CPI recopila información de funcionarios públicos involucrados con paramilitares

La Corte Penal Internacional anunció que está recopilando las principales visiones de la iniciativa que busca que la justicia ordinaria no entre a juzgar a militares que hayan cometido crímenes y violaciones de derechos humanos. El organismo reúne conceptos de las Naciones Unidas y varias ONG para determinar su posición sobre el tema. El proyecto cumplirá su cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. “La Fiscalía toma nota de las opiniones expresadas por la sociedad civil nacional, las ONGs internacionales y las instituciones internacionales, entre ellas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 12 titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto de las consecuencias que las reformas propuestas podrían tener sobre la investigación y enjuiciamiento independientes e imparciales de los crímenes pertinentes para el examen preliminar de la Fiscalía”, cita el organismo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha criticado fuertemente la reforma, concepto que tendrá en cuenta la Corte Penal Internacional. Cabe señalar que la última iniciativa busca hacer modificaciones respecto a los delitos de tortura, desplazamiento, violencia sexual, genocidio, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y de lesa humanidad para que sean enjuiciados en tribunales civiles y las otras violaciones el derecho internacional humanitario serian juzgadas en tribunales militares. El organismo adelanta 1124 seguimientos a políticos, 1023 a miembros de las Fuerzas Armadas y 393 contra funcionarios públicos involucrados con los grupos paramilitares. Sin embargo, solicita más información por parte de las autoridades colombianas para determinar si buscan “desentrañar la red de apoyo político, militar y económico a los grupos armados paramilitares”. Respecto al desplazamiento forzado en Colombia, asegura que la Fiscalía de la Corte hará un seguimiento minucioso de las investigaciones adelantadas por las autoridades colombianas, especialmente sobre la región de Urabá “a los efectos de analizar la relevancia y autenticidad de tales investigaciones”. Vea aquí el informe anual de la CPI