro de operaciones ilegales relacionadas con El Cartel de Medellín y fue subastada recientemente por más de 7.500 millones de pesos por la SAE.De acuerdo con la alcaldesa de El Peñol, la cifra en la que se subastó el predio representa un monto ampliamente superior al que está fijado en el avalúo del mismo."Nos asombramos el valor de esta transacción a sabiendas que, catastralmente, la finca La Manuela tiene un avalúo de $2,887,486,550", indicó. La mandataria concluyó asegurando que, en reiteradas ocasiones, administraciones de El Peñol habían pedido constantemente que el predio fuera entregado para el desarrollo de un proyecto turístico que beneficiará a toda la comunidad del municipio y cuestionó el “misterioso acto administrativo” de esta venta.
El Estado logró en las últimas horas la recuperación de la hacienda Virgen del Cobre, en Necoclí: unas 1.143 hectáreas de tierra que durante décadas estuvieron vinculadas a las cúpulas del narcotráfico y del paramilitarismo en Colombia. Actualmente, el terreno estaba en manos de una empresa que nunca pagó un solo peso al Estado por su uso y estaba siendo explotado con más de 900 reses y 150 caballos.Dicha hacienda, ubicada sobre una vía nacional con salida directa al mar, empezó a formarse en 1982, cuando José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, el mejor amigo de Pablo Escobar, compró los primeros predios a campesinos de la zona.Según reseñó la Agencia Nacional de Tierras, con el tiempo se sumaron miles de hectáreas y empezaron allí las reuniones entre paramilitares, ganaderos, empresarios y políticos para planear la expansión y consolidación de los bloques Bananero y Élmer Cárdenas, de las Autodefensas, todo con el apoyo de alias Pelusa, reconocido como financiador del paramilitarismo.Esta hacienda también estuvo relacionada con los hermanos Vicente y Carlos Castaño; con Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, jefe paramilitar y narcotraficante; con su hermano Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia; y, recientemente, con Ramiro Caro Pineda, alias Nolasco, exjefe y narcotraficante del Clan del Golfo, todos ellos cercanos a alias Pelusa.“Pelusa no solamente facilitó las condiciones para que esta finca fuera epicentro de las reuniones de Don Mario y El Alemán; esta finca se reconoce, en testimonios de la Ley de Justicia y Paz, como un epicentro de control territorial, de descanso de tropa, también de control poblacional y un centro de tortura”, expuso al respecto Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.Aunque este predio tuvo dos intentos fallidos de extinción de dominio, uno en 1989 y otro en 2009, fue solo hasta 2023 que se logró extinguir y, ahora, las autoridades concretaron la aprehensión material de esta hacienda, que estaba siendo administrada por el Fondo de Reparación de las Víctimas (FRV).Este viernes, después de la jornada de recuperación, la entidad del Gobierno nacional entregó más de 1.300 hectáreas recuperadas en total a 120 familias campesinas, víctimas del conflicto armado, que hacen parte de tres asociaciones: la Asociación de Discapacitados Bananeros y Población Vulnerable de la Subregión de Urabá (Asodisban); la Asociación de Campesinos Cosechas de Paz (Acamcopaz); y la Asociación Tierra y Vida.“Necoclí ha sido un municipio muy golpeado por la violencia. Soy sobreviviente de la guerra en el norte de Urabá y, luchando para que no nos quitaran la tierra, asesinaron a 53 de mis compañeros, en complicidad con el Gobierno de ese entonces, que nos perseguía”, manifestó al respecto Alicia Ramos, representante de la Asociación Tierra y Vida, una de las beneficiarias que recibe parte de estos predios.Otros predios recuperadosSimultáneamente, la entidad recuperó cuatro predios más, denominados Mariancel 1, 2, 3 y 5, que suman 164 hectáreas en la vereda Aguas Claras, de Necoclí, extintas al narcotraficante del Clan del Golfo Jhon Fredy Zapata, alias “Messi”, también testaferro de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”.Estos predios hicieron parte de la estrategia del Clan del Golfo, en la que alias Messi jugó un papel indispensable para acumular tierras estratégicas que sirvieron como centros de operaciones y corredores de droga que se enviaba a través del mar Caribe.
La venta de uno de los símbolos del poder del narcotráfico en el Oriente de Antioquia se convertirá ahora en millonarios recursos para la indemnización de las víctimas.Y es que en las últimas horas la Sociedad de Activos Especiales anunció la venta por subasta, superior a los 7.700 millones, de La Manuela, la emblemática finca que perteneció al extinto capo Pablo Escobar en las orillas de la represa de El Peñol.La propiedad, con un área aproximada de 7.826 metros cuadrados, fue durante años un centro de operaciones ilegales relacionadas con El Cartel de Medellín y desde hace vario tiempo atrajo el interés de algunos oferentes por su valor patrimonial y ambiental.La presidenta de la SAE, Amelia Pérez, destacó la subasta pública altamente competitiva como un caso exitoso de transformación a la legalidad y al servicio del interés público bienes adquiridos con actividades ilícitas."Esta es otra de las formas en que la sociedad de activos especiales está realizando la transformación de este tipo de bienes que, en un momento dado, fueron perjudiciales. Van a ser parte del fisco estos dineros que van a colaborar para apoyar a las víctimas", dijo la funcionaria.En los últimos años este lugar que venía siendo administrado por la SAE cobró gran valor turístico debido a sus paisajes y la presencia de árboles exóticos importados desde distintos países de África y Europa, así como de Chile y Estados Unidos.De igual manera la presencia de fauna y flora con ejemplares de magnolias y tulipanes únicos en esta región de Antioquia convirtieron La Manuela en un espacio de obligatorio paso para visitantes de esta zona del Oriente de Antioquia.
Tras la alerta de la Contraloría General, la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia pidió al nuevo Gobierno garantizar la instalación de los equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo. Desde la entidad destacaron el compromiso de las administraciones regionales para sacar adelante la megaobra.Después de la alerta emitida por la Contraloría General por demoras de al menos un año en la instalación de equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo, varios han sido los sectores que se han pronunciado sobre la situación de una de las obras más importantes para el desarrollo de la región.Una de las entidades más recientes en hacerlo fue la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia, desde donde mostraron su preocupación por la situación, que sigue representando dificultades para la entrada en funcionamiento de la obra, cuyo tramo 1 ya concluyó, mientras que el tramo 2 registra un 80 % de avance.Juan David Pérez, director ejecutivo de la entidad, destacó el compromiso de los Gobiernos de Antioquia y Medellín frente a la destinación de recursos. Sin embargo, solicitó al entrante Gobierno nacional celeridad con la instalación de los equipos necesarios para poner a punto este tramo: "Seguimos con el problema de la instalación de los equipos electromecánicos, cuyo proceso aún no se inicia. Muy expectantes de la llegada del nuevo gobierno nacional, que sabemos va a tomar las decisiones pertinentes para que el túnel entre en operación, y estos 5.3 billones invertidos le empiecen a servir al país", indicó.A pesar de la alerta de los entes de control, hace varias semanas el Invías se comprometió con la instalación de los equipos solicitados, siempre y cuando la Gobernación de Antioquia garantice la ejecución de las obras civiles necesarias para evitar problemas, como filtraciones de agua en las galerías, que puedan dañar los elementos que se van a instalar.
Si Colombia hiciera un minuto de silencio por cada una de las víctimas de la violencia, el país tendría que quedarse callado durante más de 19 años. Esta impactante cifra abrió las discusiones de un gran Congreso Internacional organizado para revisar qué ha pasado a 10 años de la firma del Acuerdo de Paz.Con un registro oficial que ya escala a las 10.370.000 víctimas, el evento dejó claro que, aunque la pobreza multidimensional en los municipios PDET bajó del 39.8% en 2018 al 24.4% en 2024, una reducción de 7.8 puntos frente al promedio nacional, gracias a 21.861 iniciativas locales impulsadas por más de 200.000 ciudadanos, las deudas con la gente del campo todavía son enormes.Por el lado de los avances del agro y los derechos, se destacó la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto especial de protección, y el Acto Legislativo 01 de 2025, que declaró la alimentación como un derecho humano. En conectividad, se logró el 100% de las cabeceras PDET con redes de alta velocidad, el acceso a internet en hogares rurales subió del 41% al 56% en un año y se instalaron centros digitales en 14.000 escuelas rurales.Además, en justicia transicional la JEP dictó sus primeras sanciones y el primer fallo por secuestro contra el antiguo secretariado de las FARC, se reconoció a más de 4.000 desaparecidos. También se resaltaron el Estatuto de la Oposición, las 16 circunscripciones de paz y que más del 85% de los 12.000 firmantes desmovilizados siguen firmes en el proceso.La otra cara de la moneda la puso la Contraloría al alertar sobre los graves retrasos en la Reforma Rural Integral. De los 7 millones de hectáreas que se deben formalizar, se han logrado 3.25 millones, el 46%. Sin embargo, lo más preocupante es el Fondo de Tierras: de las 3 millones de hectáreas prometidas para entregar, solo se han adjudicado 107.099 hectáreas, a este paso, el Estado tardaría 47 años en cumplir.Además, de 282.900 hectáreas entregadas entre 2023 y 2025 pese a tener recursos por más de $8.2 billones, el 56.5% no se ha registrado en las oficinas de instrumentos públicos, dejando a los campesinos en la inseguridad jurídica. Tampoco hay apoyo para producir: solo el 2% de los beneficiarios recibe asistencia técnica, menos del 1% cuenta con proyectos productivos PIDAR y apenas el 6.11% accede a créditos y seguros agropecuarios.El Congreso también criticó con dureza en qué se gasta la plata a través del OCAD Paz, una bolsa de $14.05 billones de pesos repartida en 1.464 proyectos. La Contraloría denunció que el 91% del dinero se concentró en solo cuatro sectores tradicionales: transporte devoró $6.45 billones, 593 proyectos, más del 40%; vivienda, ciudad y territorio se llevó $2.2 billones, 268 proyectos; agricultura y desarrollo rural obtuvo $2.06 billones, 148 proyectos; y minas y energía recibió $2.05 billones, 302 proyectos.Esta inversión se concentró en regiones específicas: Antioquia lidera con 117 proyectos ($1.29 billones), seguido por Caquetá con 103 proyectos ($1.03 billones), Cesar (98 proyectos), Putumayo (98 proyectos), Córdoba (98 proyectos), Cauca (más de $1 billón) y Bolívar (cerca de $973.000 millones). El ente de control advirtió que se está usando el nombre de la "Paz" para financiar obras públicas comunes, quitándole el presupuesto a la salud rural, las escuelas y la reactivación productiva.Como gran conclusión del encuentro, la Contraloría y los expertos dejaron claro que el verdadero desafío de la próxima década para consolidar la paz no consiste únicamente en seguir asignando millonarios presupuestos. El éxito real del proceso depende de la capacidad del Estado para coordinar de manera eficiente sus instituciones y erradicar la corrupción que desvía los fondos.
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) avanza en la renovación de Néstor Lorenzo, o por lo menos es la idea inicial pese a los rumores que se han escuchado de ofertas en el exterior por el argentino. Pero Luis Amaranto Perea sería una de las bajas ante su paso al Deportivo Independiente Medellín (DIM) como técnico en propiedad.De acuerdo con Fabio Poveda, de Blog Deportivo de Blu Radio, a Federación estudia la posibilidad de incorporar un asistente técnico colombiano, una decisión que respondería a la intención de fortalecer la representación nacional dentro del equipo de trabajo que acompaña a Lorenzo. El análisis hace parte de las conversaciones relacionadas con la renovación del entrenador argentino y contempla la posibilidad de reemplazar a uno de sus colaboradores."Quiere la Federación que sea también colombiano, que no sea un argentino que pueda traer Lorenzo, sino que sea también un colombiano con ascendencia en Lorenzo", dijo.Los cambios no se limitarían únicamente al cargo de asistente técnico. También existe la posibilidad de que el preparador físico Leandro Jorge deje la Selección Colombia, situación que obligaría a la Federación y al propio Lorenzo a buscar un reemplazo para esa área.La eventual salida abriría un segundo frente de trabajo en la conformación del cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos de la Selección Colombia, especialmente en el proceso rumbo al Mundial."Están buscando uno o dos reemplazos, porque también hay un preparador físico que se va. Creo que se va el profesor Leandro Jorge. Se podría ir también, entonces tendría que buscar un preparador físico", añadió.Cabe recordar que una fuente le aseguró a Gol Caracol que el futuro de Lorenzo no se encuentra 100 % asegurado, pues, según comentaron, conocieron que el cuerpo técnico del argentino tendría ofertas de Medio Oriente y Europa, pero que por ahora no han llegado a algo formal."Según nos hemos enterado y después del Mundial 2026, al profesor Lorenzo y a su entorno lo han sondeado desde otras federaciones en el exterior. Nos dicen que unas son de Europa y también de Medio Oriente", indicaron.
Durante el encuentro de empalme territorial realizado en Neiva, con la participación del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, y los 37 alcaldes del departamento, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzó un contundente ultimátum a los principales cabecillas de las disidencias que delinquen en la región.Advirtió a alias ‘Bleiner’, principal cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco en el Huila, y a alias ‘Sergio Carvajal’, de las disidencias de Calarcá, que solo tienen dos opciones: someterse a la justicia o enfrentar la ofensiva de la Fuerza Pública."Aprovecho estos micrófonos para mandarle un mensaje a dos bandidos que tengo en la mira y que los tengo a tiro de cañón, como se dice en el argot militar. El bandido alias ‘Bleiner’, o ‘El Viejo’, de las disidencias de Iván Mordisco. Es sencillo, señor delincuente: o se somete o lo doy de baja. Y el bandido Christian Alexei Rocha Ordóñez, alias ‘Sergio Carvajal’, de las disidencias de 'Calarcá'. Vamos a liberar esta tierra, porque lo que necesita el Huila es seguridad", señaló.Igualmente, anunció el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) al Huila como una de las primeras medidas para recuperar la seguridad en el departamento. Aseguró que restablecerá esta unidad élite del Ejército, especializada en operaciones ofensivas contra estructuras armadas ilegales, luego de que fuera retirada del departamento el pasado mes de marzo, menos de un año después de su llegada.La decisión fue celebrada por el gobernador del Huila, quien destacó el anuncio y aseguró que el regreso de la unidad militar responde a una necesidad prioritaria para la región.“La Fudra vuelve al Huila. El año pasado logramos que llegara y, al poco tiempo, se la llevaron. Hoy recibimos el compromiso de que regresará este mismo año para fortalecer la seguridad del departamento”, señaló el mandatario de los huilenses.El presidente electo también ratificó su respaldo a la construcción de la Planta de Fertilizantes del Huila, un proyecto estratégico que aprovechará las reservas de fosforita del departamento para producir hasta 150.000 toneladas de fertilizantes al año y beneficiar a más de 80.000 productores agropecuarios.
La Contraloría General de la República alertó que la implementación del acuerdo de paz corre el riesgo de quedarse sin recursos. Aunque se han invertido cerca de $100 billones de los $138,1 billones previstos para 2025, la plata no alcanza para cumplir lo pactado y hoy solo se ha cumplido el 57 % de los indicadores.Fabio Alberto Alzate, contralor delegado para el posconflicto, advirtió que existe una brecha económica estructural debido a que el componente financiero no se ha actualizado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que provocó que se calcularan mal y se subestimaran por completo los costos reales de la ruralidad dispersa y de las zonas más golpeadas por la violencia.Al hacer un balance a largo plazo, la entidad reveló que, si bien entre 2017 y 2026 el esfuerzo fiscal del Estado suma la ejecución de $138 billones de pesos, esta cifra apenas cubre el 37 % de las necesidades financieras reales estimadas para lograr una transformación integral.El sector rural es el que concentra la mayor cantidad de dinero, absorbiendo $102,4 billones, el 74 % de la inversión total. Sin embargo, la Contraloría denunció que este presupuesto rinde a un ritmo alarmantemente lento, por ejemplo, a pesar de que entre 2023 y 2025 se asignaron más de $8,2 billones de pesos para la reforma en el campo, del Fondo de Tierras solo se ha ejecutado financieramente el 3,5% de la meta comprometida.El informe financiero destaca además una peligrosa dependencia económica de una sola fuente. El 67 % de los recursos invertidos en el acuerdo provienen directamente del Presupuesto General de la Nación, una cifra que se disparó hasta el 76% en el periodo de 2023 a 2026. En contraste, otras vías de financiación claves diseñadas desde el principio, como la cooperación internacional, el programa de obras por impuestos y las recaudaciones regionales, han perdido fuerza o son marginales.Ante este panorama, Alzate señaló que es urgente revaluar el costo total de la paz, definir de dónde saldrá la plata faltante y abrir la discusión para crear un impuesto exclusivo para cubrir el billonario déficit.Otra de las grandes alertas por el manejo del dinero se encuentra en los recursos del OCAD Paz, una bolsa presupuestal que acumula $14,05 billones de pesos distribuidos en 1.464 proyectos aprobados. De acuerdo con el ente de control, el 91% de esta millonaria cifra se concentró de forma masiva en solo cuatro sectores tradicionales, devorando el sector de transporte $6,45 billones de pesos, más del 40% del total.El contralor delegado cuestionó fuertemente esta distribución del gasto, señalando que se corre el riesgo de usar el dinero etiquetado para la "Paz" en financiar obras de infraestructura convencional y corriente, desplazando el presupuesto que debía ir directo a la salud, la educación rural y la reactivación productiva.Finalmente, se destapó que el dinero de la paz está sufriendo graves pérdidas por mala ejecución, sobrecostos y contratos mal planeados. Tras realizar auditorías a 170 entidades encargadas de manejar estos fondos entre 2022 y 2026, la Contraloría General de la República detectó 276 hallazgos con incidencia fiscal directa.La cuantía del dinero público que se perdió, se desvió o se ejecutó de forma irregular bajo la bandera del posconflicto ya supera la alarmante suma de $1,1 billones de pesos, dejando en evidencia que el verdadero desafío financiero del país ya no es solo asignar presupuestos, sino frenar el desperdicio de los recursos.