La Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si existieron posibles irregularidades en la celebración del contrato entre Ministerio de Igualdad y la empresa Laborando S.A.S. por un valor de $30.275.999.986 para vincular a 1.270 personas que apoyarían la gestión operativa del programa 'Jóvenes en Paz', durante un periodo de ejecución de cuatro meses, entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026.
El Ministerio Público decidió iniciar la indagación tras conocer denuncias públicas y pronunciamientos de servidores públicos que cuestionan la conveniencia y legalidad de la contratación en especial, teniendo en cuenta que ese contrato se suscribió cuando el Ministerio de Igualdad y Equidad se encuentra en proceso de liquidación y no está clara la necesidad y el alcance de este tipo de compromisos administrativos.
Otro de los puntos que revisará el organismo de control es el anticipo pactado en el contrato, equivalente al 30 % de su valor total, es decir, $9.082.799.996. También evaluará si la contratación respondió a una necesidad real del servicio o si pudo comprometer recursos públicos para los meses siguientes, como lo señalan algunas de las denuncias conocidas
En medio de esto, la Procuraduría ordenó recaudar pruebas documentales, entre ellas las hojas de vida de los directivos involucrados, los antecedentes administrativos del proceso contractual, los informes sobre los pagos efectuados y otros documentos relacionados con la celebración y ejecución del contrato. Asimismo, solicitó copia de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró inexequible la norma que dio origen al Ministerio de Igualdad y Equidad.
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