La Fiscalía General de la Nación judicializó a Kellys Johana Ramírez Díaz y Jhons Edison Pérez Morrillo por su presunta participación en una serie de extorsiones contra habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La investigación permitió relacionarlos con hechos que habrían afectado, al menos, a 14 personas, entre hombres y mujeres, durante el último año.
De acuerdo con la investigación, los procesados presuntamente creaban y utilizaban perfiles falsos en aplicaciones de mensajería instantánea para contactar a sus víctimas y persuadirlas de compartir fotografías y videos de contenido sexual. Posteriormente, las amenazaban con divulgar ese material en redes sociales y otras plataformas si no les entregaban determinadas sumas de dinero.
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La Fiscalía también estableció que, en otros casos, los señalados presuntamente se hacían pasar por integrantes de grupos delincuenciales con presencia en el archipiélago para exigir pagos extorsivos. En esas circunstancias, las víctimas habrían recibido amenazas de sufrir atentados si no accedían a las exigencias económicas.
Según el ente investigador, para recibir el dinero, los presuntos responsables utilizaban distintas identidades y entregaban instrucciones para que las transferencias se realizaran a billeteras virtuales asociadas a números de teléfonos celulares.
Las actividades investigativas y el análisis de los casos permitieron relacionar los hechos y establecer que habría, al menos, 14 personas afectadas. Las autoridades señalaron que los actos ilícitos presuntamente se desarrollaban desde el municipio de María La Baja, en Bolívar.
Ramírez Díaz y Pérez Morrillo fueron capturados por servidores del Gaula de la Policía Nacional en esa población. Posteriormente, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó el delito de extorsión agravada. Durante la actuación judicial, los dos procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.